Del “rapiñero de Pocitos” al apuñalado en Lavalleja: policías molestos con accionar de Fiscalía
Gómez defiende la independencia técnica y sostiene que reclamos deberían hacerse en reuniones privadas.
El 7 de octubre pasado, un hombre de 45 años y su pareja de 48 caminaban por la calle Bolita Leis, en Minas (Lavalleja), cuando una mujer se aproximó hacia ellos, los insultó y le dio a ella una piña en la cara. Enseguida apareció un joven de 20 años por detrás del hombre y lo apuñaló en la boca del estómago con un cuchillo de mesa de 10 centímetros de largo. El hombre está libre y este es uno de varios casos por los que policías se quejan del accionar de la Fiscalía.
La pareja de la víctima, que fue luego quien denunció los hechos, corrió desesperada hacia un almacén cercana a pedir ayuda y desde allí llamó al 911. Mientras esto pasaba, los agresores huyeron corriendo. El hombre quedó tendido en el piso.
Luego fue trasladado a un hospital en el centro de la ciudad, donde fue intervenido por lesiones graves en su estómago y riñón, aunque luego del procedimiento permaneció estable. La mujer lo acompañó y mientras estaba allí la llamaron por teléfono para decirle que estaban “apedreando” su casa. Un móvil se dirigió al lugar, según se detalla en el parte policial al que accedió El País.
Policía Científica incautó el arma blanca que utilizó el atacante. A su vez, en declaraciones posteriores, la pareja de la víctima narró a la Policía que hacía algunos días que el agresor y su madre iban y le apedreaban la casa, y los amenazaban con revólver y escopeta, por lo que ella y su hija habían decidido mudarse al menos de forma temporaria.
El 14 de octubre la fiscal de Minas a cargo del caso, Viviana Maqueira, solicitó que se le realice una pericia psiquiátrica al agresor, que ya había sido reconocido por las víctimas. El informe médico señaló que el joven estaba “lúcido” y “coherente”. Le confesó a la médica que consumía marihuana y que en los días previos a la puñalada había mezclado pastillas con alcohol. Sostuvo que esto le había generado un brote violento. Negó haber tenido alucinaciones o delirios.
El indagado, que tenía una anotación policial por amenazas que databa del año 2017, le dijo a la perito que hirió a la persona “bajo el efecto de las sustancias psicoactivas y alcohol”, que estaba arrepentido y que quería “salir adelante trabajando”, según el informe.
El indagado nunca fue detenido por la Policía porque la Fiscalía tenía dudas de que él fuera el responsable, pero este compareció voluntariamente días después del ataque, según explicó una fuente de la investigación a El País.
Hasta el momento el joven de 20 años no fue imputado y se encuentra bajo investigación, aunque está en libertad sin ninguna medida de restricción.
“No había elementos para imputarlo en ese momento”, indicó a El País la fiscal Maqueira. La prueba del cuchillo no era suficiente y tampoco se contó con filmaciones de cámaras de seguridad, añadió. Sin embargo, dijo que “se continúa investigando” y se están sumando elementos para ir hacia la imputación.
Este es uno de los casos que está en boca de varios funcionarios del Ministerio del Interior que, según supo El País, vienen expresando que los jerarcas policiales, entre ellos muchos jefes departamentales, sienten cada vez más molestia porque “por un lado crecen las exigencias para atrapar a los delincuentes, mientras que por otro los fiscales liberan rápidamente a los detenidos”.
Esta molestia le ha sido expresada, en reuniones privadas, al fiscal de Corte, Juan Gómez, que consultado por El País sobre esto defendió que “los fiscales tienen independencia técnica y toman las decisiones valorando la evidencia”.
Gómez además recalcó que la Fiscalía no habitúa señalar el trabajo de la Policía y que estas discusiones se deberían dar “en los ámbitos de coordinación en lugar de a los ojos de la opinión pública”. Y afirmó: “Los dos tenemos el objetivo de cuidar a la ciudadanía”.
Willian Rosas, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), expresó a El País que las críticas hacia la Fiscalía se dan “por desconocimiento de cómo funciona el sistema”. El fiscal explicó que la Policía se queja porque cree que la evidencia es más que suficiente, cuando esto no es siempre así.
“Muchas veces aparecen determinadas circunstancias que complejizan la investigación”, dijo, como la falta de cooperación de víctimas y testigos. Y añadió que la Policía no se debe enfrentar a un juez o a la defensa del indagado.
“Si la gente tuviera todas las carpetas y viera cómo se trabaja, se daría cuenta por qué uno toma determinadas decisiones”, enfatizó Rosas.
En una semana hubo tres casos de detenciones y liberaciones rápidas
El miércoles de la semana pasada la Policía detuvo a “el rapiñero de Pocitos”, de 35 años. Lo hizo por segunda vez en menos de una semana, luego de que el viernes anterior la fiscal de flagrancia de 4° Turno, Brenda Puppo, lo liberara.
Esta decisión no tomó en cuenta la investigación que realizaba desde hacía unas semanas el fiscal de flagrancia de 13er Turno, Rodrigo Morosoli, dado que no se había solicitado una orden de detención. Hay evidencia de que el delincuente realizó 10 rapiñas (ocho antes de ser detenido y dos después de que Puppo le concediera la libertad). Morosoli, de hecho, luego lo imputó por 10 rapiñas -una en grado de tentativa- y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva.
Otro de los casos que provocó críticas por parte de la Policía fue el del cuerpo descuartizado hallado el sábado en Camino Edison y Becquer, en el barrio Peñarol, que luego fue identificado como el de una mujer de 27 años. Testigos llamaron a la Policía y advirtieron que dos mujeres habían pasado por la boca de tormenta y habían arrojado las bolsas con las partes del cuerpo allí.
Aunque la Justicia investiga a dos hombres como autores del homicidio -que estarían involucrados en la banda “Los Segales”-, el domingo se detuvo a las mujeres que se ocuparon de deshacerse de la bolsa con los restos.
La Policía fue quien atrapó a las sospechosas de 28 y 36 años a partir de las indicaciones de los testigos. Al ser interrogadas por el fiscal de flagrancia de 8° Turno, Leonardo Morales, dijeron que Los Segales se las dieron para que la tiraran. Aun así, el fiscal decidió emplazar a una de las mujeres por no contar con suficientes evidencias. A la otra se la imputó por encubrimiento.
El 27 de octubre, asimismo, otro caso generó malestar en la Policía. Un joven robó una botella de whisky de un supermercado ubicado en 18 de Julio y Luis Alberto de Herrera, en la ciudad de Durazno, y fue detenido tras una orden de la fiscal de 1er Turno de ese departamento, Gabriela Rusiñol.
Una fuente policial dijo a El País que el joven tuvo intervención en cinco delitos de hurto durante este año y, a su vez, posee una formalización vigente por otros seis robos, aunque sin prisión.
Al finalizar la audiencia de detención, la Justicia sin embargo ordenó el cese de detención del hombre tras llegar a un acuerdo reparatorio, por lo que quedó en libertad.
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