Convocan a Bonomi al Legislativo por irregularidades en 3 cárceles
Los blancos critican la situación en Punta de Rieles, Comcar y Canelones.
Mientras en el Ministerio del Interior esperan los resultados de la investigación administrativa solicitada tras el motín ocurrido el 29 de junio en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), en el Partido Nacional decidieron citar al ministro Eduardo Bonomi al Parlamento para que explique no solo esta situación, sino una serie de irregularidades constatadas en la nueva cárcel "modelo" de Punta de Rieles y en el módulo 2 de la cárcel de Canelones.
Qué Pasa informó ayer que a seis meses de la inauguración de la primera cárcel construida bajo la modalidad público-privada ya hubo torturas, malos tratos, muertes violentas, sanciones arbitrarias y huelgas de hambre. Esta situación, sumada al motín ocurrido en el Comcar y a "condiciones precarias" de los reclusos constatadas por el propio Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit en el módulo 2 de la Cárcel de Canelones, llevaron al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala a convocar el jueves pasado a Bonomi a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario, confirmó ayer el legislador a El País.
Abdala espera la comparecencia del secretario de Estado, quien dirá presente luego de acceder a las conclusiones de la investigación administrativa solicitada tras el motín en el módulo 12 de la cárcel de Santiago Vázquez protagonizado por 33 reclusos tras un intento de fuga y en el que fueron tomados como rehenes tres funcionarios policiales.
Abdala dijo a El País que "hay un tema muy delicado porque había una situación muy compleja en el módulo 12 (máxima seguridad) y Petit sostuvo en un informe que nos hizo que sin duda es un sector en el que los tratos son crueles, degradantes e inhumanos porque hay situaciones de confinamiento prolongado. "Por ejemplo, prácticamente no salen al patio y no tienen recreación", explicó.
Pero por otro lado, Bonomi también deberá explicar la situación constatada en la cárcel de Punta de Rieles, centro en el que los reclusos realizaron una huelga de hambre hace una semana como medida de protesta por su régimen de alimentación: "a los internos no los dejan recibir comida de afuera", apuntó el legislador.
Para Abdala, "existe responsabilidad directa de Bonomi" ya que en una respuesta que le dio Petit, el comisionado le informó que las medidas en el ex Comcar fueron llevadas a cabo a pedido de "la superioridad ministerial" y que por lo tanto "las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) así como de la dirección de la cárcel no recomendaron las mismas".
Canelones.
La Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario también espera que Bonomi informe de la situación del módulo 2 de la cárcel de Canelones en la que, según Abdala, "también hay situaciones muy complejas desde el punto de vista de los derechos humanos" como la falta de espacios para la recreación y condiciones de reclusión muy precarias.
La semana pasada reclusos de la Unidad N° 7 de Canelones entregaron más de 90 cortes carcelarios a las autoridades luego de una serie de reuniones con las que se buscaba disminuir la violencia en el centro de reclusión.
Enfrentamiento.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi y el diputado blanco chocaron la semana pasada en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda al debatir sobre un artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas vinculado a la custodia policial a mujeres víctimas de violencia de género. En ese ámbito, Bonomi señaló que muchos custodias deben acompañar a víctimas a moteles o bailes.
Abdala rechazó las declaraciones del ministro y señaló que sus dichos eran "vulgares" y "agraviantes". Añadió que el secretario de Estado suele "analizar los temas por la patología". El artículo es el 83 del proyecto del Ejecutivo, por el cual se establece que para disponer de custodia policial ordenada por la Justicia, el Ministerio del Interior deba hacer un informe previo sobre si entiende que corresponde o no, lo cual en los hechos traslada una decisión que debe ser del Poder Judicial a la Policía. Un día después el Ministerio aclaró que la definición tendría varios pasos más.
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