Qué dice el fallo de Recarey que fue calificado por el gobierno como "disparate"

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El juez Alejandro Recarey resolvió este jueves suspender "inmediatamente" la inmunización de menores de 13 años, lo que derivó no solo en los festejos de antivacunas sino en la crítica desde el gobierno, que calificó el fallo como "disparate". El fallo, que el Ejecutivo apelará inmediatamente mientras no se brindan las dosis a niños de esa franja etaria, recorrió varios portales del mundo.

En conferencia de prensa, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó especialmente que en el escrito Recarey "dice que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron intereses económicos de farmacéuticas privadas. Para el gobierno y para el Uruguay entero esto es inadmisible", enfatizó.

"Como ciudadano y como padre, que una decisión de un juez suspenda una vacunación que es voluntaria nos preocupa enormemente", dijo Delgado y sostuvo que "no hubo plan de vacunación más preparado y más estudiado que el uruguayo, avalado por la ciencia". "El fallo del juez pone en riesgo la salud de muchos menores de edad y está cuestionando también el aval de la ciencia de Uruguay y del mundo", agregó.

En el escrito, de 21 páginas, Recarey remarca que la campaña de vacunación impugnada "es francamente ilegal e inconstitucional", dado que "viola los derechos humanos a la salud y a la información", ambos, derechos "de nivel constitucional".

Asimismo, sostuvo que este fallo no resulta en una "especie de vulneración de la separación de poderes o de indebida intromisión judicial en las políticas de salud". "No se pretende sustituir el accionar gubernamental en lo que este tenga de discrecional; sino, sencillamente, que se actúe con arreglo a derecho", escribió Recarey en su fallo.

Este punto también fue cuestionado por el gobierno. En la conferencia de prensa de este jueves, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, sostuvo que "cada poder del Estado tiene determinados cometidos atribuidos por la Constitución, que le son propios y de ahí que los poderes actúan en forma independiente". "La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del Poder Ejecutivo, y si bien vamos a acatar porque creemos en la justicia vamos a apelar inmediatamente porque estamos muy preocupados por las madres y padres que están angustiados por este disparate", dijo.

Por otra parte, Recarey solicitó a las autoridades a que "publiquen íntegros (...) todos los contratos de compra de estas vacunas" que, además, cuestionó. Y también  apuntó contra el gobierno y la consideración de que los acuerdos sean "confidenciales". "Respecto del contenido de las vacunas, el Estado reproduce la información que da la propia empresa Pfizer-BioNTech -que no ha respondido a la Justicia uruguaya, y que no tiene personal de nivel gerencial responsable ubicable en el suelo nacional-", sostuvo.

"No alcanza a comprenderse por qué razón no se dejó fuera de la 'confidencialidad' al listado de componentes de las sustancias en adquisición (...) además de cumplir con la legalidad y dar tranquilidad a quienes se vacunan, no entrañaría inconveniente a ninguna de las partes contractuales si, como afirman los demandados, ese listado y lo que obra en conocimiento público coinciden sin fisuras", manifestó.

Asimismo, en su fallo, Recarey sostuvo que el Estado "sigue negándose a mostrar ese dato, aún intimado" por el juzgado, lo que le "llama la atención". Esto, dijo, "prácticamente obliga al decisor judicial a requerir la mostración absoluta de los instrumentos contractuales", dado "el silencio acerca del contenido de las aludidas vacunas". "Se verifica una opacidad gubernamental que arroja un manto de sospecha tal, que hace insoslayable el imponer la exhibición completa de los contratos de compra", remarcó.

Valoró que de un lado de la balanza está el "derecho constitucional a la información" y del otro "no está el derecho a la salud de la población, sino que lo que pesa es el interés financiero de las empresas farmacéuticas privadas".

Recarey manifestó que si el gobierno "tenía la voluntad de ocultar el contenido de las vacunas (...) debió de haberla vehiculizado a través de una ley específica y democráticamente votada al efecto. Y ello no ocurrió". Al mismo tiempo, apuntó que "no puede" el gobierno recurrir a "simples contratos secretos con empresas multinacionales".

En tanto, dio un paso más y consideró que "el secretismo que se busca imponer a sus cláusulas", resultan "la abdicación de la soberanía jurídica del Estado uruguayo". Respecto a "lo que hace a las contrataciones uruguayas con multinacionales farmacéuticas", para la compra de vacunas anticovid, "el gobierno adquirente ha admitido presiones", dijo el juez.

Expresó que "la propia 'confidencialidad' es sintomática de la existencia de condiciones de indemnidad (posiblemente ilícitas)", al considerar que "no se oculta lo que bien puede resistir -jurídica y hasta moralmente- la luz de un análisis objetivo".

Por otro lado, Recarey manifestó que "según las declaraciones de los doctores Giachetto y Zunino, la vacuna de marras no completó todas las fases de control -estudios o ensayos en fase clínica- que le permitieran obtener una aprobación definitiva". Esto bajo el entendido de que "los estudios tuvieron un alcance más limitado que los comúnmente solicitados para una debida aprobación".

Por otra parte, valoró que "el no-vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes. Sólo ostenta un pensamiento diferente al de un gobierno concreto".

"Si en verdad podría resultar sanitariamente riesgoso un no-vacunado (en cuanto tal, se repite), se lo habría obligado a inocularse. Opción que ostensiblemente no se tomó. Incluso en medio de un notorio clima mediático de alarma", indicó Recarey.

El magistrado remató en su sentencia, previo al fallo, señalando: "Un juez no hace, no puede hacer, valoraciones científico-técnicas. Sólo 'dice' el derecho en un caso particular. Y en ese plano, justamente, lo que sí se afirma -y con énfasis- es que la vacunación debe hacerse dentro del marco de la legalidad. Tanto es ello así, que no se está prohibiendo la oferta vacunatoria".