Banco Central investiga cuentas de cuatro imputados por caso Astesiano
Justicia pidió que se investigue movimientos de dinero y existencia de cofres fort del excustodio presidencial, del escribano y de otras dos personas.
A instancias de la jueza penal María Noel Tonarelli, el Banco Central del Uruguay (BCU) solicitó a todas las instituciones financieras del país que informen sobre la “existencia de cuentas bancarias o cofres fort” arrendados por el excustodia presidencial, Alejandro Astesiano, el escribano Álvaro F., el gestor ruso Alexey S. y la extranjera Ana B.
De esa forma, la magistrada hizo lugar a un pedido realizado por la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati y la fiscal adjunta, Gloria Nicolini, sobre los movimientos de dinero de los imputados. En el expediente consta que la organización cobraba por lo menos US$ 10.000 por cada ciudadanía tramitada en forma fraudulenta en Uruguay y en consulados uruguayos en Rusia.
El oficio de la jueza Tonarelli, fechado el 29 de septiembre pasado, explicó al Banco Central que la Justicia “releva expresamente” del secreto bancario a las instituciones financieras por tratarse de un “asunto de índole penal”. Al final del documento figura la firma de la magistrada, según consta en el expediente del caso.
El 3 de octubre de este año, el Banco Central cumplió con la orden de la jueza Tonarelli. Con un logo de “Urgente”, la institución estatal envió una misiva a todos los bancos radicados en Uruguay para que comunicaran a la sede de Tonarelli sobre las cuentas bancarias de Astesiano, el escribano Álvaro F. el gestor ruso Alexey S., y la ciudadana extranjera, Ana B.
La carta sostiene que, en atención a lo establecido por el Poder Judicial, el Banco Central informa a las instituciones financieras sobre los oficios y cedulones recibidos relacionados con el expediente que investiga la falsificación de partidas de nacimientos rusas. Con esas partidas apócrifas, ciudadanos rusos podían obtener la ciudadanía y pasaporte uruguayo.
Según la carta del BCU a los bancos, fueron emitidos dos oficios -uno realizado por el Juzgado Penal de 33° Turno y otro por el Juzgado de Familia de 13° Turno- solicitando datos financieros.
“Es responsabilidad de cada institución evaluar la procedencia de aplicar las medidas dispuestas por el juez en cada caso”, advirtió el BCU en su carta a los bancos.
Y concluyó señalando que toda información disponible o respuesta que el banco entienda ameritaría proporcionar, deberá ser dirigida directamente a la sede judicial que requirió la información.
Medidas
El expediente del caso revela que efectivos de la Dirección de Identificación Civil detectaron a la organización de falsificadores en 2019 aunque hay registros que hacen sospechar que operaría desde 2014.
La gran cantidad de casos de ciudadanos rusos presentando partidas de nacimiento con padres naturales uruguayos levantó sospechas de jerarcas de esa repartición policial. Al verse detectada, la banda gestionó ciudadanías para rusos en el interior del país y, al aumentar los controles, continuó con los trámites en consulados uruguayos en Rusia.
Para ello, la organización utilizaba nombres de uruguayos fallecidos o de personas con apellidos caucásicos, sin familia, que habían vivido en la colonia rusa de San Javier, Río Negro.
Según consta en el expediente, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial -encargada de investigar el caso a las órdenes de la fiscal Fossati- envió el 21 de enero de este año un oficio a la directora General de Registro Civil, Adriana Martínez. En el documento, los investigadores policiales solicitaron información consultando si cinco personas se encuentran fallecidas. Y en caso afirmativo, que el organismo informara las fechas de defunciones. El oficio de la Dirección de Inteligencia Policial refiere a Pedro Terron, Igor Miguel Perini, Anatolio Quiroga Arellano, Jorge Emilio Mautoneluisi y Víctor de los Santos Pintos.
Los investigadores policiales también pidieron a la directora del Registro Cvil que les informara cuál es el mecanismo de realización de Actas de Nacimiento Extranjero para el reconocimiento de uno de los progenitores de un hijo en el exterior. Y preguntaron si para su realización es necesaria la presencia de quien admite el reconocimiento o si puede ser por medio de un tercero.
En poder delegarse, señala el oficio de Inteligencia Policial, es de “suma relevancia” conocer qué documentación debe presentar una tercera persona para efectuar el trámite y si el organismo posee algún registro de esa instancia.
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