Defensores públicos denuncian que no hay suficientes abogados de oficio para casos de violencia doméstica
En un comunicado reiteraron su solicitud de presupuesto para crear cargos y poder brindar acceso a la justicia a "los más vulnerables”.
La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) informó mediante un comunicado que no hay suficientes abogados de oficio para atender todos los casos que se les presentan. Según la asociación, la problemática afecta sobre todo en materia de familia especializada, que comprende la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres basada en género, la salud mental y los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes.
“No somos suficientes defensores para satisfacer las necesidades de los usuarios”, denunció el comunicado. “No tenemos recursos presupuestales que permitan mantener la estructura del servicio que va desde lo administrativo, lo edilicio y también lo salarial”, agregó.
En este sentido, Adepu manifestó que reclamaron varias veces la asignación de más presupuesto en las distintas comparecencias ante el Parlamento, siempre “sin éxito”.
"Esta realidad pone en jaque el eficaz acceso a la justicia y vulnera los
derechos de los justiciables más pobres, y por lo tanto el Estado de
Derecho, siendo el Estado Uruguayo responsable ante los organismos
internacionales", dice el comunicado.
En el texto recordaron que “la falta de recursos impide la prestación de una defensa pública de calidad, lo que se traduce en negación de acceso a la justicia de los más vulnerables”.
Explicaron que el reducido número de defensores hace que en muchas ocasiones deban elegir “a quien defender o asesorar”, lo que deja a en la mayoría de los casos a alguna parte “en indefensión”.
Por otra parte, Adepu señaló que la falta de recursos también afecta en gran medida a los acusados. Plantearon que en casos de violencia basada en género y violencia doméstica, “el último a quien se le asigna defensa es al denunciado”, puesto que las víctimas tienen prioridad.
Esto lleva a que los denunciados no sean asesorados “sobre el alcance de las medidas impuestas” o “las consecuencias de un incumplimiento”, lo que puede derivar en el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por la ley. Según el comunicado, el problema “trae aparejado la formalización y prisión de la persona”.
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