José Ignacio: tendido de cables sigue causando enfrentamientos entre vecinos y UTE

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"No nos oponemos a que haya electricidad, que no haya un buen servicio. Pero este es un lugar especial, con una dinámica diferente al resto del Uruguay, y más que futuro tiene presente. Es una zona que se está desarrollando mucho", afirma un vecino de José Ignacio. Lo dice para ilustrar que entiende que UTE tenga que llevar más energía hacia ahí, pero que está en contra -él y varios vecinos más- de las torres con cables de alta tensión necesarias para ese suministro de electricidad, y que afectarán el paisaje de la zona.

El grupo de vecinos afectados se encuentra en una situación de conflicto con los planes de UTE desde hace tiempo -El País informó sobre este mismo diferendo hace dos años- y no parecería que ambas partes vayan a acordar. En aquella ocasión, 2020, los residentes en torno a Ruta 104, Camino Medellín y en el torno de la laguna José Ignacio, se preparaban para presentar recursos administrativos para detener el tendido.

Hubo instancias de diálogo entre el grupo de vecinos y el actual directorio de UTE, que se propone implementar una decisión que fue tomada por la administración del gobierno anterior respecto al tendido. De acuerdo a una fuente consultada por El País, los vecinos involucrados le propusieron a UTE que -tal como el ente acordó con un propietario en particular- los cables fueran colocados bajo tierra, para no afectar el paisaje con las torres.

Para eso, le propusieron a UTE que ellos le cedían varias hectáreas de sus propiedades. De esa manera, UTE no tendría que expropiar e indemnizar a los afectados, y así podría ahorrarse ese costo.

El tema, según explicaron dos jerarcas de UTE, es que la diferencia de costos entre tender los cables bajo tierra y por encima de ella es de varios millones de dólares, aproximadamente nueve.

Para los habitantes afectados, esas torres no solo alterarán sus territorios, sino que implicarán un impacto paisajístico que le quitará a la zona uno de sus mayores atractivos: lo natural y agreste. Ese factor, alegan a través del vecino consultado, es uno de los más importantes del entorno, y lo que constituye uno de los mayores incentivos para el turismo y también lo que atrae a muchos a instalarse ahí, tanto uruguayos como ciudadanos extranjeros. Las torres, razonan, atentarían contra todo eso.

José Alem es el gerente de la Asesoría Técnico-Jurídica de UTE, y se ha reunido con varios de los lugareños por este y otros temas cuando se anunciaron que se iniciarían las obras de los tendidos de cables y levantamiento de las torres. “Se viene hablando de esta obra desde el año 2010, es vital para tener un buen suministro de energía eléctrica en una zona que es vital para el turismo en Uruguay”.

El ingeniero Daniel Castagna, en tanto, aporta que la estación que se construirá está pensada para abastecer a una zona que ha crecido mucho al influjo del turismo y otros emprendimientos y actividades culturales, y que no abarca solo a José Ignacio sino también Pueblo Garzón, Laguna de Rocha e inclusive puede llegar a ser de utilidad para San Carlos.

Dada la importancia de la obra, agrega Alem, la misma cuenta con todos los permisos y habilitaciones ambientales y municipales. “Como se trata de una obra relevante y sensible, en su momento le explicamos a todos sobre el alcance de la misma: a la Junta Departamental, a las autoridades municipales y a todos los vecinos de la zona”, dice y ahí incluye a aquellos que hoy intentan impedir que las torres se levanten en sus campos.

De acuerdo al jerarca, la mayoría de aquellos a los que se les informó sobre los trabajos a realizar, y el impacto que este causaría, “fue conteste de que es una obra necesaria, imprescindible. Esto, continúa, quiere decir que UTE está en condiciones de trabajar en el marco de la ley, y agrega que ya se calcularon los montos con los que se indemnizará a los afectados por la presencia de las torres en sus terrenos.

Cuando el grupo de vecinos se reunió con Alem y le propuso ceder parte de sus patrimonios territoriales, este contestó: “UTE no es una inmobiliaria. Le propusimos que ellos vendieran esos terrenos y que nos dieran el dinero. No teníamos certeza de obtener el dinero de forma rápida. Además, cuando mandamos tasar las hectáreas en cuestión, nos dio que estaban valuadas en unos dos millones y medio de dólares, con lo cual había una diferencia grande”.

Para él, el tema está laudado y UTE seguirá adelante con las obras, más allá de que es consciente de que el colectivo de habitantes afectados no va a desistir de acciones judiciales que contemplen sus reclamos. Alem dice que si el conflicto judicial continúa y, de acuerdo a su entender se llega a un parate en el trabajo por mandato judicial, él recomendará que UTE entable una contrademanda.

El vecino consultado por El País, en tanto, anuncia “una batería de acciones judiciales” y que el colectivo “está enfocado en aumentar dichas medidas” para detener los trabajos.