ONU pide que se “investigue y sancione” a los responsables por espionaje en democracia
El comité de Derechos Humanos recomendó varias medidas al gobierno.
El comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) emitió su informe final días atrás luego de analizar la situación en el país a partir de los informes que la delegación uruguaya presentó en Ginebra los días 30 de junio y 1º de julio junto a documentos de organismos y de la sociedad civil.
En sus conclusiones hubo fuertes cuestionamientos y planteos concretos de medidas que debe adoptar el gobierno. Una de ellas apunta a la reciente causa judicial por hechos de espionaje en democracia. El organismo dice que el Estado “debe investigar y sancionar a los responsables del sistema de espionaje militar y policial en tiempos de democracia” y “difundir los resultados de las investigaciones”.
Entre sus otras apreciaciones el comité dijo que le “preocupa” la “vulnerabilidad y persistente discriminación estructural” que existe“ contra las personas afrodescendientes e indígenas, en particular las mujeres y niñas, en el ámbito educativo, laboral, de la salud y la vida pública” que “se evidencia en términos de pobreza y exclusión social”.
Ante esa situación, le pide al Estado “adoptar y poner en práctica a la mayor brevedad posible el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación”. Y que tome “medidas urgentes” para garantizar que se cumpla la cuota del 8% anual en la participación educativa y laboral de afrodescendientes.
Por otra parte, el organismo advierte que si bien hubo avances para atender la problemática de la violencia basada en género, “no se ha asignado el presupuesto necesario par ala implementación efectiva” de lo que dispone la Ley de Violencia hacia las mujeres, “especialmente en lo relativo a brindar asesoramiento, sitios de refugio y asistencia a las víctimas”.
En relación a las personas privadas en libertad, ONU apoya el plan de rehabilitación que promovió el comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit. En particular, plantea la necesidad de “reducir el hacinamiento, priorizar las medidas alternativas, priorizar las medidas sociales y educativas no privativas de libertad para las mujeres por delitos no violentos, investigar fehacientemente las muertes en prisión e impulsar el Plan de Combate a la Reincidencia y en favor de la Rehabilitación”.
Por último, el comité pide “modificar urgentemente” el artículo 91 del Código Civil para “elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años sin distinción de género”.
En julio de 2025 Uruguay deberá presentar un informe detallando el avance en los cumplimientos sobre las observaciones hechas por Naciones Unidas.
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