DECLARACIÓN DE HEBER Y FERRÉS

En la Fiscalía el gobierno dice que el accionar del Frente Amplio en el puerto fue “ilegal”

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, declararon por el acuerdo con Katoen Natie.

Rodrigo Ferrés. Foto: Leonardo Mainé

El exministro de Transporte y hoy de Interior, Luis Alberto Heber, y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, no ahorraron críticas a la administración del Frente Amplio en el puerto de Montevideo en sus declaraciones vertidas ayer en la Fiscalía.

Ambos jerarcas, quienes declararon en calidad de indagados, debieron explicar sobre la concesión otorgada por el gobierno a la compañía belga Katoen Natie/Terminal Cuenca del Plata en el marco de una denuncia penal presentada por el Frente Amplio sobre eventuales irregularidades en dicho negocio. Una de las cuestiones que objeta la coalición de izquierda es si el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, podría brindar o no un asesoramiento al Poder Ejecutivo sobre dicho acuerdo con Katoen Natie sin pasar por el Directorio del organismo.

Tanto la declaración de Heber como la de Ferrés coincidieron en varios puntos: que fueron avisados por el secretario del gobierno anterior, Miguel Toma, que el país debía negociar con Katoen Natie para evitar un arbitraje internacional por un incumplimiento en la terminal especializada de contenedores; que Montecon operaba en los muelles públicos y movía un 60% más de contenedores que en la terminal especializada de contenedores, y que esta empresa no pagaba cánones que sí lo hacía la compañía belga.

Las negociaciones

“Los contactos con Toma se hicieron durante la transición (entre un gobierno y otro). No era el doctor Toma quien nos señalaba que debíamos negociar con Katoen Natie. Era el gobierno anterior quien nos advertía del problema”, dijo Heber en la Fiscalía según supo El País de participantes del encuentro.

Al recibir la información brindada por Toma, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, armó un equipo de trabajo constituido por Ferrés y Heber -ocupaba la cartera de Transporte en aquel momento-. A esos jerarcas se sumaron el viceministro de Transporte, José Luis Olaizola y Juan Curbelo, ambos con experiencias en la gestión de puertos. En el grupo, Ferrés era el encargado de los asuntos jurídicos en las negociaciones con los representantes de Katoen Natie.

En su declaración ante el fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez y la abogada en representación del Frente Amplio, Laura Robatto, Heber señaló ayer que, cuando se reunieron con los representantes de Katoen Natie, se encontraron con la “buena voluntad” de los empresarios belgas.

El jerarca enumeró los objetivos políticos del gobierno en esas tratativas con Katoen Natie: evitar un juicio por US$ 1.500 millones y el posterior congelamiento de las inversiones de dicha empresa en el puerto; el Estado continuara recibiendo el pago de dividendos de parte de esa compañía y que ésta siguiera invirtiendo en la terminal capitalina. “Con el acuerdo, nos transformamos en un “puerto hub”. Un 50% de la operativa se destinaba al mercado interno y el otro 50% al mercado externo (movimiento de mercaderías de la región) compitiendo con Buenos Aires”, dijo Heber. Y agregó que el interés del gobierno no estaba en aumentar el movimiento interno sino que los clientes externos crecieran en un 70%.

Para Heber, con este acuerdo, Montevideo “terminó ganando” la lucha histórica con el puerto de Buenos Aires. “Ellos no pueden dragar el Río de la Plata a más de 11 metros porque las corrientes de los ríos inundan los dragados”, expresó.

Al igual que lo diría Ferrés un poco más tarde, Heber apuntó hacia Montecon al señalar que, durante las administraciones frenteamplistas su accionar “era irregular”, porque se trataba de una empresa que pagaba una tarifa de almacenamiento y, sin embargo, se realizaba carga y descarga de contenedores en los muelles públicos. Y agregó que Montecon “incumplía” la Ley de Puertos porque movía el 60% de los contenedores en los muelles públicos, mientras que Katoen Natie/TCP operaba el 40% de los contenedores en la terminal especializada para cargas y descargas de recipientes.

“Creo que hay que realizar una auditoría en el Puerto. Una empresa que paga una tarifa de almacenamiento, no puede operar una terminal. Lo hace con menos costos. No paga canon”, señaló el ministro Heber según las fuentes.

En otro tramo de su declaración, Heber señaló que el gobierno tomó la decisión de acordar con Katoen Natie en base a un informe jurídico elaborado por Ferrés. “Tabaré Vázquez llegó a un entendimiento con Petrobras sin ningún informe jurídico. Ambas partes se pusieron de acuerdo y está bien. No cuestionamos eso y no llevamos ese tema a la Justicia”, afirmó.

De todas formas, al finalizar su declaración, Heber volvió a apuntar contra Montecon: “Hay una notoria irregularidad en los muelles públicos. La empresa firma contratos por 90 días y luego rubrica otros acuerdos con empresas navieras por un año o dos. ¿Cómo es eso posible?”, se preguntó.

"Ilegítimo"

Acompañado por su abogado Paul Pereira Schumann, Ferrés dijo antes de ingresar a la Fiscalía: “Vengo a dar información sobre una irregularidad manifiesta de la administración anterior”.

A su salida se explayó y planteó que las administraciones anteriores del Frente Amplio mantuvieron una “situación ilegal e irregular” en el puerto “permitiendo funcionar a una empresa fuera de la ley”.

Durante su declaración, el prosecretario de Presidencia de la República señaló que apenas fue nombrado por Lacalle Pou para integrar el equipo que iba a negociar con Katoen Natie, enseguida se dio cuenta de “una serie de reclamos” de una compañía que “tenían asideros”, porque veía que otra empresa -Montecon- prestaba los mismos servicios en el puerto de Montevideo sin tener un título habilitante por la Ley de Puertos sino que funcionaba bajo un decreto de almacenaje de naturaleza tarifaria. “Para mí eso como abogado era ilegítimo”, dijo al fiscal Rodríguez.

Y enseguida profundizó su concepto: “Hay una empresa que funciona con una concesión, permiso, autorización y la aprobación del Poder Ejecutivo (Katoen Natie). Y yo sé y tengo el dato de que hay otra empresa (Montecon) que no está operando con el título habilitante que establece la ley para mí eso es ilegal”.

Ferrés señaló en la Fiscalía que cuando estudió el tema “vio un desequilibrio” porque no estaba frente a dos empresas que hubieran ganado licitaciones y eran ambas concesionarias. “Yo veía que una (Katoen Natie) sí cumplía con la Ley de Puertos y otra (Montecon) que no. Entones para mí eso ya era un vicio jurídico. Y para mí eso era un riesgo sustancial en un futuro arbitraje en Washington” que iniciara la compañía belga”, testificó ante el fiscal Rodríguez.

“No hay un monopolio en el puerto capitalino”

En su declaración en la Fiscalía, el ministro Luis Alberto Heber afirmó que “no hay una monopolio” sino una “referencia” de una empresa en el puerto de Montevideo. De esa forma, el jerarca se refirió a que Katoen Natie/TCP tiene prioridad en las operativas de cargas y descargas en la terminal especializada de contenedores ante los servicios que brinda Montecon en los muelles públicos. “Somos esencialmente antimonopolios. Incluso cuestionamos a los monopolios públicos”, explicó. Heber recordó que la compañía chilena Neltume Ports, una de las accionistas de Montecon junto con la canadiense ATCO, opera una terminal en Chile. “Allá está bien que opere una terminal, pero la de acá es mal vista por Montecon y sus accionistas”, dijo.

El aval

Un punto neurálgico de la denuncia del Frente Amplio es si el presidente de la ANP, Juan Curbelo, podía asesorar por sí mismo al Poder Ejecutivo a que llegara a un acuerdo con Katoen Natie o, en cambio, el jerarca debería plantear el tema en el Directorio del organismo y éste emitir una opinión. Ferrés, que se especializó en Derecho Administrativo, señaló en la Fiscalía que el presidente de un ente puede pedir asesoramientos directamente y que éstos no pasen por el Directorio salvo que el reglamento de ese organismo establezca expresamente que las opiniones necesitan el apoyo de tantos miembros.

“Yo creo que en el Directorio de la ANP o de cualquier otra entidad pasan aquellos asuntos por los cuales se va a dictar un acto administrativo, una resolución o se va a aprobar determinada cuestión jurídica”, dijo Ferrés.

Y recordó que durante la administración anterior, el entonces presidente de la ANP, Alberto Díaz, firmó informes asesores sin que éstos pasaran por el Directorio para su aprobación.

Mientras Heber y Ferrer declaraban en la Fiscalía, unos 50 funcionarios de Montecon se movilizaron con carteles que cuestionaban el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie.

Uno de los carteles de los trabajadores señalaba: “Jefas de hogar en la calle por un mal acuerdo”.

Y otro indicaba: “Heber, ¿dónde están los puestos de trabajo para las familias de Montecon?” Diego Larrieux, vocero de dicho sindicato, apuntó que Heber “desconoce totalmente, en forma técnica, lo que firmó”. En diálogo con Telemundo, Larrieux dijo que desde el 20 de mayo 108 trabajadores de la firma fueron enviados a seguro de paro.

Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Foto: Presidencia de la República
Ministro Heber: “Hay concesiones por 100 años”

"En el mundo hay concesiones de puertos por 50 y 100 años. Eso ocurre porque las inversiones de las empresas son muy grandes. En Barcelona hay una concesión por 99 años. Es raro que se cuestione acá lo que se da en otros lados”.

Rodrigo Ferrés. Foto: Leonardo Mainé
Rodrigo Ferrés: “Era lógico planteo de Katoen”

"No se puede operar por un decreto de almacenaje o de tarifas, Al final del día sucedía que la empresa sin concesión (Montecon) manejaba la mayoría del mercado de contenedores de Uruguay. Veía una lógica jurídica en el reclamo de Katoen”.

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