PROYECTO DE LEY

Se trabaja en proyecto para que públicos estén obligados a comparecer en comisiones

Felipe Schipani informó que la iniciativa, que plantea modificar el artículo 39 de la ley N° 16.698, ingresará a la Comisión de Constitución y Legislación.

Fachada del Palacio Legislativo, sede del Poder Legislativo, en Avda de Las Leyes, Montevideo, Uruguay.  Foto: Leonardo Maine.
Fachada del Palacio Legislativo. Foto: Leonardo Maine.

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani informó que ingresará a la Comisión de Constitución y Legislación un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 39 de la ley N° 16.698, para que todo funcionario de la administración pública esté obligado a comparecer ante alguna comisión investigadora en caso de ser citado.

Según indica la modificación tras la iniciativa del legislador colorado, “los funcionarios públicos están obligados a comparecer ante una comisión investigadora cuando sean convocados. La incomparecencia sin motivo justificado será considerada una falta administrativa grave, que la Comisión deberá informar al organismo de origen del funcionario”.

El diputado aseguró que la iniciativa no surge pensando en una posible comisión investigadora contra el senador Charles Carrera, pero reconoció que sin la norma, Carrera podría resolver no asistir sin ningún tipo de consecuencia. “Carrera podría no asistir y esta iniciativa permitirá que todos los funcionarios públicos, deban hacerlo” dijo Schipani.

El legislador explicó que se trata de “fortalecer” uno de los roles que tiene el Parlamento, que es la investigación, pero “la experiencia” ha demostrado que una de las “falencias” es justamente que no sea obligatoria la asistencia de quienes están convocados. En ese sentido el diputado colorado destacó que el foco se pone en los funcionarios públicos ya que el objeto de estudio de las Comisiones es la investigación de “posibles irregularidades” en la administración pública.

Para explicar esta problemática, Felipe Schipani, recordó la comisión que se llevó a cabo para investigar las licencias irregulares en Secundaria, donde la coalición de gobierno acusó a seis sindicalistas de la cúpula de Fenapes de fraude, estafa y falsificación de documentos -por firmar certificados para que docentes obtuvieran licencias sindicales cuando no correspondía- y a los dos exconsejeros de Secundaria (Celsa Puente y Javier Landoni) de omisión, abuso de funciones y posible encubrimiento.

Para la investigación de este caso se realizaron unas 110 citaciones, pero solo asistieron 35 personas, “si hubiera existido esta norma, hubiéramos tenido muchos más elementos de los que hoy tenemos” aseguró.

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