Antel Arena: Gurméndez declaró y recalcó que no se tuvo "el debido cuidado con los dineros públicos"

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El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, concurrió este viernes a Fiscalía en calidad de testigo, para hablar de “los temas vinculados a la investigación que está llevando adelante el fiscal (especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez) en torno a las irregularidades del Antel Arena”, indicó el jerarca.

Gurméndez había presentado la denuncia por irregularidades en la construcción del edificio tiempo atrás, y uno de sus ejes expresa que la administración pasada del ente realizó las obras sin llamar a licitación, escudándose en que se encontraba bajo un régimen de competencia en el mercado de celulares.

Consultado sobre si tuvo que presentar alguna prueba en su comparecencia de este viernes, el presidente de Antel indicó: "Simplemente mi testimonio frente a las preguntas que me realizaron el fiscal y los abogados presentes".

“Se ratificó las cosas que hemos expresado en ámbitos públicos, en la prensa o en el propio Parlamento referido a esta denuncia penal. Resulta evidente que nosotros nos hemos expresado, aquí ha habido un obrar sistemático fuera de los cometidos legales de Antel por autoridades que entendemos no tuvieron el debido cuidado con los dineros públicos, que nos costó a los uruguayos el orden de los US$ 120 millones, con una cantidad de perjuicios económicos que se podrían haber anticipado y pérdidas”, aseguró.

“Como se sabe, todo este proceso se hizo bajo un manto de absoluta confidencialidad y reserva, lo que le dio poca cristalinidad y transparencia a los procesos, donde se ignoraron todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, que observó absolutamente todos los actos, no se respondió a las preguntas de los legisladores, se obvió el contralor parlamentario, no se hizo respuesta a lo que establecían ciudadanos y periodistas en la ley de acceso da la información pública, y además se fue por un camino de adjudicaciones directas sin licitación, que se transformó en la excepción en la norma, en expedientes que están incompletos, donde no existen trazas de las decisiones ni motivaciones de las fundamentaciones. Notoriamente, ha habido perjuicio para la administración, lo consignó así una auditoría externa (y) lo determinó la Junta Anticorrupción”, apuntó.

También defendió la validez de la auditoría realizada. “La auditoría fue seleccionada mediante un procedimiento de licitación pública, que cumplió con todas las garantías y procedimientos de publicidad que exige el Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). Fue llevada adelante por los servicios profesionales de Antel, se presentaron siete oferentes -es decir, fue la más amplia competencia- se establecían condiciones de precalificación en cuanto a la antigüedad, la calificación técnica y los antecedentes de la auditoría propiamente dicha”, afirmó. Además, dijo que "lo que no se cuestiona de ninguna manera son los hallazgos".

"Igual que teníamos la obligación de presentar esta denuncia ante la Fiscalía -porque los funcionarios públicos estamos obligados cuando constatamos algún hecho de apariencia irregular y delictiva a proceder de esa manera-, tenemos la obligación de suministrar todas las pruebas, elementos y testimonios que el fiscal nos solicite, o el juez eventualmente”, expresó el presidente de Antel.