Vinculan a 250 odontólogos con una red de contrabando de insumos y medicinas brasileñas

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Hace tres décadas, el riverense Juan Pérez (nombre ficticio) ingresó con paso cansino cargando una maleta con instrumentos y medicinas a la Facultad de Odontología. Sabedor de que en el primero o en el segundo año de la carrera los estudiantes deben invertir en costosos instrumentos, Pérez vio la “veta” de un gran negocio.

Cuentan en la Facultad de Odontología que Pérez comenzó visitando algunos profesores universitarios ofreciendo sus productos brasileños a “mitad de precio” que lo que cuestan en Uruguay. Así, despacio, Pérez fue armando su clientela. El número aumentaba año a año, dicen.

En 2009, con la creación de WhatsApp, su comercio se agilizó y creció. Pérez creó grupos de decenas de estudiantes universitarios y de odontólogos recibidos, a los que conocía desde el comienzo de sus carreras.

El volumen de las ventas de Pérez fue de tal magnitud que debió “emplear” a su hermana y a su hijo para que realicen tareas logísticas. A esa altura, la organización tenía un sistema de compra y venta por WhatsApp que incluía fotos de instrumentos y medicamentos utilizados por los odontólogos, pagos por redes de cobranza y por la tarjeta Mi Dinero y un servicio de entregas aceitado.

Para evitar ser ubicado por la Policía, Pérez enviaba la mercadería de Rivera a Tacuarembó en las bodegas de ómnibus. Y de ahí, ésta era reembarcada hacia Montevideo.

“El hoy condenado armó una organización. Durante 30 años contrabandeó instrumentos y medicinas de uso odontológico. Hoy están vinculados con su organización más de 250 odontólogos. Son todos los que le compraban. Incurrieron en un delito de receptación y le efectuaron depósitos de dinero a cambio de mercaderías”, dijo a El País el abogado de la Cámara Dental del Uruguay, Pascual Quagliata.

La denuncia penal contra Pérez fue presentada por la Cámara Dental del Uruguay en 2020.

Pérez se jactaba de ser “bagayero” y de no haber caído en tres décadas de arriesgada “profesión”. Logró amasar un capital considerable con miles de ventas de artículos odontológicos. Pero, como dice el refrán, la justicia tarda pero llega.

El 2 de mayo de este año, Pérez fue detenido en la ciudad de Santana do Livramento tras un pedido de extradición de la Justicia uruguaya. Fue encarcelado en una cárcel brasileña.

Un operador judicial dijo que Pérez no pasó muy bien en esa prisión. Alojado en una celda con cuatro personas, a veces no comía. Perdió mucho peso.

En Montevideo, el hijo de Pérez se dedicaba, en un principio, a levantar los paquetes de instrumentos y medicinas en una agencia de Tres Cruces y luego los distribuía a los odontólogos clientes.

Cuando su padre cayó preso, el hijo publicó en los grupos de WhatsApp integrado por los clientes: “Mi padre está internado. Los pedidos me los hacen a mí”.

El hijo siguió el “camino” de su padre pero lo perfeccionó. Para obstaculizar los controles policiales, decidió que sus clientes pagaran a través de los servicios de Mercadopago con código QR.

“Los odontólogos compradores incurrieron en ilícitos. Ello habilita a la Fiscalía a llamarlos a declarar. El condenado ya reconoció que vendía mercaderías de contrabando a los profesionales. Y, según consta en grupos de WhatsApp, éstos les hicieron pedidos de mercaderías y luego le giraron dinero a cambio”, dijo Quagliata.

En una audiencia realizada ayer, la fiscal adscripta de Rivera, Gabriela López, relató el modus operandi de Pérez. El imputado, dijo, a través de la red social Facebook que realizaba publicaciones y ofrecía en venta productos de uso médico odontológico de origen brasileño, con el precio en moneda brasileña, esto es en reales.

La maniobra se realizaba mediante el contacto de los profesionales odontólogos o clínicas por dicha red social, donde efectuaban los pedidos de los insumos que necesitaban y Pérez enviaba los productos por encomienda a todo el territorio nacional, expresó el fallo.

“Luego el odontólogo retiraba la mercadería enviada por el imputado, la revisaba a efectos de corroborar que ésta coincidiera con su pedido y efectuaba el pago a través del envío de dinero por intermedio de las redes de cobranza, depósitos en la tarjeta Mi Dinero o depósitos bancarios de instituciones de plaza a nombre del imputado o de su hermana”, agregó.

La mercadería, dijo, era de origen extranjero y era ingresado a Uruguay por Pérez, “sin la debida documentación”, “en forma clandestina” y “en perjuicio de la renta fiscal”.

El magistrado fue claro sobre el daño que hizo Pérez. “Asimismo, el obrar ilícito y antijurídico (del imputado) transgrede normas penales que regulan el bien jurídico salud pública, ya que los productos comercializados carecían del debido control del Ministerio de Salud Pública y de habilitación sanitaria y, por consiguiente, conllevaban un posible riesgo sanitario”, expresó el juez Silveyra.

A modo de ejemplo, el juez Silveyra nombró en la sentencia a un grupo de odontólogos que envió giros de dineros a la hermana de Pérez. Por ejemplo, la odontóloga A.L.D., domiciliada en Montevideo, realizó 17 giros.

Solo por ese grupo de odontólogos, el imputado recibió $ 1.044.683. “Asimismo, se debe tener presente, que fueron varias las operaciones de similar naturaleza, las que generaron pérdidas de rentas fiscales”, agregó la sentencia.

Tras un acuerdo abreviado alcanzado ayer entre la Fiscalía y Pérez, el juez Silveyra lo condenó a 24 meses de prisión por un delito continuado de contrabando con un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por personas inhabilitadas para ello.

La pena impuesta se cumplirá de la siguiente manera: ocho meses de privación de libertad efectiva y 16 meses de libertad vigilada.