¿Cómo evitar abusos sexuales?: los consejos de un experto a 240 curas, obispos y religiosos uruguayos

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En los primeros días de agosto el sacerdote mexicano Daniel Portillo fue escuchado por decenas y decenas de miembros de la Iglesia católica uruguaya: todos los obispos, muchos sacerdotes (dicen que a sus charlas fueron convocados todos los de Uruguay y la asistencia fue alta), laicos, religiosas, el equipo de formación permanente del Clero, los formadores del seminario y también un grupo de seminaristas. En total asistieron a sus talleres unas 240 personas, según una primera estimación que realizó Portillo desde Roma, donde vive.

Pero él pasa parte del año dando vueltas por América Latina aconsejando a curas y demás integrantes de la Iglesia respecto a cómo actuar ante un tema bien actual que causó una gran crisis durante los últimos años: las denuncias de abuso por parte de sacerdotes.

En Uruguay, la Conferencia Episcopal recibió en 2016 44 denuncias sobre 40 sacerdotes y personas consagradas, por supuestos casos de abuso ocurridos en los 70 años anteriores. Aquellas denuncias habían llegado por una vía que aún se mantiene abierta hoy: el teléfono 095 382 465 y el correo [email protected].

En 2022 hubo dos fallos judiciales. Primero, en febrero la Justicia condenó por abuso sexual al sacerdote de Minas Gustavo Melgar y dispuso una pena de ocho años de prisión. El fallo fue apelado. Y en marzo un integrante de la congregación de la Sagrada Familia en Florida fue imputado por ciberacoso a menores y cumple prisión preventiva. Ambos fueron procesados a nivel eclesial, lo que significa que los separaron de sus funciones hasta que termine el proceso judicial: si hay condena definitiva no podrán volver.

Hay un tercer caso de una denuncia de abuso de poder contra un sacerdote, que está bajo análisis de la Justicia, según informaron a El País desde el departamento de comunicación de la Iglesia.

Daniel Portillo pertenece a la Arquidiócesis de Chihuahua, en la frontera de México con Estados Unidos. Dirige el Consejo Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (Ceprome), que se fundó en 2016 y desde aquel momento trabaja con diferentes países dando formación y orientación, pero además con investigaciones y auditorías.

En diálogo con El País, dijo que es relevante poner el foco en los abusos sexuales pero también en otros maltratos.

-¿A qué se refiere?

-Podríamos llamarle las zonas grises. A nivel ético hay que abordar el asunto desde un punto de vista más amplio. Abusos de conciencia, psicológicos, espirituales, de poder, traición de la confianza... Los maltratos, las maneras, alzar la voz a alguien. Es como una especie de manipulación que genera esta situación. Tiene que existir una capacidad de ver la realidad como es y no estar queriendo ver cosas que no son reales, justificar cosas que no son, negando acciones.

-¿Ha faltado autocrítica de la Iglesia por este tema?

-Sí, sin duda. Incluso hubo una falta de apertura, donde distintos actores no han sido parte operativa de este tipo de resolución de casos. Eso nos ha cobrado una factura alta.

Tras sus reuniones en Uruguay, a Portillo le llamó la atención que encontró una suerte de agradecimiento de poder hablar del asunto.

-¿Qué clima había?

-Noté una recepción positiva, no encontré ninguna resistencia explícita. Te puedo decir que siempre o usualmente me pasa: comentarios externos de que “de esto no se debería hablar”, “esto está contra la santidad de la Iglesia”, “esto se debería abordar desde otro enfoque”. Yo te puedo decir mi impresión desde afuera porque no tengo compromiso con ellos. Hubo buena disposición, interés de hablar sobre esto.

-¿Y qué le preguntaron en los talleres?

-Los obispos me hicieron consultas puntuales sobre casos, o sea de una manera más operativa. Por ejemplo, en un caso que nos llega a nosotros, ¿cuál sería la manera de actuar, tanto a nivel civil como canónico, de comunicación?. Los sacerdotes tenían consultas para intentar una comprensión amplia de la situación, para apoyar y ayudar a los demás.

-¿Qué riesgos observa en Uruguay en este tema?

-El tema de la minoría creyente en Uruguay podría ser un riesgo de justificación: “So- mos pocos”. Pero eso más bien aumenta el grado de responsabilidad. Como somos pocos, necesitamos establecer lo que se encuentra a nuestro alcance para que estos casos que serían pocos, cada vez sean menos. Hay una doble responsabilidad, ética y deontológica: ética por todo lo que encierra nuestra identidad como comunidad creyente pero también profesionalizar nuestros servicios. Que las personas que reciban a las víctimas y entrevisten agresores sean cada vez más capacitadas para ofrecer un servicio de calidad. Si no, nos quedamos en un mero formalismo: pensar que basta con poner un mail o un teléfono.