¿Cuáles son las ocho claves del proyecto de ley de la reforma jubilatoria?

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Estas son horas de estudio y reflexión en la coalición de gobierno, cuyos socios recibieron este miércoles el anteproyecto de la reforma previsional en manos del presidente Luis Lacalle Pou.

El pedido expreso del mandatario fue que el texto no trascendiera públicamente hasta tanto no fuera entregado al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien recibirá hoy al mandatario en la sede de la coalición de izquierda.

Se dará allí un momento clave, porque tanto el presidente como varios actores del oficialismo han hecho hincapié en la importancia de que esta reforma se apruebe con el consenso de todo el sistema político, porque se trata de una política de Estado, que deberán asumir próximos gobiernos y todas las futuras generaciones de uruguayos.

Por eso mismo es que Lacalle Pou ha dejado en claro en la interna del oficialismo que la coalición debe encarar esta reforma como un asunto de primer orden y en unidad, para transmitir así claramente los puntos centrales de la transformación que busca el gobierno.

La oposición, mientras tanto, ya ha sido crítica con el espíritu de los planteos del oficialismo en esta materia, y lo hizo desde el primer momento, cuando decidió no acompañar ni el diagnóstico ni las recomendaciones elaboradas por la Comisión de Expertos en Seguridad Social conocidas a fines del año pasado.

De modo que en el Poder Ejecutivo no hay grandes esperanzas de que la coalición de izquierda vaya a acompañar la reforma. De hecho, desde la oposición ya se ha señalado que, conceptualmente, persisten con el gobierno “diferencias sustanciales”, tal como dijo días atrás el diputado del MPP Sebastián Valdomir.

“Seguramente dirán que lo van a estudiar y después no van a acompañar”, dijo en ese sentido un alto jerarca del gobierno, al resumir las expectativas que se tienen respecto a la posición que asumirá en esto la coalición opositora.

Sin embargo, no por eso se tira la toalla y se buscará -como se intenta transmitir con el encuentro entre Lacalle Pou y Pereira gestado por el jefe de Estado- mantener un diálogo lo más abierto posible con la oposición.

Otro asunto aparte será el consenso que el gobierno pueda generar dentro de la coalición, que si bien se da por sentado porque el objetivo de la reforma es común a todo el espectro del oficialismo, también se asume como natural que comiencen a surgir diferencias entre los socios.

Los partidos tendrán ahora un tiempo más que prudencial -no fue definido, pero se entiende que va a ser del entorno de un mes- para analizar el texto que les fue entregado y que tiene más de 300 artículos, y definir en dónde están las discrepancias, para transformarlas luego en planteos.

A priori, y salvo por la notoria ausencia en la conferencia de prensa del senador y líder de Cabildo Abierto -Guido Manini Ríos- los referentes partidarios se mostraron en armonía luego de reunirse con Lacalle Pou. Todos subrayaron la firme voluntad de avanzar en esta propuesta, catalogada como justa y equitativa, además de imprescindible si se quiere evitar el colapso del actual sistema previsional, diagnóstico que es compartido por todo el sistema político.

El corazón de la reforma no es otro que este: el aumento de la edad de retiro, una necesidad que se visualiza al analizar la relación entre los egresos e ingresos, que es cada vez más deficiente. La propuesta señala que los nacidos en 1967 pasarán a jubilarse a los 61 años en lugar de a los 60. Los de 1968, a los 62; los de 1969, a los 63; los de 1970, a los 64; y desde los de 1971 en adelante todos podrán jubilarse recién a los 65.

El régimen de jubilación mixto es una característica que no va a cambiar con la nueva ley. Seguirán conviviendo el Banco de Previsión Social y las AFAP, aunque habrá algunos ajustes.

El sistema planteado buscará habilitar a los jubilados para que puedan trabajar y seguir aportando en caja. Esto también se prevé en un proyecto aparte del diputado Conrado Rodríguez.

La “convergencia” entre todas las cajas es otra de las apuestas, de modo de generar una equidad que hoy no existe entre los jubilados, que tienen distintas contemplaciones según el régimen al que pertenezcan.

Fue algo que adelantó El País y se oficializó con el anuncio del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde: habrá un aumento para las jubilaciones más deprimidas.

Todos los actores del oficialismo han destacado que el texto no quitará derechos a ningún jubilado activo, ni sacará bonificaciones de ningún tipo que ya tengan los pensionista actuales.

La reforma a estudio también mantiene algunos beneficios del sistema actual, como ser los cómputos múltiples para maestros, docentes y profesores universitarios (según el sistema), y para mujeres con hijos, que se les resta un año para la jubilación por cada niño que tengan.

La transición durará 20 años. Los efectos se sentirán a los cinco años de aprobada la ley, y para la aplicación de los cambios se prevé una escala gradual.