Puja política en Fiscalía: un trasfondo que no logra encontrar fin
Varios políticos oficialistas han advertido sobre el desempeño del organismo, señalando cierto sesgo a favor de la oposición.
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La gestión de la Fiscalía General de la Nación de este año no pasó desapercibida para el sistema político, especialmente para el gobierno y la coalición oficialista.
El trabajo del actual fiscal de Corte, Juan Gómez, ha sido cuestionado por varios actores del oficialismo y por diversos temas; desde Cabildo Abierto, por ejemplo, el senador Guillermo Domenech ha llegado a decir que el funcionamiento del organismo era “impresentable” y que se sumaban a diario “denuncias” internas. Por eso, ha advertido, el partido no está a gusto con la conducción de Gómez -con quien ha tenido cruces mediáticos- como no lo estaban con el anterior fiscal de Corte, Jorge Díaz (2012-2022).
Más acá en el tiempo la disconformidad con el accionar del la conducción del organismo se manifestó explícita y evidente en la voz del senador blanco Jorge Gandini en una charla con militantes blancos. No sabía que la grababan, por lo que habló sin medias tintas: dijo que los fiscales trabajaban “rapidísimo” cuando las causas son contra el gobierno, a diferencia de cuando los investigados pertenecen al Frente Amplio, y ponía el ejemplo de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, a mediados de 2019 -plena gestión frenteamplista-, caso que sigue sin tener una resolución.
En la interna, mientras tanto, fue público que el fiscal Diego Pérez, disconforme también con decisiones tomadas por la dirección del organismo, procesó un recurso anulatorio por entender que un caso que le habían asignado no le correspondía a él sino a otro fiscal. A esto se suma que hay algunos fiscales que entienden que se perpetúa una supuesta “persecución” interna y por presuntas razones políticas, que ya se daban durante la gestión del anterior fiscal de Corte, Díaz. De hecho, la fiscal Gabriela Fossati -a cargo del caso de la imputación del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano- en un tuit de la semana pasada dio a entender que “polarizar la función de los fiscales” era un fenómeno usual en el organismo al menos durante la gestión de Díaz.
En definitiva, lo que se infiere en la coalición de gobierno es que en el organismo hay -a raíz de todos estos casos que componen, en realidad, una lista más amplia- un componente de “partidización” que debe subsanarse empezando por un cambio de jerarca, algo que hasta ahora no ha sido posible porque la Constitución exige mayorías especiales en el Senado, y el oficialismo no logra un acuerdo en este sentido con el Frente Amplio desde hace meses.
El diputado colorado Gustavo Zubía es, en este sentido, uno de los legisladores que más ha exigido al presidente Luis Lacalle Pou encontrar una solución al tema. El mandatario, dijo este legislador a El País, “sigue teniendo el debe importantísimo de no ejercer su derecho de designar un fiscal general y dejar que la Fiscalía se maneje por un fiscal interino que no tiene los apoyos necesarios para estar en el cargo”.
¿Qué hay, entonces, arriba de la mesa en el oficialismo? Una propuesta que opera como un parteaguas en el Ministerio Público: crear un triunvirato en la conducción del organismo (ver aparte), puesto que ni el gobierno ni el Frente Amplio han llegado al acuerdo necesario - ya que no se han conseguido mayorías especiales en el Senado- para designar a un fiscal de Corte titular. El esquema propuesto abriría nuevas posibilidades de negociación. Porque Gómez es, formalmente, fiscal adjunto de Corte desde que asumió en octubre del año pasado, tras la renuncia de Díaz, y no tiene el respaldo explícito del gobierno.
Gandini y Zubía son dos de los legisladores que propusieron este cambio para destrabar la situación -también es interés de Cabildo Abierto-, lo que generó la radical oposición tanto del presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, como de Gómez. “Nosotros nos opusimos por unanimidad”, dijo Rosa a El País, mientras que para Gómez buscar esa fórmula implicaría “politizar” a la institución, porque los otros dos integrantes estaría en representación del oficialismo y la oposición nacional.
“No sé por qué llama la atención que se hagan sumarios”.
“Si me piden que siga al frente del gremio, voy a seguir”.
El fiscal de Corte incluso recordó a El País que los legisladores están al tanto de que, de prosperar esta idea, él daría un paso al costado: “Yo ya se los dije, (si se aprueba) no van a contar conmigo. Quizás esa sea la mejor forma de no contar con este servidor”, agregó el jerarca, para quien también es importante resaltar que “no hay nadie de la academia que sostenga que eso sea una solución”.
No obstante, hay algunos fiscales que, sin decirlo en público, están de acuerdo en ir hacia este rumbo, en parte porque tampoco comparten la conducción de Gómez. Algunos, según supo El País, sienten una falta de “respaldo” ante las críticas del sistema político hacia su labor, y otros señalan que la instrucción de algunos sumarios -como el del fiscal Raúl Iglesias por archivar 300 denuncias sobre abuso sexual, pero no es el único- y la omisión de sanciones en otros casos generan suspicacias o sospechas de favoritismo o “persecución”, lo que Gómez rechaza de plano.
“Yo ya lo expliqué en el Parlamento: hay varios sumarios que están en curso y son una potestad del jefe de un servicio jerárquico. Pero como todo proceso que tiene todas las garantías, si el sumariante considera que no hay méritos, se dirá que no hay méritos y punto. No sé por qué llama tanto la atención”, reclamó el jerarca.
Tranquilidad interna
La mayoría de los fiscales están nucleados en la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, hoy gobernada por la denominada Lista 3, que ha ganado las dos últimas elecciones y que, a diferencia de la oposición -la Lista 7-, no tiene una mirada directamente adversa a la dirección de la Fiscalía y a muchos aspectos vinculados al nuevo Código del Proceso Penal y su implementación.
Se trata de dos visiones que se polarizaron con la gestión de Díaz, que llevó adelante el cambio del sistema penal contra viento y marea en 2017, proceso que le generó algunos enemigos en el organismo.
La última elección fue reñida -ganó la Lista 3 por una treintena de votos-, pero ahora, en las próximas elecciones que se harán en diciembre, todo parece allanado para que el oficialismo se mantenga en el consejo directivo. Pues la oposición, cuyo último líder era el fiscal Iglesias -hoy fuera de combate por el sumario-, no solo no tiene una figura clara para ir a la contienda, sino que incluso ya no se presenta con el vigor crítico de hace unos años. Es que los directivos de esta lista lograron una sintonía con los oficialistas en los últimos meses, que hace pensar en que sea difícil que haya una contienda entre los bandos, y se abre el camino para que Willian Rosa continúe al frente del gremio. “Si me piden que siga, sigo”, reconoció este fiscal a El País.
Ferrero sería la fiscal que subrogará a Juan Gómez
En la Rendición de Cuentas que comenzará a regir en enero próximo se terminó incluyendo un artículo que introdujo una modificación clave a la Ley Orgánica de la Fiscalía, por el cual se estableció como una de las competencias de los fiscales penales “subrogar al fiscal adjunto de Corte en el orden administrativo y jurisdiccional en casos de licencia, vacancia temporal o definitiva”. Y que el que lo haga “será elegido en función de la mayor antigüedad en el cargo de fiscal de Montevideo en cualquier materia”.
Se trata de una respuesta normativa al vacío que hay actualmente en la dirección del Ministerio Público, a cargo de un fiscal de Corte adjunto que no tiene quien lo releve en caso de ausencia.
De acuerdo a varias consultas que hizo El País, pese a que la redacción de ese artículo admite más de una lectura, la interpretación más extendida concluye que la fiscal penal de la capital con más antigüedad es Mónica Ferrero, la principal investigadora contra el narcotráfico de la institución. De este modo, en caso de un eventual retiro de Juan Gómez, quedaría a cargo del organismo una persona que reúne consenso en varios dirigentes de la coalición. La propuesta aprobada, no obstante, despertó críticas tanto del Frente Amplio como de Gómez.
El senador de la oposición Charles Carrera (MPP) dijo a El País que se está “construyendo un muy mal ejemplo, al votarse una supuesta solución que tiene nombre propio”, dijo en relación a Ferrero, y añadió que la propuesta “de la subrogación automática viola la Constitución”.
Gómez, por su parte, dijo que esta solución supuso “una mala técnica jurídica” y que él es un hombre al que le “gusta cumplir con la Constitución y la ley”. Pero, además, aseguró que le parece un “contrasentido” que pueda asumir un rol administrativo “una fiscal con mucha experiencia en el narcotráfico y que ama lo que hace”.
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