De las 800 asignaciones familiares que se suspenderán a fin de mes, 218 corresponden a niños de cinco años

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La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) envió al Banco de Previsión Social (BPS) la lista de menores de edad que no están yendo a estudiar y que cobran asignaciones familiares. Se trata de 791 menores que dejarán de recibir prestaciones.

A lo largo del mes de octubre fue que se hizo el segundo control anual al respecto, cumpliendo así con un decreto del fallecido expresidente Tabaré Vázquez, que marca la suspensión del pago de asignaciones familiares para menores que no estén concurriendo a centros de estudios (escuela, liceo o UTU). De no regularizar la situación, el 1° de diciembre estas personas dejarán de cobrar la asignación familiar.

A fines de julio El País informó que el gobierno iba a suspender unas 11.500 asignaciones familiares, cumpliendo por segunda vez en la administración de Luis Lacalle Pou con este decreto. La primera vez que se había hecho esto había sido en octubre de 2021, cuando se habían cortado unas 9.000. El gobierno decidió no aplicar la medida durante la pandemia por el covid-19.

Según datos de la cartera, durante agosto 4.158 menores regularizaron su situación, por lo tanto finalmente no les fue suspendida la prestación.

Según las cifras a las que accedió El País, de las 791 asignaciones, que son pagas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y que se suspenderían, la mayor cantidad corresponden a niños de 5 años. Son 218 los que tienen esa edad y perderían el beneficio, en caso de no volver al sistema.

De 6 años son 48, de 7 son 47, de 7 son 40, de 9 son 37, de 10 son 31, de 11 son 29 y de 12 son 33. En total se trata, entonces, de 265 niños que están en edad escolar.

En tanto, hay 46 que tienen 13, 51 que tienen 14, 89 que tienen 15, 85 que tienen 16 y 37 que tienen 17. Así que son 308 los que están en edad de ir al liceo o a la UTU.

La mayoría, 754, reciben las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (las llamadas Afam-Pe). El resto, 37, reciben asignaciones familiares que son pagas por el BPS.

Son 203.000 los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica que reciben Afam-Pe. Estas llegan a 830.000 personas, de las cuales 370.000 son menores de edad. El objetivo del programa es lograr la inclusión social de estos últimos.

En cuanto a los montos que reciben estas familias, el director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Antonio Manzi, dio semanas atrás este ejemplo a El País: “En un hogar con un menor en primaria y otro en educación media, el monto es de $ 4.197 por mes”. El jerarca insistió, además, en que hay dos transferencias monetarias del Mides y que esta es la única que está condicionada a que los menores vayan a estudiar -y también a que tengan una debida atención de su salud-, ya que con la Tarjeta Uruguay Social (TUS) no existe esta limitante.

Son 87.000 los hogares, integrados por más de 385.000 personas, entre ellos 200.000 menores, que por estar en situación de vulnerabilidad económica extrema reciben la TUS. Y el 90% de los menores que son beneficiarios de esta, también lo son de las asignaciones familiares.

Antes de que Vázquez emitiera el decreto en 2015, la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se había negado a aplicar la Ley N° 18.227, que establece criterios en cuanto a cómo se hacen los pagos de asignaciones según el nivel educativo de los menores, advirtiendo que “la educación no es una contrapartida de la asignación”. Su pensamiento no coincidió con el del expresidente frenteamplista que, para ser bien explícito, decidió sacar entonces el decreto, del que se basa ahora la decisión del Mides.

“Tenemos la determinación política de aplicar la normativa y de que si un menor no va a estudiar se corte la prestación”, dijo a El País una fuente de la cartera.

En julio pasado, luego que El País informara sobre la intención del gobierno de suspender las asignaciones, la vicepresidenta Beatriz Argimón citó al ministro Martín Lema a su despacho en el Parlamento para que se le informara sobre el tema.

Tras esto, Lema afirmó que “no hay marcha atrás” en la decisión de poner en suspenso las asignaciones de quienes no van a estudiar. “Las herramientas se crean por y para algo” y “no puede haber medias tintas en lo que tiene que ver con aquellas cosas que van destinadas a la educación de nuestros niños”, dijo el ministro en ese entonces.