Ministerio del Interior dispuso investigación tras nueva denuncia por caso Carrera

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El Ministerio del Interior iniciará una investigación interna para indagar en el uso que dio el senador Charles Carrera y su familia al Hospital Policial en los años en que fue director general de Secretaría de la cartera de seguridad (2010-2017).

La decisión de tomar esa medida fue del propio ministro Luis Alberto Heber, luego de que El País informara ayer que la exesposa del hoy senador se atendió en el hospital entre 2010 y 2012, cuando en teoría ese centro de salud solo presta servicios a policías y sus familiares.

“Al ver la noticia, vamos a instrumentar una investigación administrativa sobre el tema”, dijo Heber a El País. Hoy, asimismo, el asunto será abordado por la cúpula de la cartera, en una reunión en la que ya comenzará a “analizarse” la situación y los pasos que se darán a continuación, dijeron otras fuentes de la Secretaría de Estado.

Toda esta situación representa un duro frente de batalla entre oficialismo y oposición que tendrá varios capítulos más, como se desprende de diversas declaraciones públicas y del hecho de que Interior hará una demanda civil contra Carrera por haber autorizado en 2012 que un civil baleado se atendiera también en este hospital y recibiera además tickets de alimentación durante unos tres años, situación que además espera el desenlace en la Fiscalía.

Las acusaciones mediáticas tienen un tenor similar de un lado y otro: mientras para el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, esto sigue siendo “humo para tapar lo intapable, que es haberle dado un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset”, para el oficialismo constituye una irregularidad hacia la que se irá a fondo.

Por lo pronto, este tema estará arriba de la mesa en la reunión de bancada del Partido Nacional de hoy lunes. “Esto es como una caja de Pandora”, dijo el senador blanco Sebastián Da Silva, al tiempo que Jorge Gandini destacó el descargo que hizo el propio Carrera en Twitter, porque entiende que se cumplió el refrán que reza “el pez por la boca muere”. El dirigente del MPP sostuvo allí: “El ministro Heber tiene una obsesión y no es la seguridad, es un Senador Opositor. Todas las autoridades y familiares directos se atendían en el Hospital Policial. No habilité a nadie. No tenía potestades para ello. Fiscalía laudará”.

“Allí reconoció que efectivamente estuvo internada su esposa”, dijo Gandini, quien agregó: “La verdad es que esto provoca la necesidad de una investigación, porque aparentemente esto sucedió más veces”, y agregó que la impulsará a nivel parlamentario.

Fernando Pereira, por su parte, lamentó que, a su criterio, “se amplifiquen cosas que son de normalidad”, y que eso se haga “metiéndose con la familia de las personas”. “Eso nosotros no lo hemos hecho nunca, no son las reglas del juego”, reclamó el presidente de la coalición de izquierda, e insistió en que “se está entrando en descalificaciones que son intolerables y quebrando una línea de diálogo entre los partidos políticos”.

Carrera, en tanto, no atendió las llamadas que hizo El País ni respondió los mensajes.

Ahora bien, lo último que se supo del caso despertó preguntas relativas al marco legal desde el que se puede o no habilitar a un familiar de un funcionario civil del Ministerio del Interior a ser atendido por la sanidad policial, y qué tan extendida estaría esa práctica en la cartera en las otras gestiones.

¿Qué dice la legislación? Hay al menos tres normas, según consignó ayer El Observador. Una ley de 1967, en cuyo artículo 40 establece que “el servicio de Sanidad Policial (...) atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario”, además de la comunidad policial.

Luego hubo otra, de 1974, que es más precisa: señala que los servicios del Hospital Policial son para el “personal policial en actividad y en retiro”, además de los familiares de los funcionarios, pero no hace referencia al personal civil. Y, por último, está un decreto emitido durante la gestión de Bonomi que precisa que los “concubinos” también están incluidos.

Durante el último gobierno, de hecho, y de acuerdo a la versión del entonces subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, “el director del hospital tenía la potestad de autorizar la atención de funcionarios no policiales”. Y que esa era “una disposición establecida desde antes” de que Bonomi asumiera el cargo en 2010, dijo el exjerarca en diálogo con El País.

Sin embargo, más allá del alcance normativo, lo cierto es que en la mayoría de los casos las gestiones ministeriales se abocaron a una interpretación estricta de la ley.

Integrantes del equipo de gestión de la exministra Daisy Tourné (2007-2009) señalaron que “nunca hubo familiares de funcionarios civiles que se atendieran en el hospital”, bajo el entendido de que eso no sería correcto.

El ministro anterior a Tourné, el también frenteamplista José Díaz, aseguró que en su gestión (2005-2007) “no se innovó” y “se siguió lo que decían los funcionarios de la dirección del hospital”, pero ante la pregunta concreta acerca de si familiares de funcionarios civiles se atendieron en el centro de salud, dijo no recordarlo.

Los exministros Juan Andrés Ramírez (1990-1993) y Guillermo Stirling (1998-2004), blanco y colorado respectivamente, negaron que hubieran habilitado el uso del hospital para personal que no fuera de la Policía o familiares de uniformados. “De por sí interpretaba que el Hospital Policial tiene como objetivo atender a policías, a quienes además se les descuenta una parte del salario”, señaló Stirling. Y agregó que no conoce “otros antecedentes además del de Carrera”.