PROTESTA DE LOS SOCIOS

Afiliados presentan recurso contra ley para Casa de Galicia: aseguran que es inconstitucional y critican cambios

“Es ilegal que pase esto en un país que se jacta de respetar las garantías individuales, porque nos están sacando a prepo de nuestra casa”, aseguró la vocera de los socios, Sandra Montes

Casa de Galicia. Foto: Estefanía Leal.
Casa de Galicia. Foto: Estefanía Leal.

Menos de 24 horas después de que el Parlamento aprobara una ley que determina la absorción de los usuarios Casa de Galicia por otras mutualistas, una agrupación de más de 1.000 socios de la institución resolvió presentar un recurso de inconstitucionalidad. Según supo El País, esto se llevará adelante una vez que la norma entre en vigencia.

La ley que se aprobó este martes establece que los afiliados pasarán a aquellos prestadores que no tengan un padrón de usuarios superior a los 100.000, ni tampoco cuenten con más del 20% de afiliados mayores de 65 años. Además, los socios nuevos no podrán ser más del 15% del total de esas instituciones y estas deberán tener una sede en las ciudades de Montevideo, La Paz o Las Piedras.

Son cuatro las instituciones médicas que cumplen con los requisitos y además están ubicadas cerca del edificio de Casa de Galicia: Cudam, Hospital Evangélico, Círculo Católico y Universal. Las autoridades sanitarias ya se han reunido con representantes de estas mutualistas, según supo El País. Una vez esté la reglamentación, los socios tendrán 30 días para cambiarse a alguno de estos centros y por dos años no podrán pasar a otro prestador.

La vocera de la agrupación de socios de Casa de Galicia, Sandra Montes, dijo a El País que “hay una clara falta” contra los afiliados de la mutualista, porque “se atenta contra el principio de poder elegir libremente la mutualista nueva y también contra la igualdad frente a otros usuarios del sistema que sí han podido elegir”.

Montes, que es socia de Casa de Galicia desde hace 57 años, subrayó: “Es ilegal que pase esto en un país que se jacta de respetar las garantías individuales, porque nos están sacando a prepo de nuestra casa”.

Los socios se reunieron el mismo martes en el que se aprobó la ley y ya acordaron una “asamblea formal”, la que se llevará adelante el sábado.

Juan Ceretta es el abogado que defenderá a los usuarios contra de la ley. Su idea es presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Según explicó Ceretta, existe un “choque de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, porque “aún hay una resolución pendiente con respecto a la decisión de la Justicia”. El abogado dijo que el último antecedente de este tipo se dio con el caso Pluna, cuando la empresa estaba en concurso y hubo una ley que decretó el futuro de los recursos de la firma. En esa oportunidad la ley fue declarada inconstitucional por el Suprema Corte de Justicia.

El abogado alertó, además, que “si bien no son lo mismo personas y aviones”, sí hay una coincidencia porque “el Poder Legislativo está interfiriendo en un expediente que sigue en trámite en la Justicia”.

Los procedimientos de este tipo se aplican para casos particulares, por lo tanto, cada uno de los socios deberá presentar un recurso de inconstitucionalidad.

En cuanto a que los usuarios no podrán cambiar de mutualista por dos años, Ceretta señaló que se muestra “el claro afán de que el dinero del Fonasa de esos socios vaya direccionado a prestadores en particular”.

El abogado explicó: “Los primeros días de marzo van a recibir un cheque por US$ 1.000.000 y se busca asegurar 24 meses de ganancia como mínimo”.

En la votación del martes, que se hizo en las dos cámaras el mismo día, solo hubo en cada una de ellas un voto en contra. En el caso del Senado, el nacionalista Sergio Botana se opuso diciendo: “Me pregunto cuál es la razón por la cual antes de que el difunto esté muerto nos vamos a empezar a repartir sus pilchas”. Según el legislador, el Parlamento hizo “oídos sordos” al dictamen de la semana pasada del Tribunal de Apelaciones que revocó el fallo original de la Justicia que decretó el cierre e incluso dispuso la posibilidad de “defensa de Casa de Galicia”. En Diputados se opuso César Vega.

Cómo será la distribución de todos los trabajadores

Los funcionarios de Casa de Galicia se distribuirán entre los prestadores escogidos por el Poder Ejecutivo “en forma proporcional a la migración de usuarios”. Sin embargo, hay algunos que no entrarán allí y “podrán ampararse en un régimen especial de subsidio por desempleo que establecerá el Poder Ejecutivo” durante un año. También se creará una base de datos en el Ministerio de Trabajo. Estos fueron dos reclamos que hizo el FA para votar la ley.

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