Fiscalía archivó denuncia de Lust a jerarcas del gobierno pasado por contrato de UPM2
En el documento adjuntado por la Fiscalía se expresa que "no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente".
La Fiscalía de Delitos Económicos de 1° turno dispuso el archivo de la denuncia que fue presentada por el diputado Eduardo Lust contra el expresidente Tabaré Vázquez y su gabinete por la firma del contrato ROU - UPM.
En el documento adjuntado por la Fiscalía General de la Nación, se expresa que "no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente".
"Los elementos de convicción reunidos al presente, y que emergen de la carpeta investigativa fiscal, a pesar de la investigación desarrollada, no son
precisamente suficientes, como para dar paso a la fase prevista en el art. 266.1 del nuevo CPP, que implica la judicialización de la investigación", se explica en el documento.
"Por lo expuesto, el Ministerio Público, considerando que no existen diligencias pendientes que desarrollar en la investigación y que las actuaciones cumplidas no han producido resultados que permitan la continuación útil de la indagatoria, conforme lo estipulado por el art. 98.1 del CPP, dispondrá el archivo, sin perjuicio de las actuaciones, notificándose de dicho archivo y sus fundamentos al denunciante y a los imputados", agrega.
La denuncia penal presentada por Lust en julio de este año fue, puntualmente, contra Vázquez, Marina Arismendi, Danilo Astori, María Julia Muñóz, Enzo Benech, Guillermo Moncecchi, Carolina Cosse, Eduardo Bonomi, Rodolfo Nin Novoa, Jorge Basso, Ernesto Murro, Victor Rossi, Liliam Kechichian, Eneida de León, Miguel Ángel Toma, Álvaro García y Juan Andrés Roballo.
El diputado cabildante, férreo opositor de la instalación de UPM 2 en Uruguay desde antes de ser representante nacional, indicó en su escrito, que estos funcionarios públicos incurrieron en "modificar" el 5 de abril de 2018 el contrato ROU-UPM de noviembre de 2017, que entiende tuvo como "consecuencia la pérdida de millones de dólares en concepto de rebaja del canon que debe pagar UPM por la utilización de las vías del Ferrocarril Central, contrato que se modifica nuevamente en julio del 2019, llevando el plazo de vigencia a cincuenta años entre otras".
Por la denuncia penal presentada por Lust en julio de 2020, declararon el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, el exprosecretario, Juan Andrés Roballo, y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.
Durante la investigación, los exjerarcas explicaron que en el contrato en español se estableció, por “error de tipeo”, que el precio que iba a pagar UPM por tonelada y por kilómetro en el tren desde Fray Bentos a Montevideo sería de medio dólar, cuando en realidad se trata de medio centavo de dólar. Es decir, en el contrato en español el precio de la carga era 100 veces superior al establecido en el contrato concretado en inglés.
A las pocas semanas, el gobierno de Vázquez detectó el error y este fue corregido.
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