Ejecutivo falla a favor de Jorge Díaz: dice que no cometió abuso en sanción a fiscal en 2019
Tras ser sancionada por el Fiscal de Corte, una fiscal presentó un recurso de revocación y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo que “no hubo abuso de poder”.
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El prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, rechazó un recurso presentado por la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, contra una sanción resuelta por el fiscal de la Nación, Jorge Díaz, en 2019. Por ende, el Poder Ejecutivo respaldó la sanción.
La resolución firmada por el prosecretario, a la que tuvo acceso El País, sostiene que el fiscal no incurrió “en abuso de poder” ni de “autoridad”.
La fiscal fue sancionada por “inconducta funcional”. Los hechos concretos cometidos por Fleitas no se hicieron públicos. Sí se sabe que por estos Díaz la suspendió en la función por cuatro meses y 20 días, con privación de medios sueldos.
En una primera sanción, el fiscal Díaz le imputó a Fleitas un agravante. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que no se podía incluir el agravante porque no había existido reincidencia. Entonces, el fiscal armó una nueva resolución que sancionaba a Fleitas pero sin el agravante.
En una primera instancia, Fleitas presentó un recurso de revocación y anulación contra la resolución de Díaz. Argumentó que el fiscal “no cumple ni respeta” un fallo anterior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por los siguientes motivos:
1) Le impone una sanción cuando ya ha caducado el procedimiento disciplinario que la origina.
2) No se expide sobre la falta cometida pasible de sanción.
3) No establece la graduación de la falta administrativa ni mucho menos la conducta desplegada por la fiscal Fleitas.
4) El monto de la pena impuesta es desproporcional.
El 10 de setiembre de 2019, la Fiscalía de la Nación desestimó el recurso de revocación de Fleitas. Pero como la anulación del caso es una potestad del Poder Ejecutivo, Díaz elevó el expediente a Presidencia de la República. Por eso, el prosecretario Ferrés debió expedirse sobre el reclamo.
El lunes 21 fue que el prosecretario emitió la resolución que advierte que “no le asiste razón” a la fiscal. Además, el jerarca recordó que la normativa vigente dispone que los procedimientos se clausuren solo en caso de que el Estado no se pronuncie sobre el fondo del asunto en un plazo de dos años.
Tras señalar que el Estado se expidió sobre el tema dentro de dicho plazo, Ferrés expresó que el tiempo transcurrido posteriormente no responde a inercia ni inactividad sino a la tramitación del proceso de nulidad en Presidencia de la República.
Sostuvo que de acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Gobierno y la Asesoría Jurídica de Presidencia de la República “no surge” de las actuaciones prueba que determine desviación, abuso o exceso de poder por parte de la Administración.
La resolución del Poder Ejecutivo no cierra el expediente. Fleitas presentó otra vez el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, el dictamen del Poder Ejecutivo es extemporáneo, porque el expediente en el TCA está en la etapa de los alegatos y luego pasará a hacer analizado por cada ministro.
Crítica con la gestión de Díaz.
Fleitas, actual fiscal de Rosario, ha sido muy crítica con la gestión de Díaz. Junto con otras cinco fiscales presentó el 19 de noviembre de 2020 un recurso de anulación contra un concurso para fiscal de Montevideo dispuesto por este.
El concurso tiene como objetivo formar un orden de prelación, es decir, una lista de diez personas para cubrir las vacantes en los cargos de fiscales de Montevideo que surjan en los próximos dos años.
Fleitas, por otro lado, reclamó al Estado $ 4 millones y US$ 40.000 por perjuicios ocasionados por dos resoluciones firmadas por Díaz, que fueron luego anuladas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Los fallos de ese organismo no son apelables.
Según Fleitas, las resoluciones de la Fiscalía de la Nación le impidieron concursar y no se le realizó la liquidación debida de haberes retenidos.
Las audiencias en la Justicia Civil se realizarán en febrero de este año.
La gestión de Díaz ha sido cuestionada desde la interna del sindicato de fiscales. El martes 22, se enfrentaron dos listas para dirigir el gremio. Ambas cuestionaban la sobrecarga laboral, las jornadas extenuantes y los cientos de casos que cada uno tiene carpeta desde la reforma del Código del Proceso Penal.
“Pasaron tres años y siguen los problemas de implementación”, dijo el candidato por la lista opositora, Raúl Iglesias.
En la Fiscalía de la Nación se sostiene que desde que se implementó el nuevo Código el organismo no ha recibido todos los fondos que solicitó.
El 4 de noviembre de este año, Díaz dijo que el presupuesto para Fiscalía es de $ 1.467 millones anuales, de ese total el 93 % son salarios y solo el 0,4 % son inversiones.
Preparados y recargados.
El lunes 28, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, afirmó a El País que los fiscales uruguayos “están muy preparados” en comparación con la mayoría de los defensores privados. “La Fiscalía viene a imponer su verdad, su relato, sus razones y a tratar de que el abogado quede rezagado o apabullado”, dijo Fagúndez. No obstante, reconoció que hay fiscales que tienen cientos de casos para investigar. “El sistema está recargado”, dijo el penalista.
Preparación de testigos: archivan denuncia
El 5 de agosto de este año, el exfiscal y abogado defensor, Enrique Viana, presentó una denuncia penal contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, por una “sospecha” que tienen “muchos profesionales del Derecho de que la Fiscalía General de la Nación prepara a los testigos” antes de que declaren en juicios. Viana, además, nombró a la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera.
En los juicios la Fiscalía propone testigos y en ocasiones la defensa también, entre otros medios de prueba. “La Fiscalía prepara a los testigos para esos juicios. Qué cosa contestar, qué no decir”, insistió Viana. Y agregó que hay una “instrucción” de la Fiscalía General de la Nación que “avala a los fiscales a que procedan de esta manera”, y que esta fue la que motivó su denuncia.
El caso pasó a la fiscalía de Enrique Rodríguez, que trata sobre delitos cometido en la Administración Pública. Tras una investigación, Rodríguez concluyó que la Instrucción General N° 5 de la Fiscalía “no mandata” a los fiscales a efectuar una preparación ilícita de testigos, ni “tampoco se desprende” de la carpeta investigativa que Viera hubiera actuado en ese sentido en forma indebida. La denuncia se archivó.
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