Funcionaria de Udelar apostaba desde el teléfono institucional y fue sancionada

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) resolvió sancionar a una funcionaria de la Facultad de Ciencias, en su última sesión del pasado martes, por una “grave falta” que tuvo durante el horario laboral. La mujer, que trabaja en el sector de vigilancia de la facultad, utilizaba el teléfono de la sede para llamar a La Banca, que ofrece apostar en los juegos del 5 de Oro, Quiniela y e-Raspadita (entre otros) usando el saldo del teléfono. Fue así que la guardia de seguridad gastó un total de $ 6.000 del teléfono de la institución, según la resolución a la que accedió El País.

El Consejo de la Facultad de Ciencias resolvió sancionarla con tres meses de suspensión sin goce de sueldo el 6 de diciembre de 2021, pero la funcionaria interpuso recursos de revocación y jerárquicos, que implica que el CDC -como órgano de máxima jerarquía- analice el caso y revea la resolución. Por tanto, la decisión final fue tomada el martes pasado.

El órgano compuesto por todos los decanos y liderado por el rector, Rodrigo Arim, indicó que las pruebas “documentales” contra la guardia de vigilancia fueron “claras y certeras”, lo que confirmó “la autoría de la grave falta incurrida en el ejercicio de la función”.

La mujer llamó a La Banca en “reiteradas oportunidades”, incluso luego de que la descubrieran y le avisaran al Intendente del Servicio, el encargado del funcionamiento logístico de la facultad, la mujer continuó usando el teléfono de la facultad para jugar.

La funcionaria también le ocultó información a su superior sobre el destino de las llamadas y la cantidad de veces que se había comunicado con la empresa de apuestas, según detalla la resolución que publicó el CDC.

“Los episodios denunciados comportan una especial connotación y gravedad, no solo por el perjuicio económico ocasionado al Servicio, sino por afectar notoriamente la función que la (guardia de vigilancia) estaba llamada a cumplir”, determina la sanción. La mujer, como guardia de seguridad, debería haber estado atenta a las cámaras, monitores y personas que entraban y salían de la sede de Udelar.

Sin embargo, por medio de los dos recursos que se interpusieron, la guardia de vigilancia manifestó que “los daños a su persona y su familia han sido gravísimos con una sanción que no resulta proporcional a la conducta que se le imputa”. Y, en este sentido, indicó que no se aplicaron los principios que deben tomarse en cuenta a la hora de imponer una sanción por parte de la Administración: razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.

La sancionada argumentó que hubo “atenuantes” que a su juicio deberían haberse tenido en cuenta en el momento de determinar cuál iba a ser su castigo, que son el hecho de que haya reconocido su falta de conducta desde un primer momento, que se mostró arrepentida sobre su accionar en la declaración que emitió y que se quiso hacer cargo del costo de las llamadas, que fue de un total de $ 6.000.

En respuesta a estos reparos, el CDC señaló que la sanción que se le impuso “no se exhibe desproporcionada a la falta cometida” por la encargada de vigilancia y, a su vez, rechazó “el agravio” vinculado a que no se aplicaron los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad. El órgano determinó que no se vulneraron ninguno de estos principios. Además, se mencionó que la funcionaria ya tenía un antecedente negativo en su legajo por el que fue suspendida durante cinco días en 2019.

Fue así que el rector y los decanos decidieron no hacer lugar al recurso de revocación interpuesto por la empleada y, por lo tanto, se mantuvo firme la sanción de tres meses de suspensión sin goce de sueldo.

El CDC argumentó que es “la obligación de la Administración asegurar el correcto funcionamiento de los servicios a su cargo” y esto “conlleva la potestad de exigir a sus funcionarios el cumplimiento estricto de sus deberes y eventualmente de sancionarlos”. “La consecuencia lógica es la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad disciplinaria”, determinó.

A su vez, afirmó que “existiendo la falta, la sanción es en principio legítima” y “se encuentra dentro de las que puede imponer la Administración”, según puntualiza la resolución. Añadió que “no se advierte que la sanción constituya una desproporción” teniendo en cuenta lo que cometió la funcionaria y cómo puso en juego su labor como guardia de seguridad.

El órgano de la Udelar tuvo que notificar a la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre la situación de la empleada y esta oficina aconsejó la destitución de la guardia de seguridad, pero la universidad optó por una suspensión limitada.