MUDANZA

Ambiente busca sede propia para unificar sus oficinas, hoy dispersas en tres edificios diferentes

En la Torre Ejecutiva están el ministro Adrián Peña, el subsecretario Gerardo Amarilla y la secretaría general. Uno de los edificios restantes está por la calle Rondeu y el otro sobre Galicia.

Adrián Peña. Foto: Leonardo Mainé.
Adrián Peña. Foto: Leonardo Mainé.

A más de dos años de su creación, el Ministerio de Ambiente busca tener su propia sede a partir de 2023. Hoy sus oficinas de la capital están diseminadas en tres lugares diferentes: la Torre Ejecutiva, un edificio por la calle Rondeu y otro por Galicia. La cartera consiguió recursos para el alquiler de un inmueble a través de la última Rendición de Cuentas. En ese marco, está abierto un llamado a licitación -que cerrará este jueves- y, según supo El País, hay tres interesados.

A través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) nace la cartera para encargarse de lo ambiental y, en ese marco, absorbe las competencias en la materia que tenía el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Pero hasta ahora no tiene un lugar único donde estén las 538 personas -número que surge del llamado- entre funcionarios y contratos por proyectos.

En la Torre Ejecutiva están el líder de la cartera, Adrián Peña, el subsecretario Gerardo Amarilla y la secretaría general. Y en un edificio en la calle Galicia esquina Rondeau se encuentra la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Por su parte, la Dirección Nacional de Aguas se ubica por la calle Rondeau esquina Lima.

Claramente, no buscan cualquier inmueble. Hay varios requisitos excluyentes, como que tiene que estar en los barrios Ciudad Vieja o Centro de Montevideo. También debe contar con 3.000 metros cuadrados techados y cerrados. No es necesario que el edificio sea de uso exclusivo del Ministerio pero sí “sería conveniente” que fueran contiguos los pisos a alquilar, según se lee en el pliego de la convocatoria.

Después hay condiciones vinculadas a la accesibilidad y la distribución del metraje. Tiene que tener acceso para sillas de ruedas, una sala de lactancia, un salón comedor, un depósito con al menos 50 metros cuadrados, estacionamiento para mínimo 15 vehículo y, como es de esperar, la posibilidad de colocar un cartel que identifique que allí esta el Ministerio.

Uno de los puntos que se destaca del pliego es que valorarán que la “construcción y sus instalaciones sean amigables con el medio ambiente y que en la misma se optimice el consumo de energía y agua”. Esto no será excluyente pero sí se tendrá “en cuenta al momento de la evaluación”, se aclara en el llamado.

¿Y de qué se hará cargo la cartera? Además de abonar el alquiler, pagará los “tributos domiciliarios, así como los gastos correspondientes a consumos de energía eléctrica, agua corriente, etcétera y, de corresponder, al de tasa de saneamiento y a las expensas comunes que sean de cargo del arrendatario”.

Pero no estará dentro de sus obligaciones hacerse cargo de la contribución inmobiliaria, el Impuesto a Enseñanza Primaria, “ni seguro sobre la propiedad inmueble, u otros impuestos que legalmente sean de cargo del arrendador”.

El plazo del contrato será de cinco años, y tendrá la opción de hacer una prórroga automática por períodos anuales. Después del quinquenio, la cartera podrá rescindir de manera unilateral el contrato, avisándole al arrendador 60 días antes.

El llamado cierra este jueves a las 10:00, cuando se hará la apertura de ofertas que se realizaron a través del sitio web de Compras Estatales, único medio por el que se pueden presentar los interesados. ¿Y qué pasa si se presentan dos o más ofertas con calificación o precio similar? Se podrá invitar a estos a “mejorar” sus propuestas.

El Ministerio recibió mediante la última Rendición de Cuentas $ 10 millones para la instalación de la nueva sede de esa cartera. Se le adjudicó menos de la mitad del monto que había pedido para el acondicionamiento de una nueva sede que, según había informado La Diaria, era de $ 26 millones.

Por otra parte, a través de dicha ley se le dio una partida anual de $14.600.000 para inmuebles contratados dentro del país.

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