DEBATE DEL ANTEPROYECTO

La ley de urgente consideración prorroga decisión de los “cincuentones”

El anteproyecto amplía el plazo en el que éstos pueden tomar la decisión de abandonar las AFAP y pasar a percibir haberes jubilatorios solo a través del BPS.

Movilización de los cincuentones en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli
En su momento, los cincuentones obtuvieron una victoria que ahora podría ampliarse. Foto: Darwin Borrelli

El anteproyecto de ley de urgencia que el Partido Nacional presentó a sus socios de la coalición introduce modificaciones al mecanismo aprobado para contemplar la situación jubilatoria de los denominados "cincuentones", ampliando el plazo en el que éstos pueden tomar la decisión de abandonar las AFAP y pasar a percibir haberes jubilatorios solo a través del Banco de Previsión Social (BPS) hasta el mismo momento de acogerse a la jubilación.

El artículo 357 de la iniciativa modifica el artículo 5 de la ley 19.590 que fijaba los plazos en los que los cincuentones podían acogerse al mecanismo de pasarse al BPS, los cuales ya expiraron. Según la modificación propuesta ahora este se extendería ahora hasta el momento de solicitar la jubilación.

La modificación es la siguiente: “A los efectos de ampararse a lo previsto en el artículo 1° de la presente ley (desafiliación del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio), la solicitud de asesoramiento preceptuado en el artículo 3° (el asesoramiento del BPS a los interesados) podrá efectuarse hasta el momento de solicitar la jubilación. Podrá ejercerse la opción incluso por quienes habiendo recibido el asesoramiento de la presente ley, no hubieran optado por desafiliarse del régimen de ahorro individual obligatorio. Las personas que fueran declaradas incapacitadas absoluta y permanente para todo trabajo -de acuerdo a lo previsto por el artículo 19 de la Ley 16.713, de 3 de septiembre de 1995, y sus modificativas, podrán recibir el asesoramiento preceptuado en el artículo 3° de la presente ley también a partir del momento de dicha declaración de incapacitación”.

El socio de la consultora Exante, Pablo Rosselli, calificó la decisión de “inexplicable” en su cuenta de Twitter y opinó que va “a contrapelo de la reforma de seguridad social que se encomienda en otro artículo” del mismo anteproyecto.

El especialista agrega que “potencialmente agrava el costo de la Ley de Cincuentones... una ley inconveniente y profundamente injusta, como señalé en su momento”.

Aprobación parlamentaria.

La solución reclamada por los “cincuentones” -personas que tenían menos de 40 años en 1996 cuando empezó a regir el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP y se les permitió volver al régimen previo- que generó un ahorro a las arcas del Estado al momento de su aprobación, pero más gasto a futuro fue sancionada en diciembre del año 2017.

En la Cámara de Diputados la iniciativa tuvo el apoyo de la bancada del Frente Amplio, Unidad Popular y varios legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, con un resultado de 67 votos a favor sobre 83 presentes en sala.

En la Cámara de Senadores el proyecto fue aprobado con los votos de los 16 senadores del Frente Amplio más cuatro de la oposición (20 en 29 legisladores presentes). Los cuatro senadores de la oposición que votaron la ley fueron Jorge Larrañaga, Guillermo Besozzi, Carlos Camy y Daniel López Villalba (suplente de Verónica Alonso), todos del Partido Nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas estimó en 4% del PIB el costo de esta operación (en valor presente neto calculado sobre los próximos 30 años).

Polémica en el FA.

Al interior del Frente Amplio se generó una polémica en torno al costo efectivo de la decisión.

En la etapa previa a la redacción del proyecto que se aprobó, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, cargó contra el equipo económico al afirmar que en el tema de los cincuentones “hay mucho terrorismo de cifras”, señalando que “hay que respetar el compromiso que asumió el presidente de la República” con la solución para ese colectivo, y rechazó cambios en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Trabajo aseguraba que el costo del proyecto es de US$ 2.550 millones, pero el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, ratificó que en su cálculo llegará a los US$ 3.648 millones. Ahora se valor podría ser incluso mayor.

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