Tensión en José Ignacio: dos construcciones abren una polémica por el impacto ambiental

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Hace tiempo, ya, que José Ignacio dejó de ser un pueblo de pescadores. Las 292 personas que vivían de manera permanente en 2011, año del último censo, contemplaron la transformación de sus dunas vírgenes en un lujoso (pero sosegado) balneario. Extranjeros y uruguayos de otras ciudades se radicaron allí en búsqueda de una vida más atemperada. Apenas 11 años después, el número de habitantes supera largamente los 292, pero hay cosas que nunca cambian: podrá haber más gente, podrán haber más casas, pero ese espíritu de pueblo sigue ahí.

Muchos argentinos optan por vivir allí y entre los argumentos que destacan para radicarse está la seguridad jurídica, la transparencia política y la fama de un medioambiente protegido. Marcos Galperin, el hombre más rico de  Argentina, es uno de los que se radicó (en Montevideo, pero tiene su hogar de verano y de fines de semana en José Ignacio). Hablamos de un enclave cuyos habitantes conviven en paz... O, mejor dicho, convivían en paz.

Hoy, los vecinos de José Ignacio están en pie de guerra. Argumentan que hay dos proyectos inmobiliarios que violarían normas ambientales y de construcción. Unidos en una alianza vecinal, argentinos, europeos y uruguayos parecen decididos a defender su posición y su nuevo hábitat con todos los recursos disponibles.

De acuerdo a la Liga de Vecinos de José Ignacio, los dos proyectos romperían reglamentaciones. Pero fueron aprobados igual. Eso levantó la sospecha y el enojo de muchos habitantes de la península. Reclaman que las construcciones nunca debieron haber sido aprobadas, fuera por el Ministerio Ambiente como por la Intendencia de Maldonado. Argumentan que la coordinación entre ambos entes fue desprolija, y que, en ese ida y vuelta, se descuidó un detalle muy importante: la norma dice que no se pueden utilizar materiales pesados en las construcciones.

En 2020, durante la pandemia, los permisos fueron revisados una vez más. Acto seguido, uno de los propietarios recibió la orden de presentar un plan de demolición, pero finalmente la obra siguió adelante. La otra obra también corrió peligro: llegó a ser suspendida en 2020 (tras la resolución RM 59/2020), no obstante, en noviembre de 2021 fue retomada tras recibir una nueva autorización (RM 282/2020). Los vecinos denunciaron que el propietario no acató esa suspensión y el Ministerio lo resolvió con una multa que fue justificada con dos motivos: se construyó sin autorización vigente y no se acató la orden de suspensión.

Una de las casas que pusieron en “pie de guerra” a los vecinos de José Ignacio es propiedad de Siobhan Dumas de Sánchez Elía, la hija del conocido chef argentino Carlos Alberto “Gato” Dumas. Un miembro de su familia admitió para La Nación que “apenas un 4,7%” de la superficie de la casa se excede de la altura permitida. “Cuando el proyecto se aprobó, se dio un espacio para que cualquier persona pudiese objetar. Pero hubo ni una sola objeción. A continuación nos dieron un plazo de dos años para poder construir. ¿Pero qué pasó? Justo en ese momento arrancó la pandemia, y nosotros vivíamos en Argentina... Eso nos obligó a comenzar la obra a la distancia. Nuestro pedido explícito al director de obra fue «aténgase exactamente al proyecto». En algún momento, hubo un error del arquitecto y la casa se elevó de la superficie un poco por demás de lo autorizado. Exactamente ese 4,7%”, insiste.

“Nosotros veraneamos toda la vida en José Ignacio. Mi papá compró este terreno hace quince años”, continúa el mismo miembro de la familia. Su padre, quien falleció en diciembre de 2017, era José Antonio Sánchez Elía, quien fue CEO de la empresa Tesacom y referente de la Fundación Pensar (”think tank” argentino que nutrió al Pro). “Tenemos una buena relación con gran parte de los vecinos, pero hay un grupo, muy reducido, que está generando una violenta campaña de hostigamiento. Nos han hecho graffitis, nos han insultado en la calle. Nosotros no jugamos ese juego”.

Por último, añade que su casa “fue construida con el método steel-framing, elaborado solo y con nada más que materiales livianos” y que realizaron “estudios técnicos que prueban que esta diferencia de altura, que este error de construcción, tiene un impacto ambiental y visual casi nulo”. “Creemos en las instituciones y sistemas administrativos y judiciales de Uruguay y estamos siguiendo todos los pasos provistos por la reglamentación para mitigar el pequeño error de construcción”, concluyó.

La otra construcción es, según consta en los títulos que presentan los vecinos, propiedad de Andrés Reinaldo Rossi, empresario argentino. Allegados a la familia Rossi se comunicaron con El País para asegurar que la suya fue levantada cumpliendo con todas y cada una de las exigencias normativas, y que cuenta con el permiso correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente. Sostienen que las acusaciones no tienen fundamento y que el matrimonio, que obtuvo la residencia uruguaya, “compró el terreno, presentó un proyecto, obtuvo los permisos correspondientes y la habilitación del Ministerio de Medio Ambiente, detuvo la construcción durante la pandemia y luego la retomó”. Aseguran que “nunca se apartaron de las normas” y que tienen “toda la documentación probatoria de la forma en que procedieron desde el inicio”.

Ofrecieron, además, una cronología que detalla el proceso de construcción de su casa. Allí, precisan que hubo algunos detalles que debieron ser ajustados durante la obra, como la construcción de la pileta en la planta baja y el cambio de la fachada de piedra por otra de madera. En el mismo documento insisten que, una vez realizadas las modificaciones, su casa no incumple ninguna norma. Por último, lamentan el conflicto con los vecinos y aseguran que se han visto involuntariamente agredidos por personas que hasta han vandalizado su propiedad y agredido en su buen nombre con mensajes a todos los vecinos.

El estado de alerta es total. Mauricio Fioroni, el abogado que representa a la Liga de José Ignacio, que quiere demandar a los nuevos terratenientes, está convencido “en un 75%” de que ambas viviendas terminarán siendo derribadas.

Fioroni explica que, para poder edificar, es necesario obtener primero la autorización ambiental del Ministerio de Ambiente y, una vez acreditada ésta, el permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado, de la cual es intendente Enrique Antía. Pero observa: “Lo que se da, en realidad, es que la gente muchas veces primero tramita el permiso de construcción ante la Intendencia y esta se lo otorga condicionado a que acredite que tiene permiso de Ambiente”.

Según Fioroni, Enrique Antía reconoció que una de las dos construcciones era “no liviana”, pero la autorizó porque ya había comenzado. En lugar de ordenar la demolición, le impuso una multa. El abogado de la Liga de José Ignacio agrega que cuando Adrián Peña, el Ministro de Ambiente del Uruguay, consultó a Antía si los materiales de las casas eran livianos, el intendente la habría contestado que sí. “Pero en el primer permiso que emitió, el Intendente había dicho lo contrario”, insiste.

Otro miembro de la Liga cuenta que el ministro ignoró “no solo los llamados de los vecinos, sino también un informe de geólogos especializados contratados por los mismos vecinos”. El documento existe, y detalla, con razonamientos científicos, cómo la existencia de las dos casas va a modificar la ruta del viento y, lentamente, erosionar la playa.

La Nación intentó contactar al ministro Peña para pedirle su versión de los hechos, sin embargo, no recibió respuesta en ninguna de las oportunidades. Los vecinos han enviado una carta al presidente Luis Lacalle Pou donde piden por su intervención.

Hay lugareños que observan atentamente el curso de este problema. En diálogo con La Nación, Claudia Piazza, oriunda de José Ignacio, se mostró indignada: “Para mí que esto es como un insulto a la buena vecindad. Nosotros recibimos a los argentinos, que además son sinónimos de una garantía de buen gusto, porque el argentino ha mejorado todo lo que es la decoración y la onda de los restaurantes. Pero después llega esta gente y no sé que decir. Lo arruinan en un abrir y cerrar de ojos por egoísmo”.

Y remató: “Los permisos que ha dado la Intendencia de Maldonado han tendido a ser de muy mal gusto y turbios. No tengo ningún tipo de seguridad y no quiero calumniar a nadie, pero realmente los permisos que se han dado rayan lo inmoral. No es el espíritu del Este uruguayo”.

Otra vecina se lamentó por la contaminación visual que producen estos proyectos: “Lo que es más terrible aún es que el faro de José Ignacio, que es una especie de monumento local, de símbolo, parece un fosforito al lado de estos monstruos. La playa tiene 75 metros, pero quedó llena de sombra. Lo que han hecho es una cachetada a la naturaleza y a los demás vecinos”.