Operación Océano: abogados recurren la acusación de la Fiscalía

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El recurso de inconstitucionalidad que será presentado ante la Justicia en los próximos días por abogados de acusados, argumenta que la ley no prevé la igualdad de condiciones de presuntas víctimas y presuntos agresores en el marco de la Operación Océano. Por lo tanto, lo que se pretende es que el Juzgado Penal de 33° Turno pase el expediente a estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “Nosotros entendemos que la norma nos perjudica y nos va a perjudicar eventualmente en el juicio”, sostuvo Pablo Casas -uno de los 16 abogados de los acusados que produjeron el escrito- en diálogo con El País.

En el recurso de 53 páginas, se argumenta que la defensa de la víctima tiene la posibilidad de presentar nuevas pruebas luego de la acusación fiscal “coadyuvando” con la misma. Y agrega que los abogados defensores no tienen esta opción ni la potestad de control, lo que “genera la violación de los principios del debido proceso penal y de igualdad de armas de las partes en el proceso”. El abogado Casas explicó que “la víctima puede presentar una prueba una vez que ya tiene las cartas vistas de los otros y nosotros nos podemos oponer a eso”.

Tal como se plantea, la igualdad de las partes se ve vulnerada dado que “lo que corresponde es que el defensor al contestar la acusación tenga a la vista todas las pruebas que tanto la Fiscalía como las defensas de las presuntas víctimas ingresen al juicio oral”.

Casas mencionó el hecho de que uno de los dos celulares de la principal víctima se conoció 10 meses después de incautar el primero. “Nosotros lo que no sabemos es si en esos 10 meses se borraron o adulteraron mensajes y audios, y el celular es un elemento fundamental en las acusaciones”, dijo el defensor. Y continuó: “No podemos saber a ciencia cierta si la prueba que surge de ese celular es total”.

Por otro lado, otro de los puntos que se trae a colación es que la condena por un delito de contribución o promesa de contribución por actos sexuales y eróticos de una persona menor de edad, se estipula en forma automática una pena económica de 12 salarios mínimos que se pagará a la víctima, además de cumplir una pena de prisión. “El artículo 80 de la Ley de Género nos parece incongruente”, expresa Casas y señala que si se comete un delito de homicidio o violación, por ejemplo, no existe una pena económica.

En el recurso también se cuestiona que la Fiscalía no tiene un criterio establecido para determinar las penas que solicita. Y se manifiesta que “prueba de ello es la evidente desproporción de las penas que solicita la Fiscalía en la acusación respecto de las sentencias 'acordadas' en juicios abreviados aun cuando se trata de situaciones de hecho que se pueden considerar objetivamente similares, que llegan en la mayoría de los casos a seis años de penitenciaria”.

Los abogados indican que hay casos que son similares en cuanto a la gravedad de los hechos y quienes efectuaron un acuerdo abreviado recibieron una pena “muy inferior” que la solicitada para quienes van a un juicio oral. “No hay parámetro en cuanto al pedido de la pena”, aseguró Casas.

Los abogados que se amparan en el recurso postulan: “Demostraremos que la Fiscalía pretende privilegiar un ilícito comportamiento de las presuntas víctimas, que mediante una organización conformada por jóvenes mayores y menores de edad, de una activa y desarrollada vida sexual precedente, ofrecían sus servicios a cambio de dinero, infiltrándose en redes sociales exclusivas para adultos, mediante una puesta en escena perfecta y premeditada, haciéndose pasar idóneamente por mayores de edad, en base a mentiras, creación de perfiles de usuario falsos, apariencias físicas y producciones de imagen, utilización de cédulas de otras personas o falsas, entre otras estratagemas, induciendo en error a los acusados como a otros cientos de usuarios”.