“Los delitos no bajan porque haya más presos”, sostiene experta en cárceles que vino a Uruguay desde Texas

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

La experta estadounidense en sistemas carcelarios, Michele Deitch, expresó que un mayor número de personas en prisión no genera una mejora de la seguridad pública sino que, al contrario, la empeora.

Luego de la una conferencia brindada a jerarcas y técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Rehabilitación en la residencia del embajador de Estados Unidos, Deitch explicó que el estado de Texas tenía un derecho penal extremadamente duro con las personas que delinquían, algo que asemejó a la situación de Uruguay. Ello, dijo, generaba un aumento constante de plazas en cárceles, con el consiguiente incremento presupuestal.

Según contó Deitch, en los años noventa el estado de Texas triplicó el tamaño de su sistema carcelario. El cambio llegó en 2007, cuando mediante un acuerdo político se realizó una reforma que puso el acento en la atención de la salud mental y de las adicciones de las personas que delinquían. Además, señaló, Texas aprendió que se debía invertir en programas sociales de seguimiento de exreclusos y en la aplicación de medidas alternativas a la cárcel, lo que derivó en el cierre de 15 establecimientos.

“Se impulsaron tratamientos para las personas que delinquían. También se invirtió en programas politécnicos y en ayudas para encontrar viviendas, empleos y para reunir a las familias. Algo que aprendimos es que toda la familia (del exrecluso) necesita ser tratada”, dijo Deitch.

-Texas cerró cárceles y centros de internación juvenil. ¿Por qué decidieron hacer esto?

-Primero, un poco de historia. Texas era un estado duro con el crimen. Y, durante muchos años, el estado simplemente construyó centros de reclusión. En la década de los noventa, triplicó el tamaño de su sistema carcelario. Construimos 100.000 camas y terminamos con 150.000 camas penitenciarias. En 2007, todas las camas estaban ocupadas, y había datos que revelaban que se necesitaban 17.000 más. Crear nuevos centros de reclusión cuesta demasiado para el estado, de modo que las autoridades comenzaron a buscar otros modos de manejar el problema.

-¿Hubo un acuerdo político?

-Hubo un acuerdo. Los legisladores decidieron no construir las prisiones y aprovechar parte de este dinero en invertir en programas y servicios de supervisión de base comunitaria. Se pensaba gastar 2.000 millones de dólares en nuevas cárceles. Y se gastaron 241 millones de dólares en programas y servicios.

-¿Cómo son esos programas?

-Fundamentalmente lo que se hace es poner funcionarios que supervisen a las personas que están en libertad condicional e invertir en tratamientos de adicciones, salud mental y otros servicios que expresidiarios pudieran necesitar. Algunos de los programas en los que se invirtió estaban dentro de los centros de reclusión. Como resultado de esa inversión, no solo se logró no construir nuevas prisiones, sino que cerramos 15 centros de reclusión. Fue un éxito. Eso lo hicimos manteniendo la seguridad pública. La tasa de criminalidad cayó en todo Estados Unidos y aún más en Texas. La gente que estaba en prisión tenía una tasa de reincidencia menor luego de contar con estos programas.

-¿Qué tasa de reincidencia logró Texas con estos programas sociales?

-En las personas que estaban en libertad condicional, la tasa de reincidencia cayó un 30% y en los que estaban en libertad anticipada, la tasa de reincidencia bajó en un 65%.

-¿Qué ocurre si un recluso comete un delito menor? ¿Vuelve a la cárcel?

-Antes, la norma era simplemente devolverlo a la prisión. Ahora hay diversas opciones. Para una persona que es primaria, el juez tiene una gran discrecionalidad acerca del manejo con este tipo de comportamientos. Una de las lecciones que hemos aprendido es que muchas personas llegaban al sistema porque habían tenido una revocación (suspensión de medidas alternativas a la prisión). Lo que aprendimos fue que era mejor supervisar a las personas para que sean parte de la comunidad, que enviarlos otra vez a la prisión.

-En Uruguay, hay una creencia de que muchos presos es igual a mejor seguridad pública. ¿Es así?

-No. Cuando la gente va a prisión, los resultados son peores. Antes (en Texas) las tasas de delitos y de reincidencia eran altísimas y no mejoraba la seguridad pública. Y esto era así porque no estábamos tratando los motivos subyacentes por los cuales la gente comete delitos. Si se tratan los motivos por los cuales la gente comete delitos, los ciudadanos estarán más seguros.

-¿Las cárceles son generadoras de mafias?

-Sí. Pero en Estados Unidos no es igual que acá. Tenemos muchas pandillas carcelarias. Y mucha gente llega a la prisión y se une a estas pandillas. De modo que no cabe duda que son dos los problemas de enviar a una persona a la cárcel: que quizá no necesite estar allí y que puede empezar a integrar una pandilla.

-¿Cómo prevenir el accionar de esas pandillas y del crimen organizado dentro de las cárceles?

-Nosotros no tenemos el nivel de crimen organizado que existe aquí. Las pandillas carcelarias son peligrosas, no cabe duda, pero gran parte de las mismas actúan mientras están en los centros de reclusión. En las calles tienen una menor incidencia.

-¿Que rol deben tener jueces y fiscales en un sistema penal que fomente la rehabilitación?

-Resulta extremadamente importante que exista colaboración entre todos los que trabajan en el sistema de justicia penal. No es un problema del sistema carcelario, legislativo o judicial. Este es un problema para todo el sistema estatal. Por lo cual, todos deben trabajar en conjunto para apoyar las mismas metas. Los jueces y los fiscales deben encontrar modos para que la gente, que no está en prisión, no ingrese a ellas. En Texas aprendimos que es necesario encerrar solo a aquellos a quienes tememos. No a aquellas personas con las que estamos enojados. También aprendimos que las cárceles no son las únicas formas de rendir cuentas.

-¿Qué otras formas entendieron que hay?

-La verdadera rendición de cuentas surge cuando una persona modifica su comportamiento. Así esa persona pueden ingresar a programas para tratar sus problemas. Allí es que van a rendir cuentas.

-¿Cómo deben actuar los servicios sociales y de salud para que el sistema de justicia o cárceles no sea una universidad del delito?

-Los servicios sociales y de salud deben coordinar para que haya programas disponibles para las personas que los necesiten -para todas-, ya al momento de ingresar al sistema de justicia penal. Y aquellas personas que ya están en cárceles deben recibir estos programas y servicios de igual forma. Los liberados también deben acceder a los programas.

-¿Se refiere a empleos, tratamiento contra el abuso de drogas y programas de salud mental?

-Sí, a todo eso y más. Tratamientos, programas politécnicos, ayudas para encontrar viviendas y empleos, y para reunir a las familias. Algo que aprendimos es que toda la familia (de la persona que delinque) necesita ser tratada. Todos requieren atención.

-¿Las medidas alternativas a la prisión para reclusos son seguras para la población?

-Sin duda. Cuando una persona enfrenta una sentencia, el juez evalúa los riesgos y las necesidades (de la sociedad). Nadie está sugiriendo que alguien verdaderamente peligroso esté en la calle. Pero hay muchas personas que están encerradas que no son peligrosas y eso hay que tenerlo también en cuenta.

-¿Qué papel juega el tratamiento de la salud mental para frenar el delito?

-Algo que hemos aprendido en Estados Unidos es que los problemas de salud mental están vinculados a gran parte del comportamiento delictivo. El 70% o más de las personas que circulan en las calles tienen algún problema de salud mental. Hay estudios que dicen que el 30% de las personas enfrentan problemas de salud mental extremadamente graves. Hace algunos años, en Estados Unidos las instituciones de salud mental cerraron porque sus condiciones eran muy malas. No brindaban los servicios necesarios para las personas con dolencias mentales. Ahora estas mismas personas están llegando al sistema de justicia penal. Y lo que aprendimos es que si tratamos esas necesidades de salud mental dentro de la comunidad, el resultado es favorable para todos.

-Esta reforma que aplicó Texas, ¿la hizo solo este estado o también la llevaron adelante otras regiones de su país?

-Esto está ocurriendo en muchos estados del país. Y en muchos lugares están haciendo las cosas mejor incluso que en Texas. Pero Texas fue el primero. Esos estados sabían que Texas era muy duro con el crimen, y entonces dijeron: “Si Texas lo logró, nosotros también vamos a poder lograrlo”.

En una conferencia realizada el miércoles 7 en la residencia del embajador de Estados Unidos en Uruguay, tres expertos penitenciarios de Texas explicaron detalles de los programas de rehabilitación para delincuentes que se aplican en ese estado.

Por ejemplo, si un exconvicto tiene problemas familiares, hay toda una estructura que lo ayuda a lidiar con ellos, señalaron los expertos. Lo mismo ocurre con exconvictos que sufren de abstinencia a las drogas o padecen alguna enfermedad mental. El apoyo es inmediato. El sistema, con fondos estatales, trabaja en la propia comunidad y no en una prisión. “Queremos que las familias estén cerca y ayuden a rehabilitarse a las personas que han delinquido”, expresó una de las expertas. El sistema texano tiene múltiples programas educativos y de reinserción social para delincuentes sexuales, pandilleros, presos reincidentes o aquellos que recién salen de la prisión. También hay planes sociales dirigidos a reclusas que hayan sido víctimas de prostitución, trata de personas, abuso sexual y/o violencia doméstica. Otros programas apuntan a proporcionar tiempo a las madres reclusas y sus recién nacidos para crear un vínculo sano entre ellos.