SOBRECOSTOS Y COMPRAS DIRECTAS

Carolina Cosse declara como primera indagada por impulsar el Antel Arena

Se trata de la primera citación realizada por el fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, para poder aclarar algunos puntos de la obra.

Carolina Cosse. Foto: Archivo El País.
Carolina Cosse. Foto: Archivo El País.

La intendenta de Montevideo y expresidente de Antel, Carolina Cosse, declarará hoy como indagada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos.

En la Sede, Cosse deberá explicar los motivos que la llevaron a impulsar la construcción del Antel Arena -en un lugar que pertenece a la Intendencia de Montevideo-, los supuestos sobrecostos de la obra y las compras directas realizadas durante el proceso de edificación del complejo multifuncional. Solo dos compras fueron mediante llamados a licitación, según trascendió en el Parlamento.

Como presidenta de Antel, Cosse fue la principal impulsora de construir un complejo multifuncional, luego de que se incendiaria y posteriormente se derrumbara el techo del Cilindro Municipal. Por esa razón, el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, decidió escuchar la declaración de la jerarca. Se tratará de un primer testimonio para tratar de aclarar algunos puntos de la obra.

La convocatoria a Cosse se desmarca a las estrategias de investigación habituales llevadas adelante por el fiscal Rodríguez. Por ejemplo, Rodríguez investiga una denuncia del gobierno sobre posibles irregularidades en la administración anterior del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Después de tomar declaraciones a denunciantes, funcionarios y mandos medios, el fiscal indagará en las próximas semanas a la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y a la exsubsecretaria de dicha cartera, Ana Olivera.

Ahora, Rodríguez apunta al proceso de planificación y construcción del Antel Arena. Cuando estaba al frente del ente, Cosse firmó un convenio con la Intendencia de Montevideo (IM) para construir el complejo. Dicho acuerdo fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en 2013. El organismo de contralor entendió que Antel “contravino” normas, ya que el objeto del convenio no se encuentra dentro de los cometidos de Antel. Es decir, una empresa de telecomunicaciones no tiene como propósito edificar un centro polideportivo, otro de convenciones, un recinto ferial y sus servicios conexos y complementarios. Para el tribunal, Antel violó el artículo 190 de la Constitución de la República al firmar dicho acuerdo con la IM.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) también cuestionó la construcción del Antel Arena. Según el texto, la Junta determinó que “se constató violación a principios y normas de conducta” que pueden “configurar falta administrativa”, “sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados”. Ante este panorama, Antel pidió informes a expertos sobre si está o no dentro de sus cometidos como empresa construir un complejo multifuncional. La mayoría de los especialistas se pronunciaron señalando que Antel sí podía hacer obra pública, marketing y firmar convenios con la intendencia. Pero no más de eso. Solo un asesor de la empresa pública fue tajante: Antel puede construir un complejo multipropósito.

El costo de la obra también estará dentro de las preguntas que realizará a Cosse el fiscal o el abogado de la actual administración de Antel, Gustavo Bordes. Cosse será asesorada por el estudio del penalista Gonzalo Fernández.

En la sesión de la Cámara de Senadores realizada el 17 de noviembre de 2021, el legislador de Por la Patria, Jorge Gandini, planteó cuatro interrogantes sobre la construcción del Antel Arena:

Primer pregunta: “¿Cómo una obra estimada en US$ 40 millones termina costando aproximadamente US$ 120 millones?” (Ver nota aparte).

Segunda pregunta: “¿Cuáles son las verdaderas razones que motivaron este emprendimiento?”

Tercera pregunta: “¿Por qué el secretismo de la información y sobre los gastos y compras directas que rodean todo el proceso de construcción, contraviniendo todos los principios de contratación pública?”.

Cuarta pregunta: “¿Qué plan de negocios auguraba la sostenibilidad y rentabilidad del proceso de construcción, contraviniendo todos los principios de contratación pública?”.

En lo conceptual, sobre estas preguntas también se indagará hoy en la Fiscalía Penal y en otras citaciones a exjerarcas de la empresa pública.

Confianza

Desde Antel manejan cautela ya que entienden que estos son los primeros pasos que está dando la Justicia. Si bien sus autoridades reconocen que les llamó la atención que la primera citación haya sido a Cosse y en calidad de indagada, dijeron fuentes de la empresa a El País. De todos modos, se insistió en que el actual directorio no quiere intervenir de ninguna forma en la investigación y por ello las declaraciones públicas se limitarán a transmitir la confianza en el trabajo que pueda realizarse en la órbita judicial.

Por otra parte, hay quienes hacen la lectura de que Cosse no sería la principal responsable en el desarrollo de la obra ya que la denuncia se centra en la diferencia que hubo entre el anuncio de costos y los montos que finalmente pagó Antel por la obra. Cosse fue presidenta de la estatal telefónica entre mayo de 2010 y febrero de 2015. Finalmente, el Antel Arena culminó su proceso de edificación en noviembre de 2018 cuando fue inaugurado. Desde que Cosse dejó Antel quien lideró la empresa y el proyecto fue su sucesor, Andrés Tolosa. Es por eso que varios de los consultados coinciden en que la mayor responsabilidad entorno a la variación de precios entre lo anunciado y lo que finalmente costó recae sobre Tolosa.

Larrosa: “No hay hechos de apariencia delictiva”

El 4 de mayo de este año, el director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, presentó en la Fiscalía “información valiosa que fue omitida en la denuncia penal” contra el Antel Arena, emitida en noviembre de 2021. “Se demuestra que no hay hechos de apariencia delictiva, sino una maniobra para desprestigiar a la anterior gestión”, afirmó Larrosa a través de su cuenta de Twitter.

El director de la estatal telefónica aseguró que la denuncia “omite una auditoría de Antel con análisis exhaustivos de todas las compras”. “Se oculta el plan de negocios, que existe y es completo”, dijo. Y agregó: “El costo del complejo resultó el previsto allí, y el negocio es superavitario. Deben considerarse los derechos de denominación”.

Cronología de una mega obra

Marzo de 2008. El entonces edil blanco Daniel Graffigna denuncia el peligroso estado en que se encontraba el techo del Cilindro, en base a un informe de una comisión administradora, presentado ante la Junta Departamental.

Octubre de 2010. Se produce el incendio y posterior derrumbe del Cilindro cuando se estaban realizando los trabajos que había prometido el exintendente Ricardo Ehrlich. Producido el incendio, la entonces intendente Ana Olivera asume el compromiso político de que el Cilindro no se iba a transformar en un nuevo Sodre, aludiendo al tiempo que éste demoró en ser recuperado.

5 de abril de 2013. Carolina Cosse expresa que la construcción del Antel Arena costará US$ 40 millones y generará US$ 10 millones de ganancias por año.

23 de abril de 2013. Se firma el convenio entre Antel y la Intendencia de Montevideo en cuyo objeto, en la cláusula 3.1., se define que se trata de «la instalación, funcionamiento y gestión de un Complejo Multifuncional denominado “ANTEL ARENA” que podrá» «incluir un centro polideportivo, un centro de convenciones, un recinto ferial y los servicios conexos y complementarios a los mismos».

Noviembre de 2018 a junio de 2020. “¿El Antel Arena tuvo ganancias?”, se preguntó el senador Jorge Gandini en el Parlamento. “La auditoría habla de que en el período analizado (2018-2020) las pérdidas fueron de US$ 3.748.000, y tengamos en cuenta que en ese lapso hay dieciséis meses de prepandemia. Las pérdidas no son cercanas a los US$ 10.000.000 de ganancia”.

14 de mayo de 2019. 
Cuando el Antel Arena estaba inaugurado y funcionando, una nueva resolución del Directorio de Antel declaró todo lo actuado en materia de gastos, de ganancias, de inversiones, etcétera, etcétera -es decir, todo el proceso del Antel Arena- como secreto por el plazo de diez años, amparado en las cláusulas de confidencialidad, y quedó blindado hasta 2029.

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