Caso Defensor: fiscal cita a expresidente por denuncia de estafa y falsificación de documentos
El club se encuentra en el centro de una denuncia que es investigada por la Fiscalía desde hace más de tres años.
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El fiscal especializado en Delitos Económicos de 2° Turno, Ricardo Lackner, citó a declarar el martes 20 de diciembre, en calidad de indagados, al expresidente del Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka, y al secretario General de la institución, Mario San Cristóbal. Así lo señaló a El País uno de los abogados del club violeta, Santiago Alonso.
“Defensor Sporting y tras casi tres años y medio de investigación, se encuentra expectante de lo que resulte de las declaraciones que brindarán en los próximos días (20 de diciembre) los imputados en sede de Fiscalía”, dijo Alonso. Y agregó: “El club, en su rol de denunciante, continuará brindando a la Justicia todos los elementos necesarios que estén a su alcance a los efectos de poder arribar a la verdad material de los hechos oportunamente denunciados”.
El escrito elevado al fiscal Lackner fue firmado por el presidente y secretario del Defensor Sporting Club, Luis Castillo y Alberto Ward Pierri. Fue elaborada por Alonso y por el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez.
Alonso espera que, luego de las citaciones de los exdirectivos, se logre formalizar la investigación por las eventuales conductas delictivas que puedan haberse cometido. “Fue por ello además que en su momento se denunció y siempre se sostuvo que se denunciaban hechos y no personas, ya que ello es de resorte exclusivo de la Fiscalía”, sostuvo el abogado penalista.
La denuncia penal presentada por la actual directiva contra su antecesora pide al fiscal que investigue presuntos delitos de estafa, ya que se suscribieron contratos con fechas que no serían las reales; se cedieron porcentajes de jugadores sin ningún tipo de contraprestación y se ocultaron ingresos de obligados alimentarios impidiéndose el cumplimiento de la obligación alimentaria tal como lo establece el artículo 61 de la Ley 17.823. Este artículo refiere a la exigencia de algunos futbolistas de cumplir con sus obligaciones alimenticias para sus hijos.
La denuncia penal dice que “no se trató de un simple engaño” de parte de los imputados, sino que “se premeditó” la maniobra a los efectos de causar un “resultado ilegítimo” en contra de un acreedor alimentario, así como de “provocar un daño económico” al club en beneficio de terceros.
Advierte que, de acreditarse que se realizaron depósitos en una cuenta personal del exgerente del club cuando esas sumas tenían como finalidad el pago de intereses respecto a préstamos contraídos por el club, configurarían la conducta de la apropiación indebida.
El escrito de Alonso y de Fagúndez pide al fiscal Lackner que también investigue un eventual delito de falsificación de documento privado por exdirectivos del club.
El 30 de marzo de 2019, asumió Castillo y el resto de la nueva directiva de la institución deportiva.
Ante la llegada de las nuevas autoridades se resolvió, por unanimidad de la Comisión Directiva, la contratación de la empresa Price Waterhouse Coopers (PWC) para que realice una consultoría externa con el objetivo de mejorar los procesos institucionales y de auditar los estados contables del club, entre otros cometidos.
Asimismo, la Comisión Directiva del club encomendó a la “Comisión Legal”, integrada por abogados y un contador público, que realice una investigación administrativa sobre los documentos que se encontraban hasta ese entonces en la institución.
Despido
En virtud de las diversas irregularidades administrativas halladas en ese momento, así como a los informes primarios que se iban poniendo en conocimiento por parte de la consultora PWC al asesor contable del club, contador Ricardo Lombardo, se resolvió el despido por la causal de “notoria mala conducta” del entonces gerente general del club, señala el escrito presentado al fiscal Lackner.
El escrito menciona el “Caso Maximiliano Gómez”. En 2017, Defensor Sporting vendió al jugador Maximiliano Gómez al Real Club Celta de Vigo por 4.3 millones de euros. La denuncia señala que 15 días después de realizada la transferencia del futbolista, el contratista y exjugador, Marcelo Tejera, reclamó la realización de un nuevo convenio de pago en el que se establecía que la comisión pasaría del 20% al 35% neto.
Y agrega que el club terminó abonando a Tejera la suma de € 1.5 millones de euros, lo que equivalió al 34,8% de la transferencia bruta, y provocó una “perdida económica” a la institución que alcanzó la suma de € 812.000 euros, sin que ello fuera resuelto por la Comisión Directiva del club.
Otro capítulo de la denuncia se titula “Caso préstamos”. Señala que la anterior directiva apeló a la solicitud de fondos provenientes de prestamistas por el “agotamiento” de fuentes financieras genuinas.
Según la contabilidad del club, se solicitaron dos préstamos: uno por US$ 400.000 y otro por US$ 120.000 a una tasa “exhorbitante” del 3% mensual en dólares americanos.
Los intereses por dichos préstamos se abonaban mediante el libramiento de tres cheques mensuales, comunes y al portador.
“Según información proporcionada por el BBVA (banco de plaza donde actualmente Defensor Sporting tiene sus cuentas bancarias) algunos de los cheques fueron cobrados en ventanillas por funcionarios de la institución”, dice la denuncia en alusión a que esos trabajadores estaban vinculados a los supuestos prestamistas que habrían relacionados al club.
La denuncia presentada al fiscal Lackner también relata casos de supuestas falsificaciones de documentos.
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