La acción de amparo, un recurso poco usado en Uruguay

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La semana pasada, Uruguay estuvo en el centro de medios internacionales por la decisión del juez Alejandro Recarey de suspender la vacunación contra el covid-19 para los menores de 13 años. El magistrado también falló a favor de dos mujeres que demandaron al Estado uruguayo por obligarlas a realizarse un hisopado para ingresar al país. En ambos casos, el juez tomó la decisión tras hacer lugar a dos acciones de amparo presentadas ante el gobierno, una rareza en el país.

Las acciones de amparo no son herramientas jurídicas muy utilizadas. Los primeros casos datan de 1984 y la Ley que regula la acción de amparo (16.011) se promulgó en 1988.

Sin embargo, según explicó el abogado Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía de Udelar, su uso más “masivo” comenzó a verse luego de 2012. “Me recibí en 1997 y hasta el 2012 hice una sola acción de amparo. Era algo muy extraño, muy poco usado por los abogados por lo restrictivo de los jueces. En los primeros años se rechazaban casi todos. En 2012 eran unos 20, pero de ahí en más, tras ganarse un recurso de amparo por medicamento al Fondo Nacional de Recursos (FNR), comenzaron a crecer en ese tema. En 2015 hicimos 200 y hoy hacemos más 400. En 2021 se presentaron unos 1.000 ante el FNR y se ganaron el 97,3%”, dijo.

Este incremento responde en parte a que en el ámbito internacional se ha generado conciencia sobre derechos humanos económicos, sociales y culturales, además de los civiles y políticos, dijo Ceretta.

Pero salvo los amparos presentados ante el FNR, en otras áreas los porcentajes muestran otra realidad. “En el resto solo un 5% tiene sentencia favorable”, acotó Martín Risso Ferrand, socio del Estudio Risso Ferrand y profesor de Derecho Constitucional e investigador de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay. “El amparo se aplica para lograr la suspensión de un acto administrativo que afecte un derecho humano. Se caracteriza por ser una acción de protección rápida, sencilla y eficaz frente a una lesión actual o inminente muy grave que no puede esperar un año o más”, dijo.

En general, el plazo máximo para tener una resolución es de 10 días, por ello se utiliza para casos en los que es necesario tener una resolución inmediata.

Risso explicó que se han utilizado por vivienda, por clausura de un local comercial o incluso por ocupación de una empresa, pero alertó que en Uruguay los abogados “saben que los criterios de los jueces son muy restrictivos en materia de amparo y muchas veces no lo usan, lo cual es muy malo para la protección de los derechos humanos”.

A entender de Risso, esto conforma una situación “curiosa” en Uruguay frente a América Latina. “Es el país con mayores estándares de protección de derechos humanos pero es donde la principal garantía judicial de estos derechos, el recurso de amparo, funciona peor. Es donde menos se usa y donde menos sentencias favorables hay”, alertó el experto.

Para Risso, esto se debe a tres factores “acumulativos”. “Primero porque Uruguay cuenta con estándares de protección de derechos humanos superiores a los de otros países y por lo tanto hay menos necesidad de recurrir al amparo. El segundo es por los criterios restrictivos de los jueces que desmotivan a los abogados a presentar acciones de amparo. Y el tercero es por desconocimiento de la población de esta herramienta”. Ceretta, agrega la falta de acceso a los abogados por parte de población.

Además, a entender de Risso, los últimos casos también atentan contra la herramienta. “Comienza a tener mala prensa y eso es muy grave. Queda como que se usa para cualquier cosa y puede impactar en que se rechacen los que realmente se tienen que resolver a favor”, opinó.