Fiscalía imputó a "rapiñero de Pocitos" con 180 días de prisión preventiva
Según explicaron fuentes de Fiscalía, la intención es en ese tiempo poder reunir las características de todas las rapiñas del imputado y abrir la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias.
La investigación sobre el caso del “rapiñero de Pocitos” fue formalizada ayer por la mañana. En la audiencia se demostró que el delincuente había cometido 12 rapiñas -una de ellas en grado de tentativa. A pedido del fiscal Rodrigo Morosoli para el delincuente se determinó, de forma preventiva, 180 días de penitenciaría.
Según explicaron fuentes de Fiscalía a El País, la intención es en ese tiempo poder reunir las características de todas las rapiñas del imputado y abrir la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias. Por el momento, y luego de un rastrillaje de la Policía, no se encontraron nuevas víctimas.
La apertura a nuevos casos se respalda en que el delincuente utilizó la misma modalidad de robo en los 12 por los que fue imputado.
Su modus operandi era ingresar a los comercios con un tapabocas que cubriera su cara y una mochila o abrigo con bolsillos. Estos últimos eran utilizados para simular la tenencia de un arma, con la que amenazaba a sus víctimas. El objetivo siempre era el dinero de las cajas, y no los productos a la venta.
Atacaba mayormente a farmacias, aunque en dos de los 12 casos denunciados los asaltos fueron a estación de servicio y a la sucursal de una cadena de supermercados local.
El hombre había sido liberado el viernes pasado por la fiscal de flagrancia, Brenda Puppo, luego de llegar a su oficina por una tentativa de rapiña. Según informaron desde el área de comunicación de la Fiscalía, la jurista consideró que no contaba con pruebas suficientes para encarcelarlo y tampoco existía una orden de detención previa.
En este sentido, fuentes de la investigación explicaron que el equipo de Morosoli no había librado la orden porque existía un acuerdo con la Policía de capturar al delincuente en su domicilio. De esta forma, se lograría encontrar evidencia -entre la que estaba la vestimenta del rapiñero- que pudiera vincularlo con los ilícitos cometidos.
Enterado de la liberación del delincuente, Morosoli luego solicitó su detención y se buscaron alternativas para comprobar su responsabilidad. Entre estas se optó por la elaboración de informes comparativos, a cargo de investigadores de la Dirección de Hechos Complejos.
Estos contrastaron la vestimenta del ladrón y sus rasgos físicos con los captados en las cámaras de videovigilancia de los comercios, del Ministerio del Interior, e incluso de servicios públicos de transporte, que el acusado utilizó luego de concretar los hurtos. También se utilizaron imágenes subidas a una red social por el delincuente.
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