UTU pidió “salvavidas” de casi $ 500 millones

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El miércoles pasado, el Consejo Directivo Central de la ANEP tuvo que tirarle un salvavidas a la UTU: dispuso la trasposición de $327.715.295. Dos semanas antes, había tenido que inyectarle otros $100 millones. Y pese a que los consejeros se niegan a hablar de “déficit”, porque lo que hay es una “reasignación de los recursos”, lo cierto es que las escuelas técnicas acabaron el año con números rojos.

Pero gracias a que hay docentes que faltan sin justificación, y por tanto la Administración les retiene parte del sueldo, la ANEP cuenta con cierto dinero para paliar la situación y no recurrir a la caja del Estado.

Sucede que la ANEP cuenta con una reserva que se genera por las faltas injustificadas de los docentes: el fondo de inasistencias.

Se trata de una caja que había creado la administración de Germán Rama en la década de 1990 y que estaba pensada para inversiones puntuales: compra de libros, una capacitación o incluso premios para los mejores maestros y profesores.

Ese fondo de inasistencias se suele inflar los años de mayor conflictividad. En 2015, cuando se votó el Presupuesto quinquenal y hubo diferendos por la esencialidad, la ANEP llegó a acumular en esa caja $703.126.000. En los años siguientes, en cambio, se situó cercano a los $500.000.000.

La ley impedía que ese fondo de inasistencias fuera usado para gastos permanentes, como el pago de salarios. Pero hace dos rendiciones de cuentas, los legisladores modificaron el texto para cubrir las necesidades que el Ejecutivo no otorga.

El primer pedido que la UTU le había hecho al Codicen era para crear dos nuevos Centros Educativos Asociados (CEA) y la ampliación de otros. La segunda solicitud, ese de monto mayor, era para el pago de salarios, horas extra, nocturnidad y otros gastos permanentes.

Dicho de otro modo: la UTU le pidió un refuerzo presupuestal al Codicen que se “chupa” casi la totalidad del fondo de inasistencias. Eso dejará a la ANEP en una situación “delicada” de cara a la proyección presupuestal que empezará a regir en 2021.

Porque, en la práctica, UTU le está solicitando al Codicen un dinero para cubrir necesidades que no fueron planificadas como tal.

Si los docentes no hubiesen faltado sin justificación (por ejemplo, si la protesta sindical fuese yendo a clase y cubriendo las horas extra), el fondo de inasistencias no alcanzaría para cubrir las necesidades y ANEP tendría que golpearle la puerta al Ministerio de Economía.

Quienes comandarán la educación durante el próximo gobierno ven con “preocupación” estos números de la ANEP. Según los balances que recibieron en mano las futuras autoridades -en el marco del proceso de transición-, “todos los desconcentrados UTU, Secundaria y Formación Docente están con problemas financieros”. La excepción sería Primaria y el propio Codicen.

Ni la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ni el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, han tenido acceso a los números fríos de la educación pública. Pero, según fuentes de la educación del gobierno electo, “es de esperar que el asunto se discuta cuanto antes”.

El Poder Ejecutivo tiene que enviar al Parlamento, antes del último día de junio, su proyecto de ley de Presupuesto para el quinquenio.

Esta vez el texto es de particular importancia para la enseñanza: por un lado, aún no se ha alcanzado el reclamo de los sindicatos de contar con el 6% del PIB para la educación; por otro, el déficit fiscal es de 4,8% y el gobierno electo hará ajustes (aunque en mayo el presidente electo, Luis Lacalle Pou, había aclarado que no habría recortes en salud, seguridad ni educación).

El Mirador Educativo que elabora el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) muestra que entre 2004 y 2018, “considerando la capacidad económica del país, el sector público aumentó los recursos que dirige a la educación”.

Según el análisis de los economistas del Instituto, “se produjo un aumento relevante entre 2004 y 2012 aunque el incremento global fue el más considerable”. Al observar los extremos de la serie, el gasto público en educación creció casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, representando en, 2018, 5,1% del PIB.