Los desafíos y zonas grises que el Ministerio de Trabajo debe resolver para reglamentar el teletrabajo

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Teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a distancia, virtualidad, home office. El concepto es el mismo: son sinónimos que hoy forman parte del léxico cotidiano, que integran el vocabulario de gran parte del mercado laboral, y que aluden a un cambio cultural en proceso pero que se aceleró en el mundo desde que “coronavirus” fue la palabra más buscada durante 2020 y cambió la vida a todas las sociedades.

Ese cambio cultural, que viene gestándose en Uruguay desde hace más de 10 años, se encuentra desde el martes pasado amparado por una ley que reguló por primera vez el teletrabajo. La norma marca reglas básicas, define la actividad y sienta principios, derechos y obligaciones para todas las partes.

Sin embargo, ahora se abre un largo camino de incertidumbres e incógnitas cuyas respuestas irán develándose en el andar, y que hoy preocupan tanto al gobierno como al sector empresarial, todos atentos a la reglamentación de la norma que deberá elaborar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que tendrá que adecuarse a una realidad que no termina de explorarse a fondo.

Algunas de las preguntas que surgen en ese sentido fueron abordadas ayer en un conversatorio organizado por la firma CPA Ferrere, que llevó por nombre “Trabajar en un modelo híbrido: grandes retos para las empresas”, porque el teletrabajo tampoco llegó para sustituir la presencialidad en las oficinas, sino para combinar modalidades.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres -invitado al evento junto con el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Daniel Sapelli, y la senadora colorada Carmen Sanguinetti (impulsora de la nueva ley)- fue el primero en tomar la palabra, para referirse de entrada al decreto reglamentario que en su cartera ya están preparando.

El texto deberá resolver dos asuntos que hoy “generan más preguntas que respuestas”, adelantó el secretario de Estado: cómo deberán hacerse las inspecciones laborales y de qué forma interpretar ahora los accidentes que sufran las personas en sus casas mientras trabajan.

“La inspección laboral tiene una complejidad obvia y es que el teletrabajo en la mayoría de los casos se realiza en el domicilio de las personas y el domicilio tiene una restricción legal que todos conocemos”, dijo Mieres. Esa restricción reside esencialmente en el hecho de que para entrar a la casa del trabajador deberá contarse con previa autorización. Será fácil, ilustró, cuando el control sea requerido por parte del empleado a raíz de una denuncia, pero no tan sencillo cuando sea una petición de la empresa para confirmar el cumplimiento de protocolos y requisitos -como por ejemplo, que la compañía haya suministrado todos los materiales e insumos necesarios.

“El otro tema, que es una cosa más compleja, es dónde está el límite entre el accidente laboral y el accidente doméstico, que tiene consecuencias”, reflexionó Mieres.

La senadora Sanguinetti, promotora de la iniciativa que es ley a pesar de no haber contado con los votos del Frente Amplio, recordó durante el evento -del que participó en forma virtual- que la norma trató de evitar la emulación de otras legislaciones, como la argentina. Esta, sostuvo, tiende a “encorsetar” la regulación de la actividad y genera el efecto contrario: la desestimulación de la nueva modalidad laboral, que llegó para quedarse. “Queríamos que la ley fuera mínima, que garantizara derechos y obligaciones”, sostuvo.

A su turno, Sapelli dijo que esa necesidad sigue vigente de cara a la reglamentación, la que reconoció que espera con “un poquito de miedo”. “Si es demasiado complicada, el empresario agarra y dice: no hacemos teletrabajo”, dijo. Y mencionó por último que sigue habiendo zonas grises que solucionar, como los aportes que pueden hacer quienes estén fuera del país, pero trabajen en Uruguay. “Es un tema a resolver”, señaló.