Estado deberá pagar más de US$ 3 millones a cableoperadora de Canelones

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El Estado deberá pagar $ 135.000.000 (unos US$ 3,3 millones) por daños y perjuicios a la cableoperadora Tele Cable, que trabaja en La Paz y Las Piedras (Canelones), por el funcionamiento de manera irregular de la compañía de cable Visión Canaria, informó el exdirector de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) Gustavo Gómez y confirmó a El País el actual director del organismo, Guzmán Acosta y Lara.

Visión Canaria (VAL SRL) obtuvo su licencia para prestar servicio de televisión para abonados en La Paz y Las Piedras en agosto del 2004. Sin embargo, cuando comenzó a funcionar en el territorio su licencia ya había caducado.

Tele Cable denunció esto en 2011 ante la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), "peticionándole que ejerciera sus potestades de fiscalización respecto de la empresa que, con licencia otorgada caduca, realizó el tendido de cables, publicitó sus servicios y ofreció diferentes paquetes de señales televisivas”, indica una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

"Ante la no respuesta de la Ursec a su solicitud de que se declarara la caducidad de la licencia”, Tele Cable recurrió a la vía judicial en el año 2013, señala el documento.

En noviembre de 2013 el Juzgado Letrado de primera instancia en lo Civil condenó al Estado al pago del daño emergente ocasionado a Tele Cable por la pérdida de abonados sufrida desde que VAL comenzó a prestar el servicio.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia.

Tele Cable también accionó de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la denegatoria ficta de la petición presentada ante la Ursec para que se declarara la caducidad de la licencia que le fue otorgada a VAL. Tele Cable también accionó la nulidad ante el Poder Ejecutivo. El TCA amparó ambas demandas en octubre del 2019.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería emitió una resolución en julio del 2022, firmada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que se decide revocar la licencia de telecomunicaciones a VAL.

La resolución de Presidencia apunta a que "tanto la sentencia del TCA referida como la obtenida en vía judicial, son contestas en que VAL fue omisa en desarrollar la conducta debida por mandato legal”. "No puede desconocerse la existencia de tres fallos del Poder Judicial y una sentencia del TCA que obligan a la Administración a ajustar su obrar a derecho revocar la licencia de VAL”, indica el documento.

Gómez señaló en su cuenta de Twitter que la revocación se da “luego de 2,5 años sin cumplir una sentencia del TCA que anuló su concesión” y que “la resolución del gobierno” es tardía.

Por su parte, Acosta y Lara dijo a El País que el “TCA falló en 2022, porque hubo una sentencia en el 2020, pero después hay un proceso de liquidación de sentencia en donde queda firme el acto”. “Hasta que el acto jurídicamente no queda totalmente firme, el Estado no toma la decisión de cumplirlo”, destacó. También dijo que la revocación no sucedió antes por trámites administrativos que deben hacerse dentro del Estado y por la pandemia.

Acosta y Lara también destacó que “este juicio es parte de la dilatación que tuvieron durante más de 10 años juicios realizados a la administración anterior”.

“Durante la administración de (José) Mujica y (Tabaré) Vázquez esto siguió creciendo sin que hubiera ninguna acción por parte del Estado para corregir este error, hasta que terminó hoy en una sentencia que heredamos claramente. No la generamos nosotros”, afirmó el director de Dinatel.

El dinero que el Estado deberá pagar es por “no haber hecho caer la licencia (en su momento), y fue lo que hicimos nosotros”, aseguró. “Lo que hizo este gobierno es cumplir con la sentencia del TCA”, añadió.

El gobierno también hará un llamado público para adjudicar nuevamente la licencia revocada a VAL, en el plazo máximo de 120 días. Acosta y Lara señaló que la Ursec ya está armando los pliegos.

Por 120 días, además, VAL podrá seguir operando. “Mientras está ocurriendo eso no se deja sin servicio a los clientes de VAL. Es algo que hay antecedentes de haber realizado eso para proteger al usuario”, indicó Acosta y Lara.

Gómez, por su parte, aseguró que esto “les permite a los mismos dueños mantener el negocio y cobrando por sus servicios” al menos por cuatro meses más. “Justito: el Mundial cae adentro”, apuntó.

Respecto al llamado público, el exdirector de Dinatel aseguró que “empresarios del sector estiman que como retienen sus abonados y ya tienen el cableado hecho, la licencia será para el mismo grupo (VAL), en forma directa o mediante testaferros”,

Consultado respecto a estas últimas declaraciones, Acosta y Lara dijo que son “conjeturas”. “Va a haber una licitación pública abierta, cumpliendo con todos los requisitos legales con audiencia pública como tiene que ser”, sostuvo.