Caso Alfie: ¿Arbeleche podría haber negado la exoneración tributaria?

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Discrecionalidad sí, arbitrariedad no. Así resumen algunos especialistas las posibilidades que tenía la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ante la solicitud de exoneración tributaria de Isaac Alfie. En otras palabras, la ministra podría haber tomado una decisión contraria, pero para hacerlo debería haber dado razones fundadas.

Hoy Arbeleche da explicaciones en Diputados sobre por qué firmó una resolución que beneficiaba impositivamente al actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para el Frente Amplio, como se sabe, el hecho está reñido con la ética y constituye “un claro conflicto de interés”, al punto que algunos legisladores, como el diputado socialista Gonzalo Civila (promotor de la interpelación), creen que tanto el jerarca de la OPP como la ministra deberían renunciar. El primero por no retirar la solicitud de exoneración una vez asumido su cargo; la segunda, por estampar su firma en la resolución afirmativa.

Pero, ¿tenía Arbeleche algún margen de oponerse? Varios contadores y abogados especializados en este tema consultados por El País opinaron al respecto, aunque casi todos ellos prefirieron preservar sus identidades por “las implicancias políticas del caso”, adujeron.

La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) se rige por indicadores establecidos en decretos posteriores a la ley 16.906, conocida como ley de promoción de inversiones. Son criterios objetivos que apuntan, justamente, a quitar discrecionalidad en la definición. Los especialistas entienden que la Comap tiene, por tanto, un rol esencialmente técnico, y que carece de espacio para la valoración subjetiva.

Sin embargo, el ministro no es un simple homologador de lo que resuelve la Comap. La discrecionalidad sí le cabe en este caso a Arbeleche, de quien depende la comisión.

Curiosamente, este asunto fue parte del litigio que entabló Aratirí contra el Estado uruguayo, y del que participó Alfie como especialista en la normativa de promoción de inversiones. En 2012 la Comap le negó el beneficio a la minera argumentando que había una ley en proceso referida al sector. El ministro del momento, Fernando Lorenzo, avaló esa decisión. En el juicio, Alfie argumentó que Aratirí calificaba para la exoneración de inversiones.

Antes de ir a la Corte Internacional, los dueños de la minera india reclamaron en la Justicia uruguaya. Y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se pronunció a favor del Estado uruguayo, también estableció que el Ministerio de Economía puede resolver más allá de lo que diga la Comap.

El tema es cuándo podría oponerse, y por qué motivos. “Si se entiende que la actividad no está alineada con la política económica del país”, responde uno de los especialistas.

Durante el juicio internacional Alfie dijo no conocer casos previos de denegación de beneficios. Los especialistas saben de uno con una tabacalera. Pero aunque nunca se hubiera hecho, advierten, eso no significa que el MEF no tenga la potestad de hacerlo.

Eso sí: la negativa no puede ser arbitraria, y hallar un argumento para rechazar la solicitud de Alfie no resulta fácil a los expertos. ¿Conflicto de interés por ser un cargo dependiente de la ministra? “Estaría más cerca de la arbitrariedad que de la discrecionalidad bien aplicada”, opina uno de los expertos. “Es más del terreno de la ética”.

Podría haber dos conflictos de interés, plantea otro de los entrevistados: que quien solicita el beneficio y quien tiene un rol en resolverlo son “equipo”; y por querer desarrollar su estudio contable y a la vez ejercer un cargo vinculado al rubro.

“Es delicado”, dice este especialista, “pero si uno forma parte del gobierno, ¿entra a un mundo en el que deja de tener beneficios?”, se pregunta.

Esto viene de la mano de una vieja discusión: si los políticos deberían estar inhibidos de la actividad privada. Legisladores abogados que mantienen su estudio, por ejemplo. La clave, dicen, es si eso puede configurar un conflicto de interés. Y en caso de que sí, transparentarlo.

El Código de Ética de la Función Pública (el mismo que se utilizó esta semana para señalar la inconveniencia de que Armando Castaingdebat permaneciera en el Mides) es la ley que regula estas situaciones. El senador frenteamplista Charles Carrera dijo a El País que el código prohíbe la coexistencia de tarea pública y privada en actividades vinculadas, lo cual a su juicio sucede con Alfie. Carrera agregó que tras la interpelación se evaluarán pasos a seguir, y no se descarta ir a la Justicia.

Para el profesor de derecho administrativo Adrián Gutiérrez, lo que se debe cuestionar es si hay conjunción del interés público y privado. En definitiva, si hay un “beneficio indebido”. Y no lo ve en el caso de Alfie.

“No visualizo con claridad un conflicto de interés, más allá del cargo que ocupa, dado que la resolución la toma la ministra”, alega. De todas formas, advierte que el mismo Código plantea que “en los casos de duda, no solo hay que serlo, sino también parecerlo”.