Oposición detecta debilidades en investigadoras y plantea cambios
Piden poder levantar el secreto bancario de los funcionarios públicos.
En el lapso de un año y siete meses, la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos se reunió 51 veces. Se hicieron 87 entrevistas, pero el 25% de los citados por el Parlamento no concurrió. Todos los antecedentes se pasaron a la Justicia, aunque no se encontraron pruebas de delitos por las limitaciones que acarrea el secreto bancario. La oposición advierte sobre un "debilitamiento" de las investigadoras y plantea cambios en su normativa.
En el balance que hicieron los partidos de oposición de la investigadora (que indagó sobre la vinculación de los partidos políticos con empresas u organizaciones como Tenfield, Cutcsa, Fripur, Cambio Nelson, Misión Vida, Aire Fresco y La Diez) quedaron al desnudo una serie de falencias vinculadas a la falta de colaboración de las autoridades y de los privados.
Por ejemplo, en el informe del Partido Nacional se menciona una "actitud absolutamente obstruccionista de las autoridades de gobierno", tanto de la Administración Central como de los entes. Concretamente, se señala que el expresidente José Mujica se negó a comparecer ante la comisión por denuncias vinculadas a Tenfield y Fripur.
Para los colorados, ha quedado en evidencia las debilidades con que cuenta el régimen de las comisiones investigadoras. No obstante, sostienen que siguen siendo una herramienta de gran utilidad para el control parlamentario.
El diputado nacionalista y presidente de la comisión investigadora, Alejo Umpiérrez, dijo a El País que además de la falta de cooperación de las autoridades de gobierno, el hecho de no tener acceso al secreto bancario llevó a que fuera "imposible tener una prueba".
"No creo que haya que levantar el secreto bancario porque eso lo debe hacer el Poder Judicial y no puede estar sujeto a mayorías circunstanciales", opinó el legislador. Lo que plantea Umpiérrez es que se levante el secreto bancario por ley para los funcionarios públicos. Tiene pensado trabajar en un proyecto de ley con ese fin.
Por otro lado, Umpiérrez pidió la creación de un cuerpo técnico de asesores en materia legal que sirva de apoyo al trabajo que realizan las comisiones investigadoras.
En opinión del diputado colorado Tabaré Viera, integrante de la investigadora de los partidos políticos, hay que levantar el secreto bancario en el ámbito del Parlamento a fin de que se puedan facilitar las investigaciones. "El Parlamento puede hacer una sesión en secreto, pero respecto al Parlamento no debería haber ningún tipo de secreto", subrayó.
Viera también es partidario de buscar los mecanismos para que los convocados a una investigadora en el Parlamento estén obligados a concurrir. Viera cree que los funcionarios públicos deberían asistir cuando se los cita. "Para algunos no estaba claro, evidentemente para el expresidente Mujica no estaba claro que debía concurrir y tampoco para el Frente Amplio, una fuerza política que hace gárgaras con la ley de partidos y se niega constantemente a votar investigadoras en el Parlamento", afirmó.
Falta colaboración.
No solo blancos y colorados se quejaron de la falta de colaboración para investigar. El Frente Amplio lamentó en su informe que "sectores partidarios y empresariales" impidieran avanzar lo suficiente en las líneas de investigación en el caso del Cambio Nelson.
El 2018, el año con más investigadoras legislativas
La primera investigadora que habilitó este segundo gobierno del presidente Tabaré Vázquez fue la de Ancap, que terminó con varias denuncias judiciales que pusieron bajo la lupa la gestión del exvicepresidente Raúl Sendic.
A partir de allí se aprobaron varias investigadoras, incluida la que indagó el financiamiento de los partidos políticos que empezó a trabajar en mayo de 2017 y finalizó su trabajo en diciembre de 2018.
Pero el año pasado fue el de más investigadoras: se aprobaron la que indagó irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado y en el frustrado proyecto de la regasificadora, así como la trató el espionaje militar. La última fue pedida por el Frente Amplio y el resto por la oposición, que contó con el apoyo del diputado oficialista Darío Pérez.
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