Los desafíos que tendrá la coalición después de la LUC

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Está claro que hoy en la coalición de gobierno no hay otra prioridad que no sea la defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que serán ratificados o impugnados en el referéndum del 27 de marzo.

También está claro que eso implica que cuando el receso legislativo se levante, y el Parlamento vuelva a sesionar el 1º de marzo, el oficialismo no promoverá la aprobación de grandes proyectos de ley -salvo que ocurran situaciones de emergencia, como sucedió la semana pasada con la norma que marcó las pautas de la distribución de socios y funcionarios de Casa de Galicia- que puedan desgastar las necesarias para la campaña, y mucho menos que puedan arrastrar a la coalición a discusiones internas que erosionen la unidad en un momento clave.

Es una tregua que desde hace tiempo se sabe que imperará al menos hasta fines del primer mes de este segundo año de la legislatura 2020-2025, y que naturalmente se levantará luego del “día D” marcado en el calendario por todos los socios de la alianza gobernante. Pero entonces vendrá otra etapa -saben en el oficialismo-, porque este 2022 parlamentario estará signado por la superación de dos grandes escollos. Es que al del referéndum se agrega la superación, en su etapa crítica y en sus repercusiones económicas, de la emergencia sanitaria.

Por lo tanto, en el Partido Nacional, pero también en los socios del gobierno de Luis Lacalle Pou, ya hay quienes piensan en las claves propias que tendrá esta etapa. Y una de las primeras cosas que ya tienen presente los blancos es la Rendición de Cuentas, “el gran tema del año”, según resumió una fuente nacionalista.

Es que, mal o bien, en el partido de gobierno son conscientes de que el 2024 -año electoral- comienza a estar más cerca en el horizonte de todos los partidos. “Entramos en la mitad del mandato”, dicen. Y por eso estiman que “ministerios y dependencias gobernados por socios de la coalición van a pedir ser atendidos o lograr una mejora presupuestal”. El razonamiento que hacen algunos nacionalistas es que, a diferencia de la Rendición votada el año pasado, todavía con la incertidumbre de la evolución de la pandemia y su impacto económico, la perspectiva que se abre ahora en ese sentido es distinta, lo cual deja el camino abierto a reclamos por aumento del gasto con aspiraciones políticas.

"Es importante el análisis de algunos cambios impositivos"

Jorge GandiniSenador

Pero no es lo único. Más de un socio recuerda que sobre la mesa estará la discusión de la reforma de la seguridad social, que ya cuenta con la entrega del informe con las recomendaciones elaboradas por la comisión de expertos, y ahora será el Ejecutivo el que se embarque en la elaboración de un proyecto de ley que debatirá el Parlamento en un futuro medianamente próximo. Es un tema harto complejo. Y por más que llegue con conclusiones consensuadas en el sistema político, el asunto puede siempre tener ribetes parlamentarios, con desacuerdos y largas negociaciones.

Luego estarán aquellas iniciativas ya presentadas por los partidos -algunas solo anunciadas- que también se espera sean abordadas -o continúe su abordaje- este año.

En el radar de los colorados, por ejemplo, está el proyecto que plantea la desmonopolización de Ancap, una iniciativa que en realidad pertenece tanto a Germán Coutinho como al nacionalista Sebastián Da Silva, pero que el primero destaca como parte de la agenda de su partido. “También tenemos un compromiso de buscar soluciones para la frontera, principalmente para los problemas generados por las diferencias cambiarias”, dijo Coutinho.

Entre los blancos también hay propuestas distintas según los sectores. Y una que estará presente será la reforma de algunos aspectos de la estructura impositiva, una preocupación del senador y líder de Por la Patria, Jorge Gandini.

“Es un planteo sin ningún afán de protagonismo, que tiene que pasar primero por el gobierno, pero que en la medida que la economía crezca tiene que estar arriba de la mesa”, dijo el legislador a El País. Y apuntó específicamente a los impuestos del IRPF y el IASS, que grava las jubilaciones. “Es importante la distribución y el análisis de algunos cambios impositivos”, adelantó.

Cabildantes

Por el lado de Cabildo Abierto, las prioridades tienden a ser las mismas que en 2021. Y sus legisladores las repiten como quien lee una lista de cosas sabidas. Una vez que la batalla por la LUC esté en el pasado, volverán a apretar el acelerador a proyectos como el que plantea la prisión domiciliaria para los presos que tengan más de 65 años, y que ya significó un dolor de cabeza para la coalición, pues no todos están alineados ni cómodos con la polémica pública que se ha suscitado, ya que la iniciativa favorecería por la vía de los hechos a los procesados y condenados por delitos cometidos en la dictadura militar.

La lista de los liderados por el senador Guido Manini Ríos sigue con la iniciativa que busca compensar y resarcir económicamente a las víctimas de los grupos armados que actuaron en los años ‘60 y ‘70; con el proyecto de ley que buscar reestructurar la deuda de las personas físicas -que afecta a mucha gente que está acuciada por montos impagables debido a créditos usureros-, y atender el problema de los deudores del Banco Hipotecario que deben cifras millonarias en Unidades Reajustables.

También, entre las aspiraciones de Cabildo Abierto, está la aprobación de la iniciativa que pretende instaurar la tenencia compartida o la corresponsabilidad en la crianza como principio normativo, una discusión que hasta el momento está trancada porque no cuenta con el apoyo de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado.

“Pensamos que todos estos proyectos van a poder avanzar este año”, auguró el senador cabildante Raúl Lozano.