Caso Astesiano: Presidencia prepara la comparecencia al Parlamento, que sería a mediados de este mes

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Lo que el gobierno tenía previsto para el tramo final de este año era enfocarse en acelerar reformas, leyes y proyectos centrales de la administración para empezar a mostrar resultados de gestión en la puerta del año preelectoral. Pero lo que no estaba en sus planes es la parada que tendrá en los próximos días en el Parlamento, cuando deberá dar explicaciones en torno al caso de la imputación de Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, implicado en una banda criminal que falsificaba pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva -además de contar con un legajo que tiene una treintena de anotaciones policiales.

En el medio de la votación por la Rendición de Cuentas, el Frente Amplio anunció ayer que convocará al ministro del Interior para dar detalles sobre un caso que tiene varias aristas, como por ejemplo la desaparición de los antecedentes del imputado en las planillas que Presidencia había solicitado en 2020 y 2021, asunto por el cual fue cesado un jerarca de la Policía y se continúa investigando en la órbita ministerial.

El convocante es el senador del MPP Alejandro Sánchez y la cita será al ministro Luis Alberto Heber en régimen de comisión general; pero también se incluyó al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Presidencia, Álvaro Garcé, como acompañantes del ministro, pese a que no tienen obligación de comparecer.

Desde el comienzo en el Partido Nacional ya estaba la disposición de acompañar casi que cualquier iniciativa que tome al respecto el Frente Amplio. De hecho, la coalición de izquierda terminó optando por un camino parlamentario más exigente que la propia interpelación, ya que para el llamado en comisión general se necesita mayoría absoluta, con lo cual necesitan sí o sí de los votos del oficialismo. Y así ocurrirá.

“Vamos a votar lo que propongan y luego escucharemos las explicaciones del gobierno”, dijo a El País un senador del Partido Nacional.

En el resto de los socios del oficialismo con representación en la cámara -el Partido Colorado y Cabildo Abierto- la disposición es acompañar lo que resuelva el Partido Nacional, pero también bajo el convencimiento de que es necesario generar una instancia de explicaciones por parte del Ejecutivo para esclarecer lo ocurrido. “El tema es más grande de lo que parecía”, reconoció un legislador colorado. Guillermo Domenech -en tanto-, senador y presidente cabildante, ya dio declaraciones públicas en las últimas horas en las que calificó al caso como “inexplicable”.

La determinación política de Presidencia es que ambos jerarcas comparezcan para aportar la información que se requiera. ¿Cuándo? Todavía no hay fecha, porque el partido de la oposición aún no presentó formalmente la moción, lo que se espera que suceda el martes próximo, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, desde el oficialismo se entiende que la convocatoria no se hará esperar y que los jerarcas comparecerán entre fines de la semana próxima y comienzos de la siguiente; es decir, a mediados de octubre.

En el Poder Ejecutivo ya se encuentran preparando las respuestas que se brindarán ante las interrogantes del Frente Amplio, que se esperan incisivas, de acuerdo al tono empleado hasta el momento por varios dirigentes de la oposición. Los calificativos del episodio no bajaron de “escándalo internacional” o de polémica que “desprestigia” la imagen de Uruguay (ver aparte).

En ese sentido, en las próximas horas se reunirán Ferrés y el ministro Heber para coordinar la estrategia discursiva, lo que incluirá, entre varios otros puntos, una mirada retrospectiva sobre el Servicio de Seguridad Presidencial, creado en la ley de Presupuesto de 2005, el primer año de gobierno del Frente Amplio. Aquella norma dispuso que este servicio dependiera directamente del prosecretario de Presidencia, que por entonces era Jorge Vázquez -hermano del entonces presidente Tabaré Vázquez-, y este tema estará arriba de la mesa durante el debate parlamentario, según supo El País.

La instancia, por otra parte, caerá en un momento de mucha actividad en el Parlamento, que afrontará, en la recta final de este 2022, dos procesos relevantes.

Por un lado, el debate implicado por la reforma del anteproyecto de la seguridad social, que el gobierno prevé enviar al Senado también en los próximos días, luego de recoger los planteos de todos los partidos y elaborar un texto articulado con los intereses de los socios del oficialismo.

Y, por el otro, la coalición tenía en agenda la votación de la comisión preinvestigadora para analizar el uso dado al Hospital Policial por parte de las autoridades civiles de los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, polémica suscitada a raíz de conocerse que la esposa del hoy senador Charles Carrera -por entonces director general de Secretaría de la cartera de seguridad- utilizó el centro asistencial entre 2010 y 2013. También motivó esta iniciativa el hecho de que se atendiera en este hospital un civil baleado en La Paloma en 2012, que recibió durante su estadía, además, tickets de alimentación.