COMUNICADO

Penalistas alertan por acciones que pueden afectar independencia fiscal; enviaron carta a Gómez

Los letrados expresaron su “preocupación” ante acciones “adoptadas por distintas organizaciones, grupos de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General”.

Fiscal de Corte, Juan Gómez. Foto: Darwin Borrelli
Fiscal de Corte, Juan Gómez. Foto: Darwin Borrelli

La Asociación de Abogados Penalistas envío una carta al fiscal de Corte, Juan Gómez, por la polémica desatada ante el archivo de 300 denuncias de abuso sexual. En el documento expresan su “preocupación” ante acciones “adoptadas por distintas organizaciones, grupos de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General” y “podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica” de los fiscales.

En el mismo sentido, el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias, que fue quien decidió el archivo de esas denuncias, expresó previamente que hay una “intromisión” en la independencia técnica de los profesionales.

De acuerdo a la Asociación de Penalistas, “los cuestionamientos a la labor del fiscal corresponde que sean formulados por las vías legales por los interesados en cada una de las investigaciones”, es decir los denunciantes o las víctimas, y no “por una entidad gremial que represente determinada ideología”.

En tanto, agregaron, “no es buena señal de respeto a esa independencia que la Fiscalía General disponga investigaciones sobre esos casos cuando no se están denunciando irregularidades concretas en los actos del fiscal”. Esto, en referencia al pedido de informes que anunció Gómez sobre las 300 denuncias archivadas.

Además, explicaron que se están archivando denuncias en diferentes fiscalías del país y no conocen “que se hubiesen dispuesto investigaciones al respecto”. Y advierten que, en este caso, “se ha generado una campaña de desprestigio por determinados sectores que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente solo ha manifestado su voluntad de interpretar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales”.

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