Investigación por aborto se tranca tras la ola de contagios de covid y ASSE está en la mira

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Debido al aumento de contagios de covid-19 de los últimos meses, todas las investigaciones administrativas formalizadas a funcionarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) están demoradas. Los atrasos son generalizados y ocurren en todas las áreas. A partir de esto, desde la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) dijeron a El País que la investigación a la ginecóloga Gabriela Fischer, que fue denunciada en noviembre por haber intervenido por “fuera de normativa y protocolos” en el proceso de aborto de una usuaria, es uno de los más atrasados.

“La inmensa mayoría de los contagios no se producen en el ámbito laboral. Vienen de la participación social y familiar de las persona. Desde comienzo de año en ASSE hubo montones de casos positivos y eso provocó que se enlentecieran todos los procedimientos un poco”, indicó una fuente del organismo.

Particularmente, el caso de Fischer data de noviembre de 2021, cuando la ginecóloga fue nombrada referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, un cargo en el que aún se mantiene.

En este sentido, la directora de MYSU, Lilián Abracinskas, dijo que la organización se pregunta “por qué entre tanta investigación” Fischer “sigue en funciones” en la RAP Metropolitana. Según la fuente de ASSE consultada, “es habitual que una investigación administrativa no requiera la separación del cargo”, pues eso solamente se realiza “cuando hay un sumario”.

La denuncia contra Fischer refiere a cuando se desempeñaba como ecografista en el Centro de Salud de la Costa de ASSE. En esa policlínica la especialista estaba a cargo de realizar las ecografías de control final del proceso de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las que sirven para determinar que las pacientes ya no están embarazadas. En el caso denunciado, tras la ecografía Fischer dio cuenta de que el feto aún tenía vida y dijo que los fármacos administrados durante el procedimiento para abortar no habían terminado con el embarazo. Según informó El País en noviembre, la ginecóloga evaluó que la usuaria estaba transitando la semana número 13 de gestación, y así se lo transmitió. El procedimiento de aborto está permitido en Uruguay hasta la semana 12, por lo tanto, según el informe que elevó Fischer, la paciente ya no estaba autorizada para tener una IVE. La mujer acudió a MYSU, en donde se coordinó su derivación al Hospital Pereira Rossell y allí logró concretar el aborto.

Hay dos errores en el accionar de Fischer que son marcados por MYSU, que no debería haberle hecho comentario alguno en cuanto a si podía o no abortar, y que además la mujer había empezado el procedimiento antes de la semana 13 y que por lo tanto podía culminarlo.

Por su parte, Abracinskas dijo que es necesario no intervenir ni seguir comentando acerca del caso “para no perjudicar a la investigación ni a la denunciante”.

Según supo El País, debido a la cantidad de retrasos en controles de IVE y demás procedimientos, ASSE decidió esta semana “fortalecer” la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva que actualmente está a cargo de la médica Mónica Gorgoroso. Desde la Administración indicaron que “es necesario hacerlo” porque la unidad “está sobrepasada”.

A la hora de designar personal para la unidad que encabeza Gorgoroso, las autoridades de ASSE indicaron a El País que ser objetor de conciencia de las IVE no es un motivo para dejar de contratar a alguien. Según el último informe elaborado por MYSU, hay tres hospitales públicos en donde el 100% de los profesionales son objetores y allí no se practican interrupciones. Hasta setiembre, esto ocurría en el hospital departamental de Melo (Cerro Largo), en Carmelo (Colonia) y en Mercedes (Soriano).