Reclaman por traslado de feria en el Parque Rodó

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El traslado de una feria vecinal en Parque Rodó generó un particular conflicto entre la Intendencia de Montevideo (IMM) y vecinos de la calle San Salvador.

Se trata de una feria que funcionaba todos los miércoles en la calle Juan Manuel Blanes e iba a mudarse a Pablo De María. Pero a petición de empresas y asociaciones, el gobierno departamental la reubicó en la calle San Salvador, con el aval del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas y el Municipio B, según la resolución 3.072 del 1° de agosto de 2022.

Esta situación provocó que un grupo de vecinos presentara un recurso de reposición, con el que buscan que la IMM dé marcha atrás y ubique la feria donde estaba previsto: desde el número 1019 al 1079 de Pablo de María.

En el documento, al que accedió El País, los vecinos fundamentan que no fueron consultados sobre el cambio, que se viola el principio de igualdad entre vecinos y que la feria atenta contra la prioridad que tienen los ciclistas para circular por San Salvador, entre otros argumentos.

Si bien la comuna aún no respondió al recurso, fuentes municipales indicaron a El País que el plan original se modificó “porque la zona sería afectada por tres obras que iniciarán próximamente. Como ya fue asignado el permiso de construcción, “a corto plazo era necesario modificar la locación” de la feria, razón por la cual se decidió trasladarla de entrada a la calle San Salvador, según la IMM. Las fuentes agregaron que el recurso de los vecinos “está en vías de análisis”, pero hasta ahora no hubo una respuesta formal.

El traslado de la feria había sido definido el 4 de abril e, incluso, en los cordones de las veredas de la nueva locación ya habían pintado los números de los puestos. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dejó sin efecto la decisión el 1° de agosto. En esta resolución no se mencionan las obras en curso, sino que se da cuenta de las “peticiones de empresas y asociaciones” para cambiar la ubicación porque la feria generaba “dificultades en el normal desenvolvimientos de sus tareas”, de acuerdo al reporte de la Unidad de Promoción e Integración del Comercio Alimentario (Upica) comunal.

Al impugnar la resolución, los vecinos de la calle San Salvador subrayaron que no fueron consultados sobre la nueva ubicación, pese a que el Digesto Municipal encomienda al Servicio Central de Inspección General de la intendencia a hacer este seguimiento y procurar el traslado si la opinión de los afectados es contraria.

Los vecinos argumentaron que no hubo “una clara y precisa motivación” para estipular el traslado y que la intendencia ejerció sus potestades con “cierta discrecionalidad”.

Además, sostuvieron que se ven “profundamente afectados” en los aspectos sociales y laborales de su vida cotidiana, que quedan “obstaculizados” los miércoles.

Según constató El País, en la zona donde está ahora la feria hay una panadería, un taller mecánico, un restaurante, un almacén, una fábrica de pastas y cuatro garajes de edificios, además de varias viviendas.

En el recurso, los peticionantes agregaron que en estas cuadras se instaló un refugio del Ministerio de Desarrollo Social y la sede de la comparsa La Rodó, que “acostumbra a realizar concentraciones en puntos específicos durante largos lapsos”. Y argumentaron que, “más allá de la empatía natural” con quienes acuden a los refugios, las dinámicas de ambos espacios son “distorsivas” para la vida cotidiana, a lo que ahora se suma la presencia de una feria semanal que, como todas, generan ruidos en la madrugada -que es cuando los feriantes montan los puestos- y trastocan la vida vecinal hasta la tarde, cuando se retiran.

“El peso que recae sobre los vecinos de San Salvador aparece como desmedido, comparando la situación en la que se encuentran otros vecinos de los alrededores, incluso de los empresarios y asociaciones de la calle Pablo de María”, sentenciaron.

A esto se añade que San Salvador forma parte de la veintena de calles capitalinas que tienen preferencia para la circulación de bicicletas, por lo que los afectados son más. Una señalización en el pavimento indica que la velocidad máxima para los vehículos es de 30 kilómetros por hora, a diferencia de en otras calles de la zona. La IMM deberá responder a este recurso administrativo y definir si revoca o no la resolución de comienzos de agosto, como piden los vecinos.