Congreso: primer paso hacia el juicio político a Trump, quien denuncia una “caza de brujas”
Una Cámara de Representantes completamente dividida, con los demócratas abrumadoramente a favor y los republicanos en contra, aprobó ayer jueves las reglas del proceso.
El juicio parlamentario formal contra Donald Trump por el escándalo de Ucrania está a punto de comenzar y convertirse, con toda probabilidad, en un drama político televisado a tan solo un año de las elecciones presidenciales.
Una Cámara de Representantes completamente dividida, con los demócratas abrumadoramente a favor y los republicanos en contra, aprobó ayer jueves las reglas por las que se regirá este proceso excepcional, que Estados Unidos activa por cuarta vez en su historia, y que puede acabar con el impeachment o destitución del presidente si el Congreso halla delitos o faltas graves.
El plenario estaba a rebosar y la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara baja, presidió la votación, algo infrecuente que daba cuenta de lo histórico del momento.
El de ayer fue el primer voto formal sobre este proceso excepcional y sirvió para evidenciar lo partidista, casi tribal, de esta situación: 231 demócratas y un independiente votaron a favor de la investigación, mientras que en contra lo hicieron 194 republicanos y dos demócratas.
Después de semanas de especulaciones, de críticas anónimas de algunos legisladores, ha quedado claro el cierre de filas de los conservadores en torno a su presidente y que las únicas grietas, mínimas, se dan en las filas demócratas.
Pelosi, que hasta hace poco recelaba de un juicio político sin un apoyo mínimo de los republicanos, cambió de opinión y decidió activar las pesquisas en el Congreso el 24 de septiembre. Acababan de trascender las maniobras de Trump con Kiev para intentar que la justicia de Ucrania investigase a su rival político Joe Biden, el exvicepresidente de la era Obama, y al hijo de este, Hunter Biden, por sus negocios en el país, lo que le perjudicaría electoralmente. Hunter fue director de la empresa de energía Burisma de Ucrania, pese a que no tenía conocimiento de temas energéticos.
Trump habló de Biden y su hijo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
A raíz del revuelo que provocaron los trascendidos de esa conversación, Trump hizo pública una transcripción del diálogo con Zelenski y sostuvo que “la conversación fue perfecta”.
A su vez, Zelenski manifestó que en ningún momento se sintió presionado por su par de Estados Unidos y que tampoco tuvo conocimiento de que hubiera un intento estadounidense de no entregarle la ayuda militar a su país.
Sin embargo, el presidente estadounidense retuvo 391 millones de dólares en ayuda en seguridad para Ucrania aprobada por el Congreso, para enfrentar a separatistas apoyados por Rusia en la región oriental del país. Zelenskiy accedió a las peticiones de Trump. La ayuda fue entregada posteriormente.
El alerta sobre la conversación surgió de un funcionario de la CIA, que se desempeña en la Casa Blanca y advirtió a sus superiores que si bien él no estuvo presente en el diálogo, le informaron que Trump hizo planteos indebidos que pueden poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.
Posteriormente, el teniente coronel Alexander Vindman, director de asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional, se convirtió en la primera autoridad de la Casa Blanca en funciones que testifica en el marco de la investigación de la Cámara de Representantes sobre un posible juicio político contra Trump.
Vindman, un ciudadano estadounidense nacido en Ucrania y veterano condecorado de la guerra en Irak, también se convirtió en la primera persona que testificó y que escuchó la llamada telefónica del 25 de julio, que está en el centro del escándalo.
“Me preocupó la llamada”, dijo Vindman en su declaración inicial ante las tres comisiones de la Cámara de Diputados que realizan la investigación para el juicio político.
“No creo que fuese correcto exigir a un gobierno extranjero que investigue a un ciudadano de Estados Unidos, y me preocupaban las consecuencias para el apoyo de Estados Unidos a Ucrania”, agregó.
Vindman, quien se presentó luego de recibir una citación de los legisladores, recordó haber escuchado la llamada.
“Me di cuenta de que si Ucrania realizaba una investigación a los Biden y a Burisma, posiblemente sería interpretado como una jugada partidista que indudablemente resultaría en que Ucrania perdería el respaldo bipartidista que ha mantenido hasta el momento. Eso socavaría la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo en su testimonio.
Después de la llamada, agregó Vindman, informó sus preocupaciones al principal abogado del Consejo de Seguridad Nacional.
Un modus operandi explosivo.
Todas las comparecencias en los comités legislativos que investigan a Trump se han celebrado a puerta cerrada, aunque la filtración de los testimonios han apuntado ya a un modus operandi presidencial explosivo, en el que Trump se servía de una diplomacia paralela -en la que su abogado personal, Rudy Giuliani, desempeñaba un papel fundamental- para influir en el Gobierno ucranio, incluyendo quid pro quo (hacer un pedido a cambio de algo).
Los republicanos han denunciado el secreto de las reuniones y que les limitan la posibilidad de hacerles preguntas a los testigos.
El proceso entra ahora en una fase completamente distinta, con la posibilidad de comparecencias públicas, reclamación de documentos y defensa formal por parte de los abogados de Trump.
La Casa Blanca, hasta ahora, se había negado a colaborar por considerar el sistema ilegítimo y sin garantías.
Lo votado ayer establece las normas y procedimientos detallados: además de declaraciones televisadas, permite la publicación de las transcripciones de algunas comparecencias ya celebradas en privado y determina que el Comité de Inteligencia, encargado del grueso de la investigación, elabore un informe final. Este documento pasa entonces al Comité de Justicia y, en esa fase, los asesores de Trump también pueden llamar a su propios testigos, aunque los demócratas -gracias a su mayoría en la Cámara- pueden limitarlo.
La líder demócrata, Pelosi trató de recalcar la institucionalidad y solemnidad de este proceso. “No hay motivos para el regocijo o el consuelo”, señaló la veterana legisladora, tercera autoridad de la nación. “Lo que está en juego es la democracia”, añadió, señalando que los republicanos “temen la verdad”.
Reacción del mandatario
Al igual que lo hizo con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre su supuesta colusión con Rusia en la campaña electoral de 2016 (el informe final demostró que la misma no existió), Trump califica la indagatoria de los demócratas de “caza de brujas” y se queja porque no reconocen los logros de su gobierno, sobre todo en la economía, con niveles de empleo récord y en la lucha contra el terrorismo.
Ayer, el presidente reiteró, en Twitter, su denuncia de que la votación en el Congreso es “la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos”.
A su vez, la Casa Blanca emitió una declaración más larga, acusando a los demócratas de tener una “obsesión desquiciada con esta destitución que es ilegítima”.
“Los demócratas eligen cada día perder el tiempo en un juicio político falso, un intento descaradamente partidista de destruir al presidente”, señaló un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.
“Esto es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense”, afirmó.
El proceso iniciado ayer tendrá amplias repercusiones políticas e impacto en las elecciones de noviembre de 2020. (Con información de El País de Madrid, AFP y Reuters)
De Johnson a Clinton, el juicio nunca prosperó
Desde que George Washington asumió como el primer presidente de Estados Unidos, en el Federal Hall de Nueva York, en 1789, iniciando una historia democrática ejemplar, surgieron cuatro intentos de juicio político contra la persona que desempeña el principal cargo del país.
El juicio político contra un presidente es un proceso excepcional que puede llevar a la destitución en el caso de que se le considere culpable de algún delito o falta grave. La justicia establece que un presidente no puede ser imputado mientras está en el cargo. Las acusaciones deben examinarse y discutirse en el Capitolio, es decir, en el ámbito del Poder Legislativo.
El de Andrew Johnson, en 1868 -asumió la presidencia después del asesinato del presidente Abraham Lincoln- fue el primer caso de intento de juicio político. Se produjo debido a las desavenencias dentro del Partido Republicano y a raíz de una norma que había aprobado el Congreso, por la cual se impedía al presidente destituir a determinados cargos. Johnson destituyó al Ministro de Defensa que era del ala republicana opuesta. No se lo perdonaron. El juicio se hizo y por solo un voto el mandatario no resultó destituido.
Richard Nixon fue el segundo caso, causado por el escándalo Watergate (el espionaje a la sede del Partido Demócrata), en 1974. Pero renunció al confirmar que solo cuatro senadores lo apoyaban.
Bill Clinton fue juzgado -el motivo fue su relación con la becaria Monica Lewinksy en 1998- pero ganó la votación en el Senado.
Ese es el escenario probable para Trump, debido a que en el Senado hay mayoría republicana y para destituirlo se necesitan los votos de 67 de los 100 senadores.
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