LA FLORESTA

Puja entre el MPP y el Partido Comunista por comisión investigadora sobre irregularidades en municipio de Canelones

Alcalde de La Floresta está en la mira por una serie de denuncias en su contra por, entre otras cosas, mal manejo de recursos para ollas populares

Intendencia de Canelones. Foto: Darwin Borrelli.
Intendencia de Canelones. Foto: Darwin Borrelli.

El plenario de la Junta Departamental de Canelones votará a la hora 18 de este viernes la creación de una comisión investigadora sobre la gestión del alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe (perteneciente al Partido Comunista), por presuntas irregularidades cometidas en el municipio. Para esta instancia no se esperan sorpresas: los ediles del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado acordaron dar sus votos.

Sin embargo, la jornada del miércoles fue agitada y esbozó la interna del Frente Amplio en Canelones. En este departamento gobernado por el referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) Yamandú Orsi, el Partido Comunista (PCU) ganó las elecciones partidarias y aspira a competir con un candidato propio en los comicios de 2025.

“La sensación que tengo es que estoy en la mitad de una guerra donde hay dos acorazados: por un lado el de la 609 y por otro, el del PCU. Yo estoy a la mitad, se tiran fuego entre ellos”, afirmó a El País el diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté, que apadrinó a los ediles nacionalista que impulsaron la comisión investigadora, Fabián Colombo, Alejandro Repetto y Juan López.

Según supo El País, mientras el miércoles sesionaba la comisión preinvestigadora sobre la gestión de Erramouspe, en los pasillos de la Junta estaba la primera plana departamental del Partido Comunista. Además del alcalde de La Floresta, se encontraban el diputado Ubaldo Aita y el director de Tránsito Marcelo Metediera, primer suplente de Orsi en la Intendencia de Canelones, potencial candidato en las elecciones departamentales -aunque también suena el nombre del senador Óscar Andrade. Fuentes políticas aseguraron que durante los cuartos intermedios de la preinvestigadora, que se extendió hasta la noche, los dirigentes se juntaron con los ediles frentistas para procurar que la bancada no aprobara la comisión.

En la coordinación del FA, 13 representantes de Asamblea Uruguay, el MPP, el Partido Socialista y la Lista 99.000 se mostraron a favor de la investigadora, mientras que siete del Partido Comunista y de la Lista 939 se expresaron en contra. Al final, en una votación dividida, los 20 ediles frenteamplistas acordaron dar su apoyo a tres de los seis puntos impulsados por los blancos.

“Hubo diferentes posturas, llevó muchas horas de debate, tratamos de ponernos de acuerdo y, finalmente, la bancada resolvió. Nos preocupamos por que se diera el debido proceso, que estén todas las garantías y que no haya dudas”, expresó a El País el edil socialista Sergio Pereyra, que integró la comisión preinvestigadora junto al comunista Diego Núñez y al nacionalista Marcelo Tamborini.

Esta decisión se dio luego de que la comuna canaria denunciara ante la Fiscalía dos de las presuntas irregularidades cometidas en el municipio de La Floresta: el mal manejo de las ayudas solidarias a las ollas populares de la zona, esta semana, y la falsificación de la firma del concejal del MPP Julio Pérez en una resolución municipal. Además, la intendencia había abierto investigaciones administrativas por otros procesos denunciados por los ediles blancos.

En filas del Frente Amplio hay quienes miran este episodio como un indicio de la puja territorial de los sectores mayoritarios en Canelones. Consultados por El País, el edil Núñez, el secretario político del PCU en Canelones, Daniel Diverio, y la presidenta departamental del Frente Amplio, Susana Muñiz, no hicieron declaraciones.

Si se aprueba la investigadora, durante 60 días se analizarán denuncias de acoso laboral realizadas por una exempleada de los Jornales Solidarios y de dos funcionarios municipales. Se analizarán conversaciones grabadas y hay personas dispuestas a comparecer en la comisión. Además, se tratarán las presuntas irregularides en el manejo de las ollas populares, de acuerdo a un informe del programa Uruguay Adelante, y la deuda denunciada por una empresa de construcción proveedora.

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