Cardoso dio la "orden" de contratar a la empresa Kirma, según mails internos
La información se desprende de una cadena de correos electrónicos que se enviaron funcionarios del Ministerio de Turismo, entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
Kirma -una empresa de Estonia que nunca había trabajado con el Estado y a la que nadie conocía- fue inscripta en el registro de proveedores públicos para poder venderle la publicidad por internet al Ministerio de Turismo y la “orden” de contratar a la compañía la dio el exministro Germán Cardoso. Esto se desprende de una cadena de mails que se enviaron funcionarios de la cartera, entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
El proceso formal de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), tanto de Kirma como de la empresa Cisneros Interactive, estuvo plagado de idas y vueltas. Ambas empresas tuvieron problemas para cobrar porque el Banco República objetó las transferencias porque eran violatorias de normas de prevención del lavado de activos. En el caso de la compañía de Estonia, a la que se le iba a pagar por adelantado, hace pocos días esta envió un mail desistiendo del cobro de US$ 280.000, según comunicó el actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, a radio Sarandí.
El 30 de diciembre de 2020 una funcionaria de Turismo de iniciales N. A. escribió un mail institucional a otros funcionarios (en una lista de carácter privado) dando que otra persona dentro del ministerio recibió una comunicación de parte de Compras Estatales (oficina responsable del RUPE) donde se le solicitan los motivos para inscribir a Kirma y Cisneros, según información a la que accedió El País. Si bien se remitió información de facturación en el exterior esto “se consideró insuficiente” por lo que se pidió una “justificación”.
El 13 de enero, la misma funcionaria insistió sobre el tema: “Revisando el estatus de compra digital por el alta de proveedores Cisneros y Kirma se constata que hasta el momento no se recibió la justificación que fuera solicitada por Compras Estatales mencionada en el anterior correo. Para que pueda continuar el trámite se solicita que se haga el envío a la brevedad posible de dicha información”.
Para venderle al Estado las empresas deben estar registradas ante el RUPE. Al no estar domiciliadas en el país, la resolución 11/014 habilita que sea el propio ministerio que las inscriba como “excepción” siempre y cuando se cumplan con determinadas condiciones.
Hay cinco causales para hacer la “excepción”: adquirir material docente o bibliográfico, comprar petróleo crudo y sus derivados, obtener productos destinados a la investigación científica o contratar “servicios que resulten imprescindibles”. La última hace referencia a la adquisición de bienes o servicios “cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares”.
“Dentro de las opciones, la única posible es la de exclusividad”, opinó la funcionaria N. A. en otro mail (del 13 de enero de 2021) tras ser consultada sobre cómo es el mecanismo para la justificación ante el RUPE.
En ese marco, recomendó una justificación para Cisneros tras haber participado en una reunión con los representantes de la empresa en el ministerio: “Cisneros es revendedor oficial de publicidad en Facebook. El proveedor tiene el rol de representante comercial autorizado, además de sus servicios ofrece a anunciantes y agencias de publicidad soporte y capacitación”. “En el caso de Kirma no surge información sobre la empresa en la propuesta, ni en internet”, escribió la funcionaria en el mismo mail por lo que agradece que “se hagan llegar ambos textos” a la otra responsable del tema dentro del ministerio para que se prosiga el trámite ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
El 14 de enero llegó la respuesta de Óscar Iroldi, asesor de la subsecretaría de Turismo, en la que envió las dos justificaciones. De Cisneros escribió: “Es el representante de Facebook e Instagram en la región, a cargo de comercialización, facturación y soporte de plataformas sociales”. De Kirma señaló como justificación para RUPE: “Es el proveedor seleccionado por el ministerio para vehiculizar anuncios a través de las plataformas Google Search, Display, Video y Native”. Según otro mail al que accedió El País fue la agencia de publicidad la que remitió la información (para la justificación del RUPE), y esta luego fue copiada y pegada por Iroldi al resto de los funcionarios del ministerio.
Al día siguiente, N. A. contestó: “Resta que sean firmados por una autoridad con firma electrónica como se solicita, para que luego se haga el envío a Compras Estatales”.
M. H., otra trabajadora, el 26 de enero remitió otro mail dirigido a Iroldi, esta vez consultando si ya estaban firmados los formularios para remitirlos a Compras Estatales.
“No entiendo esto de los certificados. ¿Quién debe firmarlos?”, preguntó Iroldi. A lo que la funcionaria respondió: “Lo de los formularios son proveedores extranjeros que se supone que alguien los contrató. Como al ser extranjeros no están inscriptos en RUPE se debe tramitar una autorización especial para que queden inscriptos como proveedores del Estado. Para eso requiere la información que me enviaste y esos formularios firmados”.
A esto Iroldi contestó: “En el ministerio hay tres ejecutores de gasto con capacidad para contratar servicios. Debe ser alguno de ellos que firmen los certificados. Lamentablemente no puedo hacerlo yo”. Y agregó: “La orden de estas contrataciones es del ministro Cardoso, a través de su adjunto Dr. (Daniel) Reta”.
“Fue enviado a ti (el mail) porque tú habías justificado la contratación a ellos (Kirma Services y Cisneros). Se lo remito al Dr. Reta”, contestó M. H. Consultado por El País, Iroldi indicó que él no hizo la justificación, y que solamente se limitó a “copiar y pegar” lo enviado desde la agencia de publicidad.
A M. H., Iroldi respondió: “Yo coordino técnicamente las decisiones de las autoridades, pero no puedo firmar contrataciones. Coordino con Reta para que mañana lo firme el ministro entonces”. El mail fue escrito el 26 de enero de 2021, para esa fecha la empresa ya había sido contratada (la resolución es del 29 de diciembre de 2020) y la factura de pago firmada por Cardoso data del 14 de enero).
A esto, M. H. respondió al día siguiente: “No es una contratación, es para inscribir a proveedores extranjeros”. Además señaló que solicitara la firma a la Unidad 003 (Dirección de Turismo). Por lo que Iroldi contestó: “No soy funcionario de esa área. Copio a la secretaría del director Martín Pérez Banchero. El Dr. Reta también está al tanto de este tema”.
El 19 de febrero el Tribunal de Cuentas comunica que no había sido inscripta en RUPE todavía la empresa de Estonia, según se desprende del expediente de la compra. Por esto se presume que Pérez Banchero no quiso firmar. Toda la cadena de correos electrónicos a los que accedió El País se enviaron bajo el asunto “Rupe extranjeros-Kirma Services OU y Cisneros Interactive Panamá S.A.”.
El País se comunicó con Cardoso quien no quiso realizar declaraciones hasta ir a la investigadora. Allegados al exministro indicaron que la información válida es la del expediente y no la de los mails. Reta no contestó el llamado. El País intentó averiguar quién firmó la autorización para la inscripción de Kirma en el RUPE pero no obtuvo respuestas en el ministerio.
La explicación del funcionario sobre “justificación” para el RUPE
En uno de los mails remitidos a otros funcionarios del ministerio, Óscar Iroldi (quien se identificó como empleado público y no político) dijo a El País con respecto a la justificación que mandó (para Kirma y Cisneros), que reenvió “lo que mandó la agencia” de publicidad. Sostuvo que lo que hizo fue “copiar y pegar”.
“Los justificativos los hace la agencia, nosotros no tenemos contactos con las empresas”, añadió. El País se comunicó en varias oportunidades con la agencia de publicidad del Ministerio de Turismo, desde donde declinaron hacer declaraciones por “limitaciones legales” que no permiten hablar de los clientes.
Iroldi -que está en pase en comisión y fue designado el 21 de diciembre de 2020 a cargo de la coordinación técnica del área de marketing- señaló que desconocía a la empresa Kirma, ya que “nunca” tuvo contacto con ella.
“Quiero que esto quede bien claro porque no tengo nada que ver con esta historia: lo que hicimos fue seguir administrativamente lo más prolijamente el tema”, aseguró Iroldi sobre los mails acerca del registro del RUPE.
¿Qué dijo la agencia de compras?
En un mail remitido al Ministerio de Turismo, la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) respondió que para hacer uso de algunas de las causales de excepción para inscripción de empresas extranjeras, el “organismo interesado” deberá comunicar en “nota formal suscripta por jerarca del organismo” el nombre del proveedor, el país, el número de identificación fiscal, domicilio, correo electrónico, teléfono de contacto y cuenta bancaria. Si la situación encuadra o no dentro de las causales será “responsabilidad del solicitante”. A eso se agrega que será el Tribunal de Cuentas el que determine si procede la aplicación de una causal, señala el mail de la agencia.
Caso cayó en el fiscal de Toma y Morabito
La denuncia del Frente Amplio contra el exministro de Turismo, el colorado Germán Cardoso, recayó en el fiscal especializado en Delitos Económicos, Ricardo Lackner.
Se trata de un fiscal de bajo perfil y que no brinda datos a los periodistas sobre sus investigaciones, ni aunque estas hayan finalizado.
En los últimos dos años, Lackner indagó sobre episodios conocidos por la opinión pública. Por ejemplo, a fines de mayo de 2021 se pronunció sobre la extradición del jerarca del gobierno de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. El caso sigue abierto.
El fiscal también investigó la fuga del capo mafioso italiano, Rocco Morabito de la ex Cárcel Central, ocurrida el 24 de junio de 2019.
Morabito y otros tres reclusos se escaparon por las azoteas del entonces penal. Después, el mafioso se tomó un taxi, viajó a Minas, volvió a Montevideo y se le perdió el rastro. Luego fue atrapado el 24 de mayo de 2021 en Brasil y será extraditado a Italia.
En 2020, Lackner también investigó la filtración de una denuncia penal presentada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) contra el exdirector del Frente Amplio en el organismo, Nicolás Cendoya. El 25 de julio de 2020, la jueza Beatriz Larrieu hizo lugar al pedido del fiscal Lackner y procesó a un funcionario de la Fiscalía por divulgar la denuncia que terminó en manos de Cendoya. El funcionario fue imputado por un delito de abuso de funciones.
El 18 de septiembre de 2020, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, trasladó al fiscal Lackner las publicaciones sobre los viajes oficiales realizados por el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.
El objetivo del traslado era que el fiscal analizara si Toma había incurrido en delitos al realizar los viajes, de los que también participó la contadora Giuliana Pérez, integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
En 2015, cuando era fiscal de Salto, Lackner pidió el procesamiento de Luis Cavani, padre del futbolista Edinson Cavani, por conducir alcoholizado y atropellar a un joven. El joven falleció.
Cavani fue procesado con prisión por un delito de “homicidio culpable”.
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