Caso Astesiano: rusos tramitaban credencial para abrir cuentas

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Las ramificaciones que alcanzó la maniobra realizada por la organización que integraba el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano alcanzaron varios organismos del Estado.

Es que luego de lograr “introducir” la partida de nacimiento falsa de ciudadanos rusos donde acreditaban ser hijos o nietos de uruguayos en la sección de extranjeros en el Registro Civil, ya contaban con “el documento madre” para poder realizar cualquier trámite en el país. Y que esos documentos uruguayos fueran verdaderos.

Así, varios de los casos que analiza la fiscal Gabriela Fossati, incluyen trámites realizados ante la Corte Electoral donde los ciudadanos rusos tramitaron la credencial cívica.

Fuentes del caso dijeron a El País que se trabaja en una línea de investigación que vincula la maniobra de los rusos con el lavado de activos y explicaron que se indaga si el hecho de buscar acceder a la credencial cívica uruguaya está relacionado con exigencias de bancos para abrir cuentas y de escribanos para la compra y venta de propiedades.

Esto implica que en decenas de casos la actitud de los rusos que pretendían conseguir documentación uruguaya no lo hacían exclusivamente para adquirir el pasaporte y dejar el país sino que buscaban instalarse.

Para acceder a la credencial cívica los ciudadanos rusos, que ya contaban con cédula y pasaporte uruguayo, realizaron el trámite amparándose en la ley 16.021 que interpreta el artículo 74 de la Constitución. Allí se exige que para obtener el documento cumplan con al menos dos de seis literales.

Entre ellos está el permanecer en el país por un período de al menos tres meses, “el arrendamiento o la promesa de adquirir o la adquisición de una finca para habitar en ella”, la instalación de un comercio o industria, el contar con un empleo en la actividad privada o pública, el inscribirse y concurrir a algún tipo de estudio ya sea privado o público por un lapso de dos meses y “cualquier otro acto similar demostrativo del propósito”.

De acuerdo a las fuentes consultadas, varios de los ciudadanos rusos que tramitaron la credencial cívica poseían o intentaron abrir cuentas bancarias en distintas entidades financieras en el país. Incluso, en varios casos se constató que querían obtener la cédula uruguaya con el mismo fin.

También a nivel judicial hay información de casos en los que existen rusos con cuentas bancarias abiertas en bancos uruguayos y también mexicanos.

Esto lleva a considerar la hipótesis a nivel de la investigación de que los clientes que llegaban a la organización integrada por Astesiano, pretendían radicarse en el país y poder manejar dinero desde Uruguay.

La Corte Electoral es uno de los seis organismos del Estado que la fiscal Fossati tiene en la mira. El País informó ayer que, de acuerdo a lo que Fossati le transmitió al juez Marcelo Souto en la audiencia del viernes 14, que solicitó informes a Cancillería, Identificación Civil, el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y la Corte Electoral.

Fossati afirmó en el Juzgado que obtuvo nombres de funcionarios públicos, los que surgieron de los “pocos mensajes” que se pudieron recuperar del teléfono del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano. “No se brindan (esos nombres en la audiencia) porque son autoridades públicas y se quiere tener más elementos de certeza”, expresó la fiscal.

Por su parte, ayer Fossati continuó con las declaraciones. Dos jerarcas del Ministerio del Interior fueron citados en calidad de indagados, informó El Observador. Hoy está previsto que lo vuelva a hacer Astesiano (ver aparte).

Desde filas oficialistas así como desde la oposición hubo distintos pronunciamientos vinculados al caso Astesiano.

El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, dijo que fue “un error grave” del presidente Luis Lacalle Pou. Aunque aclaró, en diálogo con Radio Carve: “Quiero decir también que todos cometemos errores y no por eso hay que tampoco horrorizarse”.

Por su parte, desde el Frente Amplio se resolvió que se acudirá a la vía legal para obtener información vinculada al caso Astesiano, informó ayer Subrayado, ya que entienden que las respuestas brindadas por las autoridades ante el Parlamento días atrás no fueron suficientes.

A nivel de opinión pública, días atrás la consultora Equipos reveló una encuesta donde se mide el impacto que generó el caso Astesiano en la aprobación del presidente Luis Lacalle Pou. Pese al impacto, la aprobación fue de 49%, dos puntos porcentuales más que la anterior medición. Otro 32% la desaprueba y un 19% ni una ni otra.

La fiscal Gabriela Fossati pedirá hoy en una audiencia al juez de 38° Turno, Alejandro Asteggiante Blanco, la prórroga de la prisión preventiva para el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Hace un mes, Astesiano fue imputado por los delitos de suposición de estado civil (falsificación de documentos) y asociación para delinquir. La fiscal considera que la organización que integra Astesiano falsificó miles de expedientes con el fin de otorgar la ciudadanía uruguaya a rusos. Para ello, la banda se valía de adulteraciones de partidas de nacimiento de los rusos donde se les agregaba el nombre de un supuesto padre o abuelo natural uruguayo. La maniobra con los documentos la realizaba el escribano Álvaro Fernández y su pareja, Patricia M., según la Fiscalía. Patricia m. fue formalizada el viernes 14. Hoy se prorrogará la prisión preventiva para el escribano Álvaro F. y para el ruso Alexey S., quien se encargaba de conseguir clientes para la banda.

En una audiencia realizada el viernes 14, la fiscal Fossati dijo al juez Marcelo Souto que dedicaba 18 horas por día a leer documentación proporcionada por la Policía y agregó que recién había analizado el 0,5% de la información.