Carrera denunció a Heber por “persecución política” ante comisión interamericana de DD. HH.

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El senador del Frente Amplio Charles Carrera presentó ayer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta “persecución política” por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Carrera dirigió su denuncia a la presidenta del organismo internacional, Julissa Mantilla Falcón, “a los efectos de ponerla en conocimiento de la situación de persecución y hostigamiento” al que -según relató el dirigente del Movimiento de Participación Popular- se ve expuesto desde hace un mes.

En la carta, a la que tuvo acceso El País, Carrera señala que la persecución política que denuncia es producto de su actividad parlamentaria como integrante de la oposición, que lo tiene como protagonista en una denuncia penal y como uno de los legisladores más críticos con la política de seguridad que lleva adelante el ministro Heber.

En su alegato, Carrera detalla que el hostigamiento público comenzó pocos días después de encabezar “una de las denuncias de presuntos hechos de corrupción más escandalosas de este período de gobierno”. Eso en referencia a la extensión hasta 2081 de la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo a la multinacional Katoen Natie, asunto a estudio de la Fiscalía.

En su denuncia, Carrera aseguró también que el primer paso de la persecución contra él fue “instalar en la agenda pública” un hecho ocurrido diez años atrás -en 2012-, cuando él era director general de secretaría del Ministerio del Interior. Según el legislador, Heber “salió a buscar información” sobre él y “tergiversando los lamentables hechos, comenzó una campaña de hostigamiento” en su contra.

El senador se refiere a la información que semanas atrás publicó el programa Santo y Seña de Canal 4, y que lo involucra directamente: Carrera habilitó, cuando era jerarca de Interior, la internación en el Hospital Policial -más el pago de tickets de alimentación por más de tres años- de un hombre que por entonces había sido baleado en La Paloma (Rocha). Esto, más el hecho de que El País informara días atrás que la exesposa del senador también se había atendido en el Hospital Policial entre 2010 y 2012 -cuando ese centro de salud solo puede atender a uniformados- motivó que el oficialismo promoviera la instalación de una comisión investigadora en la Cámara de Senadores.

“Además -siguió Carrera en su alegato-, abusando de sus prerrogativas como ministro utilizó los servicios de la dirección de asuntos internos de la policía para pesquisar, investigarme y hacerme una persecución política. O sea, utilizó el servicio de un organismo de inteligencia de la policía cuya finalidad es investigar a policías que cometen irregularidades y no a políticos de la oposición”.

Para Carrera, el “hostigamiento mediático fue grosero, continuo y sistemático”, y criticó que la coalición de gobierno se alineara con Heber para presentar una denuncia en su contra.

“Si el Parlamento conformase una investigación para investigar mi persona, lejos de configurarse una acción de control por oposición del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, se produciría una cooperación entre poderes para pesquisar a un legislador que, además, integra un partido político opositor”, opinó.

Según Carrera, se ha violado la división de poderes e “indebidamente, Ejecutivo y Legislativo actúan como un solo centro de poder ejercido por la coalición de partidos de gobierno de forma abusiva”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe considerar que los deberes de diligencia estudiados a propósito de la obligación de garantizar los derechos a la vida, integridad y libertad, también se aplican a otros derechos cuando existan circunstancias que hacen exigible al Estado reforzar las medidas de prevención y protección, sea que la amenaza provenga de agentes estatales o privados”, agrega el texto de Carrera sobre el final, y solicita que se tome en cuenta su situación y se proceda de acuerdo a lo que la Comisión entienda pertinente”.

Junto a la carta, el legislador adjuntó “elementos probatorios que desarrollan los fundamentos invocados”, entre ellos las denuncias penales por el caso de la cesión del puerto y un listado de los pedidos de informe que realizó como senador.

A iniciativa de Charles Carrera -y del médico frenteamplista Federico Preve-, la Justicia condenó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a brindar información sobre la compra de más de 30 fármacos, realizada entre 2018 y 2021, además de detalles del stock de esos medicamentos.

El juez de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, Alejandro Martínez de las Heras -a cuya sentencia accedió El País-, fue quien determinó que hubo méritos suficientes para fallar a favor de los dos denunciantes, que habían presentado una acción de acceso a la información pública el 25 de mayo para acceder a los datos que el prestador estatal está ahora obligado a entregar.

El magistrado sostuvo que, al contestar la demanda de información, ASSE no objetó “la procedencia de la solicitud (...) ni ha catalogado a la información requerida como reservada, confidencial o secreta”, además de que “tampoco ha sostenido que la información solicitada no exista”.

El juez recuerda en ese sentido que los organismos del Estado solo pueden negarse a entregar información pública cuando esta tenga “el carácter reservado o confidencial”, en cuyo caso debe fundamentarse la determinación.

El pedido de acceso de Carrera y Preve había sido tramitado el 25 de mayo. ASSE dio entonces una respuesta, pero lo que entregó fue una información incompleta y sin procesar, a criterio de los demandantes.