El Parlamento define cuáles son sus prioridades de este 2022

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El final del período legislativo de 2022 -para lo cual faltan exactamente dos meses- ya está en el horizonte de los legisladores, que tienen bien claro que habrá un tema que se llevará todos los focos, y las energías, de gran parte de los senadores: el abordaje del anteproyecto de la reforma jubilatoria que el gobierno enviará a la cámara alta ya al final de la semana que viene, luego de recoger algunos de los planteos de los socios del oficialismo que sumarán al texto original.

Es un asunto cuya importancia es tan crucial para este gobierno que en el Senado casi que no habrá tema más prioritario que este, porque la apuesta es recibir a todas las delegaciones necesarias durante los últimos días de octubre y las semanas de noviembre que hagan falta para que los senadores puedan levantar la mano antes del fin de este 2022. Pues el objetivo es que la iniciativa sea el primer asunto de alta relevancia que trate la Cámara de Diputados el 1° de marzo, cuando culmine el receso parlamentario que se abrirá el 15 de diciembre.

La reforma previsional es un tema que, por ende, absorberá “absolutamente” la actividad de la cámara alta, como reconoció a El País la senadora nacionalista Carmen Asiaín, y esto pese a que la coalición formará una comisión especial para tratar el tema. “Esa es la prioridad y aspiramos a que tenga un tratamiento similar al que tuvo en su momento la Ley de Urgente Consideración”, dijo en un mismo sentido el senador blanco Gustavo Penadés. Es decir, casi un tratamiento exprés.

No obstante, el Senado tendrá también varias otras iniciativas en su cancha -algunas de las cuales implican temas políticos de peso-, porque ocurrieron dos cosas: las grandes apuestas del oficialismo que ingresaron por la Cámara de Diputados ya fueron aprobadas y pasaron ahora a ser un problema de los senadores; y otros asuntos, de alto impacto mediático que ya cuentan con expectativas propias y ajenas, y esperan su tratamiento, serán pro-cesados directamente en el Senado.

Esto no quita que los representantes no tengan temas pendientes, como es ejemplo sobresaliente la iniciativa que busca habilitar las apuestas online para casinos del Estado y privados, considerado como prioritario por el Poder Ejecutivo, y que se discute en comisión en Diputados, luego de ser aprobada por los senadores.

Pero en definitiva es la cámara alta la que, en las puertas del año preelectoral, se colmó de proyectos o planteos de interés para el oficialismo, generándose una suerte de embudo.

Una encrucijada que tendrán los senadores, y sobre la que son conscientes desde que el tema se zanjó en Diputados semanas atrás -luego de meses de ardua discusión- es el proyecto de ley que busca regular la eutanasia, entendida como un derecho para pacientes que sufren determinadas enfermedades terminales y con “sufrimientos que resulten insoportables”.

Se sabe que, como ocurrió en la primera etapa del debate, la bancada del oficialismo está dividida, pero que quienes lo promueven -la iniciativa fue presentada por el diputado colorado Ope Pasquet, pero el trasfondo filosófico genera que no haya posturas partidarias orgánicas sino posiciones personales- plantean que el asunto se dirima también en este 2022.

A la espera se quedará, si prospera el proyecto, la posición final que tendrá el presidente Luis Lacalle Pou, que se ha mostrado en contra y ha recibido el pedido expreso de algunos actores oficialistas, como Cabildo Abierto, de que anule la ley con un veto presidencial. “Es un tema que obviamente tenemos que tratar”, aseguró a El País la vicepresidenta Beatriz Argimón.

En paralelo a este proyecto, y también en la comisión de Salud, está pronta para ser votada la iniciativa de cuidados paliativos, que ya cuenta además con una partida de unos $ 40 millones anuales resueltas en la Rendición de Cuentas abordada este año.

Al respecto, la senadora Asiaín recordó la aprobación por “unanimidad” en la Cámara de Diputados, y se mostró confiada en que lo mismo ocurrirá en el Senado a más tardar “en noviembre”.

Después hay proyectos que interesan a otros socios de la coalición de gobierno (ver aparte), e iniciativas de interés individual de varios senadores, como la “declaración de patrimonio de la riqueza subacuática” de Uruguay, que promueve específicamente Argimón, quien afirmó que “es muy importante para la Unesco”.

Y luego hay dos escenarios que tiene en carpeta el Senado y que implican enfrentamientos con el Frente Amplio. Uno de ellos es la comisión preinvestigadora que la coalición ya acordó crear a fines de agosto para indagar en el uso dado al Hospital Policial por parte de funcionarios civiles durante la administración del presidente José Mujica (2010-2015), y que tiene en el centro al senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera. El foco está en este dirigente, porque su exesposa se atendió en ese centro de salud en 2010, cuando por ley solo pueden recibir allí atención médica los funcionarios policiales y sus familiares. También Carrera permitió que allí se atendiera a un hombre que quedó en silla de ruedas luego de ser baleado en Rocha. La bala presuntamente habría salido de una fiesta de policías.

Era un tema que avanzaba con fuerza, y estaba dispuesto someterse a votación en cuanto terminara la discusión por la Rendición de Cuentas, pero no estaba previsto que al sistema político ingresara la crisis por la que atravesó el gobierno estos días a raíz de la imputación con prisión de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, polémica que se acrecentó al descubrirse que el delincuente que gozaba de la máxima confianza del mandatario tenía además una treintena de anotaciones policiales, más antecedentes por estafa que a Lacalle Pou le fueron ocultados, todos asuntos que motivaron un llamado en comisión general al ministro Luis Alberto Heber el miércoles pasado.

La comisión preinvestigadora “no perdió fuerza” por lo ocurrido, señalaron a El País fuentes de la coalición de gobierno, pero tampoco es de una prioridad de primer orden, porque todo estará supeditado a la discusión por la reforma previsional. “Se está analizando para qué momento marcar la fecha” de creación de este ámbito de investigación, dijo un legislador oficialista.

El otro episodio que podrá aumentar la tensión con la oposición es el pedido de un juicio político contra la intendenta Carolina Cosse por parte de los ediles de la oposición departamental el pasado 7 de octubre. Fue una iniciativa que tomaron los curules sin consultar a los partidos, tema que fue especialmente problemático entre los blancos, cuyos líderes reprocharon la decisión adoptada en la Junta Departamental por considerarla “desproporcionada”, aunque luego, en la bancada de legisladores del martes pasado, se respaldó a los ediles porque “no se les podía soltar la mano”, indicaron fuentes políticas.

Ahora, el asunto deberá ser analizado en la comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero no necesariamente impondrá al orden cronológico de los temas que esperan ser tratados en este ámbito. “Yo no encuentro que haya una especial necesidad” de anteponerlo al primer orden de la lista, opinó, por ejemplo, la senadora Asiaín.