Condenan a funcionaria que se giraba dinero de la Comisión de Patrimonio a ella y un amigo

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El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno condenó a una funcionaria de la Comisión de Patrimonio, que había sido denunciada por esta administración, por un delito continuado de fraude en calidad de autora penalmente responsable, y la condenó a 22 meses de prisión y a pagar una multa de 50 Unidades Reajustables (equivalentes a unos $ 75.000).

La fiscalía y la acusada llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, que también impuso que la indagada debía abonar US$ 50.000, lo que obraría como “una reparación parcial” al daño que ha hecho, señalaron fuentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a El País.

Esos US$ 50.000 ya fueron pagos, pero además se embargó a la funcionaria por $ 10.887.286 por un lapso de 60 días, o sea hasta el inicio de acciones civiles de reparación que también llevará a cabo la cartera. La trabajadora aún no fue destituida.

El MEC había detectado el 29 de abril de este año hechos de apariencia delictiva en cuanto al uso de las cuentas bancarias de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) durante la última administración del Frente Amplio. Tras esto realizó una denuncia policial, en su momento consignada por El País, y además a inicios de mayo llevó adelante un sumario administrativo, con suspensión preventiva de funciones y retención de sueldos, a la trabajadora en cuestión.

Lo que la secretaría constató tras estas actuaciones fue que la sumariada había utilizado, desde 2016, usuarios y contraseñas bancarias del ex director general del CPCN y del excontador de la unidad, que hoy está jubilado. Lo había hecho con la finalidad de realizar transferencias a su cuenta personal o a cuentas de terceras personas vinculadas a ella.

Según la información a la que pudo acceder El País, la mujer giró fondos de la comisión a su madre, a un amigo y a los abuelos de un amigo.

Aunque fue condenada a prisión, esta pena fue sustituida por un régimen de libertad a prueba, imponiéndose las medidas de prisión domiciliaria en un régimen de 24 horas diarias durante ocho meses, teniendo solo autorización para la realización de tratamientos médicos y para trabajar diariamente. Deberá realizar servicios comunitarios por cuatro meses. La mujer será vigilada por la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) y deberá presentarse en una seccional de Policía cada dos meses.

En mayo pasado la cartera informó a través de un comunicado que “había sido detectada una situación de presunto manejo irregular de fondos” en la comisión por parte de una trabajadora y que los hechos habían sido denunciados a la Justicia. Días después, según informó El País, el MEC presentó más pruebas que involucrarían a otro funcionario y señaló que este había dicho que el arquitecto Nelson Inda, exdirector de Patrimonio, había firmado cheques por “cientos de miles de pesos” incluso luego de dejar el cargo.

La secretaría había recibido en ese momento resúmenes de una cuenta del Banco República de los que se desprendía que luego del dos de marzo de 2020 -un día después de la asunción del presidente Luis Lacalle Pou y cuando el ministro Pablo Da Silveira designó a Willy Rey como nuevo director de Patrimonio- Inda siguió firmando cheques provenientes de la comisión. Lo habría hecho, según la información que manejaba la cartera, durante los meses de marzo y abril.

Eran cheques al portador y las cifras eran redondas, algo que llamó la atención en el MEC puesto que es difícil que pase esto con las compras que se suelen hacer a los proveedores.

También según lo cotejado con información brindada por el Banco República al MEC, la cantidad de dinero faltante en Patrimonio desde el año 2018 a 2020 sumaría una cifra cercana a los $ 10 millones. No se revisó el período 2016 - 2017 porque debido un cambio a nivel informático esta información se habría perdido.

En su momento Inda señaló a El País: “Estoy a disposición de las autoridades. Que se investigue. Yo me enteré por la prensa que hay un faltante de dinero. No me puedo explicar cuando es una operación casi aritmética. El dinero del presupuesto se gasta de acuerdo a comprobantes y te tiene que dar la misma cifra”. Y agregó: “Es raro eso de los cheques. Me retiré el 1° de marzo y no fui más por la comisión, nunca más. No sé. Me supongo que me llamarán y ahí veré el cheque. No puedo explicarlo. Pero no tengo nada que ocultar. Estoy jubilado”.

Las fuentes de la cartera consultadas por El País señalaron que en el caso de Inda todavía la Justicia no llegó a una conclusión sobre lo sucedido, pese a que determinó que la funcionaria sumariada usaba su contraseña. Y aclararon: “El caso no se ha cerrado por cuanto es posible que haya otros indagados debido a la constatación de la existencia de cheques firmados por el exdirector y otro funcionario”, que fue el que apuntó contra Inda.