FISCALÍA

Carolina Cosse: “Los US$ 40 millones eran el costo de la obra civil” del Antel Arena

Aludió que los restantes US$ 80 millones se invirtieron en la refacción del entorno del complejo, en equipamientos y también en tecnología.

Carolina Cosse. Foto: Leonardo Mainé.
Carolina Cosse. Foto: Leonardo Mainé.

Carolina Cosse no llegó sola a la Fiscalía. La intendenta de Montevideo y figura frenteamplista en carrera para una precandidatura presidencial, fue acompañada, en lo que fue toda una señal política, por el secretario general del Partido Comunista y expresidente de la coalición de izquierda, Juan Castillo, y por los principales jerarcas de la comuna.

Cosse ingresó a las 15 horas a la Fiscalía con el semblante tranquilo y una vestimenta sobria. Acompañada por el abogado penalista, González Fernández, la jefa comunal esperó unos 20 minutos en la sede porque el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, se encontraba en otra instancia judicial.

Al comienzo de una audiencia que duró una hora y 52 minutos, el fiscal Rodríguez explicó a Cosse y a su asesor legal la razón que lo llevó a cambiar su estrategia investigativa y comenzar así con la denunciada. Es que en otros casos -en la mayoría-, el fiscal acostumbra citar primero a los denunciantes y luego a los denunciados.

En esta ocasión, el fiscal Rodríguez trasmitió a Cosse y a su asesor legal que quería saber cómo surgió la idea original que llevó a que Antel construyera un complejo multifuncional; qué asesoramientos recibió para concretar dicha iniciativa y cuáles fueron las consultoras que participaron en la elaboración del proyecto. Es decir, el fiscal comenzó con un interrogatorio muy genérico a Cosse para conocer el origen de la obra.

La jerarca respondió que en mayo de 2010, cuando asumió como presidente de Antel, en algunos servicios y oficinas ya existía la idea de construir un escenario multimodal para realizar espectáculos públicos y promocionar la marca Antel.

Posteriormente, el fiscal Rodríguez se refirió a aspectos de la denuncia presentada por el directorio del ente. El escrito, elaborado por el penalista Gustavo Bordes, señala que una auditoría encargada a la firma Ecovis determinó, entre otras cosas, que la obra tuvo un costo de US$ 120 millones, lo que es exactamente el triple del valor comunicado en un inicio por la entonces presidenta de Antel.

La auditoría alertó la “existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”. Además, el informe jurídico de Ecovis señaló que “se vulneraron los principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración, en cuanto al respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar la máxima eficiencia en la actuación”.

En la Fiscalía, Cosse afirmó que ella publicitó el costo de la obra civil. “Los US$ 40 millones iba a salir el edificio”, dijo y aludió que los restantes US$ 80 millones se invirtieron en la refacción del entorno del complejo, en equipamientos y también en tecnología.

Además, señaló que Antel calculó un retorno de US$ 12 millones anuales, lo que llevaría a recuperar la inversión en un plazo de 10 años. Y recordó que, recién al cumplirse los 30 años del emprendimiento, la inversión va a pasar a ser administrada por la intendencia, que es dueña del predio, pues allí estaba el Cilindro Municipal.

En otro tramo de la audiencia de ayer, el abogado Bordes preguntó:

-¿Por qué Antel no compró un terreno de varias hectáreas en lugar de construir en el Cilindro Municipal?

-Saldría más caro. La intendencia nos ofreció eso y lo hicimos. Acá no hay intereses privados, todo queda en manos del Estado.

Contexto

Fue el 17 de abril de 2013 -durante el gobierno de José Mujica- cuando en la página de Presidencia de la República la jerarca se pronunció sobre la inversión que se pensaba realizar: “No son US$ 40 millones que se erogan este año. Este año la inversión será pequeña porque será fundamentalmente de planificación y comienzo de obra; el resto del presupuesto se va a distribuir entre el año que viene y el siguiente”.

Al iniciarse el segundo mandato de Tabaré Vázquez, en marzo de 2015, el gobierno decidió dejar la obra en suspenso. La decisión del fallecido líder frenteamplista generó algunas críticas, por parte de dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), del Partido Comunista y de la Vertiente Artiguista.

La única voz en sintonía con la del Poder Ejecutivo de entonces fue la de algunos representantes de Asamblea Uruguay que destacaron el freno a la obra como un mecanismo para “cuidar el resultado fiscal”.

Sin embargo, luego las obras se retomaron y el expresidente declaró que se finalizarían durante su período de gobierno. Finalmente, en noviembre de 2018, Vázquez y Cosse se unieron para cortar la cinta e inaugurar el Antel Arena.

Fiscal preguntó por compras directas durante edificación

Carolina Cosse defendió ayer en la Fiscalía a capa y espada el Antel Arena. Según señaló, la obra implicó un mejor posicionamiento de Antel ante Movistar y Claro. Dijo que se trató de una operación de marketing y destacó que hay 10 dictámenes jurídicos que sostienen que el ente puede construir un complejo multifuncional, lo que serviría para generar publicidad en cada espectáculo. “En otros países empresas de telecomunicaciones edificaron o auspiciaron escenarios deportivos, o para espectáculos públicos”, dijo. En otro tramo de la indagatoria, el fiscal Enrique Rodríguez le preguntó por las compras directas realizadas por Antel durante la edificación, las que fueron constatadas por un estudio de la consultora PriceWaterhouseCoopers. “Yo ya no presidía el ente en el momento de la construcción del Antel Arena”, respondió Cosse.

La jerarca también cuestionó la auditoría pedida por la actual administración de Antel. “Fue hecha por un militante”, expresó.

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