Tras asesinato de marinos, Defensa bloqueó ingreso de homicidas, narcos y rapiñeros a las FFAA

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El homicidio de tres infantes de marina a mediados de 2020, mientras cuidaban una antena en una pequeña estación del Cerro, develó un problema histórico de las Fuerzas Armadas. A ninguna de las víctimas se les debió haber permitido ingresar: uno había sido expulsado del Ejército por faltar 144 horas a trabajar; otro había sido dado de baja, también del Ejército, por notoria mala conducta; y el tercero tenía antecedentes por hurto. El asesino era un desertor. Desde entonces el gobierno cambió las reglas para alistarse, y así se pudo bloquear el ingreso de homicidas, rapiñeros, narcos y estafadores.

Lo que pasó en el Cerro dejó en evidencia dos cosas: que había desertores de una fuerza que luego se alistaban en otra (cuando esto no está permitido) y que personas con antecedentes penales lograban ingresar a las Fuerzas Armadas sin mayores dificultades.

“El ingreso estaba descentralizado, entonces un aspirante se anotaba en una unidad básica -en cualquier cuartel del país- y allí hacía todo el trámite. Para entrar hay que estar libre de antecedentes, pero si la persona no contaba con el documento se lo aceptaba igual con la condición de que lo tramitara y lo entregara después. Lo que pasaba era que nunca lo entregaban. Y esto llevó a que las Fuerzas Armadas tuvieran adentro a personas que tenían antecedentes tanto en la Justicia ordinaria como en la militar, como ser desertores”, explica el ministro Javier García a El País.

El crimen de los marinos fue en mayo de 2020. En octubre del mismo año el presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto por el cual la división de Recursos Humanos de la secretaría empezó a centralizar los ingresos a las fuerzas en todo el país (del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea). Antes cada una tenía una base de datos independiente, la centralización permite detectar la presencia de desertores que intentan regresar.

Por otro lado, señala García, ahora ya no se permite alistarse a ninguna fuerza sin que cada aspirante presente sus antecedentes penales antes. “Lo que buscamos fue que se disminuyan los riesgos. No quiere decir que riesgos no haya, pero entendemos que este cambio es importante. Antes usaban armas y explosivos personas que tenían antecedentes por delitos violentos”, sostiene el ministro.

El cambio llevado adelante por la cartera se nota de forma sensible en lo que son los ingresos de personal militar subalterno. De hecho, solo el 33% de las altas que las Fuerzas Armadas analizaron entre 11 de julio próximo pasado y el día 8 de este mes, fueron autorizadas.

“Usaban armas y explosivos personas con antecedentes por delitos violentos”.

Javier GarcíaMinistro de Defensa

En ese período se analizaron 1.620 posibles ingresos. De estos, solo 530 lograron completar el trámite y se los consideró aptos. En tanto, una gran cantidad de personas no llegaron a terminar el proceso porque no entregaron -hasta el 8 de agosto- sus antecedentes judiciales: se trata de 1.085 jóvenes que representan el 67% del total. De estas solicitudes de antecedentes, hay 724 que las Fuerzas Armadas esperan desde hace menos de tres meses, y 361 desde hace más. El Certificado de Antecedentes Judiciales tiene, justamente, una duración de 90 días.

A dos postulantes ya se les prohibió el ingreso: por un delito de incendio y por conducir sin libreta, respectivamente. A otros dos, en tanto, se les prohibió el reingreso: a uno por faltar al momento en que se pasaba lista -si se falta más de seis día se considera deserción- y a otro por “omisiones al servicio”.

Cifras generales

Desde octubre de 2020 -cuando se aprobó el decreto- al 8 de agosto pasado, las Fuerzas Armadas recibieron 13.977 solicitudes de las cuales se aceptaron 11.354, equivalentes al 81%. De las restantes, una parte, 9,2%, fueron solicitudes que se presentaron de manera duplicada -ya que las distintas fuerzas envían la lista de postulantes todos los meses hasta que sean aceptados-. La otra parte, 9,5%, está compuesta por un 1,1% de personas a las que se le prohibió el ingreso o el reingreso, 7,7% que tienen pendiente la autorización por no entregar los antecedentes penales y 0,7% que dejaron de ser tenidos en cuenta por haber pedido ingresar a institutos que no tienen abiertas las postulaciones, como ser los Marineros de Playa.

En cuanto a por qué de julio a agosto casi un 70% de las postulaciones fueron rechazadas o no avanzaron por no haberse entregado los antecedentes penales, mientras que desde octubre de 2020 a esta parte esta cifra corresponde a menos de un 10%, el coronel Gustavo Figueredo, encargado de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas explicó que “se trata de números que siempre son oscilantes”, con “meses en los que hay uno o dos casos (de personas que no completan el trámite) y otros en los que aparecen un montón”. De todos modos, hay que tener en cuenta que gran cantidad de los que conforman el 70% de lo correspondiente al período de julio a agosto estaban a tiempo aún de presentar la documentación.

De 2020 a esta parte, en tanto, hay 155 casos de rechazo por existir una prohibición de ingreso o reingreso (es decir que presentaron los antecedentes, pero no se los consideró aptos). La mayoría de ellos, 37, corresponden a casos de deserción. Luego le siguen 21 de violaciones al Art. 356 numeral dos del Código Penal (conducción de vehículos motorizados sin la autorización pertinente: sin libreta).

Después hay 10 casos de hurtos en cantidad de autores (agravados y no), 10 de “graves faltas contra la disciplina” y 10 por “faltar a listas”. Les siguen ocho casos de receptación, cinco de mala conducta, cuatro de suministro de estupefacientes, otros cuatro de violencia privada, tres de “violación de domicilio, rapiña y/o lesiones”, tres en que no se permite el ingreso “por el bien del Servicio Naval” (dados antecedentes de mala conducta), tres de disparo de arma de fuego y porte ilegal, tres de personas “perniciosas para la disciplina (también considerado mala conducta) y tres de antecedentes por “amenazas” y “lesiones graves o leves”.

Pero, además, hay tres casos de homicidio culposo, otros dos de tenencia de estupefacientes no para consumo (narcotráfico), y hasta situaciones de estafa en reiteración real y rapiñas en grado de tentativa.

“Haber evitado el ingreso de estos aspirantes fue clave. Son personas que tienen acceso a polvorines, a explosivos y a otros materiales militares”, insistió García.

García: “Por año se dan más de 2.000 bajas”

Hoy en día hay 1.085 jóvenes que tienen pendiente ingresar a las Fuerzas Armadas, pero no han podido hacerlo porque no entregaron sus antecedentes (CAJ).

También hay 2.087 aspirantes que ya hicieron todo el trámite pero aún no han podido ingresar por otras cuestiones. El Ejército es la fuerza que tiene mayor porcentaje de postulantes pendientes, siendo el 63,6%.

En estos 2.087, hay casos de personas que no cumplieron con alguna exigencia legal para conseguir el ingreso (sin ser la entrega del CAJ). Son situaciones que tienen que ver con no haber probado su aptitud sanitaria o física, con asuntos relacionados a la ciudadanía o con que hicieron todo el trámite pero luego obtuvieron otro trabajo y descartaron sumarse a una fuerza.

También hay personas que se encuentran en lista de espera, donde se suelen generar demoras por situaciones geográficas, ya que los aspirantes comúnmente eligen determinada guarnición/cuartel.

En cuanto a quienes que ya estaban en las Fuerzas Armadas antes de la aplicación del decreto, en octubre de 2020, y que hayan podido tener antecedentes penales, Javier García señaló que hay una “depuración natural”, puesto que mes a mes son muchos los que deciden pedir la baja. “Por año son más de 2.000 las bajas. Esa misma rotación es la que hará que, en poco tiempo, ya no haya personas con antecedentes”, sostuvo.

Con respecto a si se hace un control de aquellos que hoy están en las Fuerzas Armadas pero tienen algún antecedente, García señaló que “hubo un caso particular del que se tomó conocimiento y se pidió hacer un seguimiento”, pero consideró que “el problema está en que estas personas generaron ciertos derechos a partir de las omisiones que han existido desde el Estado”. De todas formas, el jerarca precisó: “Es tanto el recambio que hay que, por ejemplo en el Ejército, en cinco años ya se renueva todo el plantel”.