Socios de Casa de Galicia presentan a inversor español que pretende hacerse cargo de la "reconstrucción" de la mutualista

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Diez días después de que el Parlamento promulgara una ley que establece cómo será la distribución de los usuarios y funcionarios de Casa de Galicia, los socios aseguran que en las últimas horas un inversor extranjero elevó una propuesta formal al Poder Ejecutivo para hacerse cargo de “la reconstrucción” de la mutualista.

A pesar de que se desconoce la identidad del interesado, según supo El País se trataría de un grupo económico español vinculado a la gestión en salud. “Durante la semana nos reunimos con todos los partidos políticos para tratar de atrasar una semana más la entrada en vigencia de la nueva ley y así tener tiempo para estudiar la propuesta, pero no tuvimos éxito”, indicó Patricia Pérez, socia de la institución. Según Pérez, ahora “la pelota está en la cancha de ellos” porque “la plata está disponible y eso es lo que siempre se dijo que faltaba” para “salvar Casa de Galicia”.

Más de 500 socios y trabajadores realizaron una asamblea ayer en donde se manifestaron en contra de la ley aprobada por el Parlamento y acordar esperar una respuesta de las autoridades sobre el futuro de la mutualista.

El supuesto inversor “no apareció ahora que salió la ley”, según indicó la vocera de los socios, si no que el 4 de enero ya había manifestado su interés y eso fue advertido a las autoridades en su momento. Allí se reunieron con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, el asesor de Presidencia, Nicolás Martinelli, y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda. “Claramente hay un interés detrás de todo que va más allá del dinero, porque no se le dio chance y se quiso cerrar todo a las apuradas”, remarcó Pérez.

Más allá de lo que pueda pasar con el futuro de la mutualista, la ley aprobada establece que los afiliados pasarán a aquellos prestadores que no tengan un padrón de usuarios superior a los 100.000, ni tampoco cuenten con más del 20% de afiliados mayores de 65 años.

Además, los socios nuevos no podrán ser más del 15% del total de esas instituciones y estas deberán tener una sede en las ciudades de Montevideo, La Paz o Las Piedras.

En este sentido, los socios serán direccionados a una de las cuatro instituciones que cumplen con los requisitos y que ya se reunieron con las autoridades del MSP. Estas son: Cudam, Hospital Evangélico, Círculo Católico y Universal.

Debido a ese pase de socios “señalado y no libre”, el abogado Juan Ceretta, que representa a buena parte de los socios de Casa de Galicia, presentará mañana recursos de inconstitucionalidad en contra de la aplicación de la ley de parte de más de 600 socios que lo han solicitado. “Se presentan estas en primera instancia, pero todavía queda mucha gente que ha manifestado interés y aún no ha entregado la firma por cuestiones logísticas”, indicó Ceretta y agregó que durante la semana se juntarán firmas de socios que están internados en el Hogar Español.

Según explicó Ceretta, existe un “choque de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, porque “aún hay una resolución pendiente con respecto a la decisión de la Justicia” sobre el cierre de la mutualista.

Los procedimientos de inconstitucionalidad se aplican para casos particulares, por lo tanto, cada uno de los socios deberá presentar su reclamo por separado. “Está claro que si nosotros presentamos una inconstitucionalidad tan masiva la ley se va a ver afectada de alguna u otra manera”, subrayó el abogado. En el caso de que la demanda de los socios prospere, estos no serán direccionados a las mutualistas que especifica la ley promulgada hace dos semanas.