Diez claves para entender el caso Astesiano antes de una semana determinante
A partir del martes declararán ante la fiscal Gabriela Fossati funcionarios del gobierno y jerarcas policiales.
El expediente que involucra al excustodio presidencial Alejandro Astesiano, al escribano Álvaro F. y al gestor ruso Alexei S. tiene un tamaño abrumador. Llena un disco duro de dos teras (2.000 GB). Ello equivale a una caja de un camión mediano cargada de expedientes impresos.
En la carpeta de la investigación hay miles de archivos con los contenidos de los teléfonos, declaraciones de los implicados y algunos testigos, informes de la Dirección General de Inteligencia Policial y pericias de Policía Científica.
El expediente también cuenta con informes solicitados por la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno, cuya titular es Gabriela Fossati, a reparticiones de los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores, al Banco Central del Uruguay (BCU) y al Banco de Previsión Social (BPS), entre otros organismos.
Fossati preguntó al Ministerio del Interior sobre un eventual tráfico de influencias de jerarcas policiales a pedido de Astesiano y las investigaciones realizadas por Identificación Civil desde 2017 a ciudadanos rusos que obtenían la ciudadanía uruguaya mediante falsificaciones de partidas de nacimiento. La cartera hizo una investigación interna, la que concluyó que no existieron irregularidades de parte de jerarcas policiales. Esas conclusiones fueron enviadas a la fiscal.
Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a Fossati datos sobre los trámites de ciudadanías para rusos realizados por las oficinas consulares en varias partes del mundo.
A pedido de la fiscal, el BCU comunicó a bancos privados que la Justicia levantó el secreto bancario y que debían informar sobre las cuentas y movimientos de dinero de todos los implicados.
En tanto, el BPS envió datos sobre empresas privadas que podrían hacer figurar en sus planillas, en forma fraudulenta, a rusos para que estos puedan obtener el avecinamiento, una requisito esencial para tramitar papeles uruguayos.
Tan majestuoso caso, pese a que lleva solo dos meses de investigación, tiene muchas preguntas. Aquí enumeramos algunas respuestas:
1) ¿Cómo comenzó la investigación sobre falsificación de documentos para obtener la ciudadanía uruguaya por personas de nacionalidad rusa?
En 2017 un jerarca de la DNIC solicitó en forma insistente a la Comisión Técnica -unidad que determina las pautas técnicas de los documentos uruguayos- incrementar la seguridad de la operativa de la institución para neutralizar intentos de falsificación. El personal del organismo se abocó a revisar con especial atención las partidas presentadas por rusos. Así se detectaron irregulares y se decidió empezar a indagar quiénes eran los escribanos que habían tramitado los documentos.
2) ¿Qué Fiscalía empezó a investigar el caso?
En un principio, el caso fue investigado por el entonces fiscal de Flagrancia, Alejandro Machado. Empezó a trabajar en 2018 y en 2020 se decidió archivarlo por falta de pruebas.
3) ¿Por qué luego le tocó el expediente a la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno, cuya titular es la fiscal Fossati?
Una segunda investigación comenzó cuando, el 21 de septiembre de este año, la Dirección Nacional de Identificación Civil advirtió que un ciudadano ruso llamado Román K. pretendía obtener la ciudadanía natural uruguaya presentando documentación que a simple vista les pareció irregular a policías de esa repartición. Román K. fue detenido y formalizado por un delito de suposición de estado civil.
4) ¿Cómo, dónde y por qué fue detenido el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano?
El 25 de septiembre de este año, Astesiano fue detenido en la residencia oficial de Suárez y Reyes, poco después de aterrizar en Uruguay tras acompañar al presidente Luis Lacalle Pou en unos días de vacaciones en Costa Rica. Se sospechaba que formaba parte de la red por la cual se entregaba documentos ideológicamente falsos a rusos.
5) ¿De qué lo acusó la Justicia?
Dos días después de la detención, el juez Matías Porciúncula imputó a Astesiano por el delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias. Le aplicó 30 días de prisión preventiva. Luego se amplió este plazo y Astesiano cumplirá prisión preventiva hasta el 15 de marzo del año que viene.
6) ¿Cuál era el rol de Astesiano, del escribano Álvaro F. y del ruso Alexey S. en la red que se dedicaba a falsificar documentos uruguayos?
A juicio de la fiscal Fossati, Astesiano cumplía un rol de “facilitador” para obtener las ciudadanías uruguayas apócrifas. En tanto, el escribano Álvaro F. se ocupaba de elaborar los documentos y el gestor ruso Alexey S. acercaba a los clientes.
7) ¿Por qué la fiscal Fossati planteó al fiscal de Corte, Juan Gómez, dejar el caso?
Fossati le envió a Gómez un mensaje a través de Whatsapp solicitando dejar el caso porque sentía que no era respaldada por la jerarquía. Gómez le pidió que hiciera su planteo formalmente. Fossati le envió una carta con apreciaciones sobre el caso, pero no pidió el retiro del mismo porque había pasado el plazo para abstenerse (tres días). Gómez dijo públicamente que le dio todo el respaldo posible.
8) ¿La fiscal investiga si Astesiano tiene otros cómplices en organismos del Estado?
Sí. En audiencias que comenzarán el próximo martes, declararán funcionarios del gobierno y jerarcas policiales .
9) ¿Qué llevó a la Fiscalía a citar a declarar al secretario y al prosecretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés?
Ambos aparecen mencionados en chats de Astesiano con otros integrantes de la banda.
10) ¿El presidente de la República, Lacalle Pou, podría ser citado a la Fiscalía?
Es posible. La fiscal podría citarlo en carácter de testigo -al igual que Ferrés y Delgado- para preguntarle las potestades que tenía Astesiano como jefe de la custodia presidencial.
Funcionarios de Cancillería en la mira
El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una investigación interna donde se tomó declaraciones a cónsules que estuvieron en Rusia desde 2014, según supo El País.
En la indagatorias, se les preguntó por los trámites de otorgamiento de ciudadanías uruguayas a rusos y si algún gestor participó o no de ellos. Por otra parte, en distintos interrogatorios a indagados, la fiscal Gabriela Fossati inquirió: “¿Quién es el uno en el Ministerio de Relaciones Exteriores aludido en las conversaciones con los teléfonos incautados?”.
Los interrogatorios de la fiscal apuntaron a seis personas con vínculos de diferentes tipos en la Cancillería: dos poseen cargos diplomáticos, uno es empleado de una sede consular, un cuarto es un empresario y los dos restantes son particulares. En forma paralela, Fossati pidió informes a la Cancillería sobre las ciudadanías otorgadas a rusos en base a leyes que permiten a hijos y nietos de uruguayos obtener la nacionalidad del país. Un informe de la Dirección de Asuntos Consulares de Relaciones Exteriores respondió que los ciudadanos rusos que se presentaron a tramitar pasaportes desde 2014 a la fecha fueron 181. Y agregó que se tramitaron en Rusia 174 pasaportes, mientras que siete se oficiaron en consulados de Austria, México, Chile y Palestina .
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